¿Mínimo para quién?

Aproximadamente 2,4 millones de trabajadores colombianos reciben un ingreso igual al salario mínimo legal vigente (SMLV), lo que equivale a cerca del 10 % de la población ocupada en el país. Durante este periodo, el total de personas ocupadas rondó los 23,7 millones. Una proporción significativa —casi el 48 % (unos 11,4 millones)— gana menos del mínimo, lo que evidencia una profunda precariedad laboral y alta informalidad. El resto, alrededor del 42 %, percibe más de un salario mínimo.

Bajo este panorama, el aumento del SMLV en Colombia no debe ser arbitrario: depende de la inflación, la productividad, la negociación social y la salud de la economía, con miras a proteger al trabajador sin generar un choque negativo para el empleo o los precios. En nuestro país, el salario mínimo no solo afecta a quienes lo ganan; funciona como una referencia estructural para valores del Estado, del mercado y de la vida cotidiana. Cuando sube, el impacto es sistémico: aumenta costos, ajusta tarifas, impacta precios y modifica subsidios.

Del salario mínimo dependen, por ejemplo, el auxilio de transporte, las multas y los comparendos. Al ser la base mínima de cotización, su incremento eleva automáticamente los aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y cajas de compensación. Esto afecta por igual a empleados, independientes y empresas. Incluso trámites notariales, judiciales y matrículas en instituciones educativas privadas suelen estar atados a esta cifra o a la inflación que esta genera. Este Gobierno, a fuerza de repetir mentiras, termina haciéndole creer a la gente que un salario mínimo desmedidamente alto es posible sin afectar la vida de todos los colombianos. Es paradójico: de un salario que solo devenga el 10 % de la fuerza laboral, se termina afectando al 100 % de la población. Con una desproporción evidente y el discurso demagogo del "líder interplanetario", el resultado es una verdadera bomba de tiempo.

Economistas advierten que aumentos demasiado altos, sin respaldo en la productividad, incentivan la informalidad y presionan la inflación. En época electoral, resulta cómodo el populismo de izquierda, especialmente con un candidato de Gobierno que puntea en las encuestas frente a opositores que no marcan tendencia ni tienen agenda de país —a excepción del profesor Sergio Fajardo, a quien aún no vemos despegar en los sondeos