Gustavo Petro es uno de esos políticos que, como muchos en la historia reciente de Colombia, ha recurrido a prácticas cuestionables. El jurista Carlos Gaviria afirmaba que Petro modificaba, junto a sus aliados, las actas de las reuniones del Polo Democrático para acomodarlas a sus intereses. También es recordado por el video en el que aparece contando fajos de billetes y guardándolos en bolsas, en una escena que evocaba el modus operandi de quienes saquean el Estado. Este tipo de conductas no es nuevo en la política colombiana.
Petro ha demostrado ser un político camaleónico, al igual que Claudia López, quien ahora también se distancia de su antiguo aliado. Durante la campaña presidencial de 2018, en la que fue derrotado por Iván Duque, Petro —entonces senador— llegó a posar junto a una lápida de mármol en la que prometía no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, promesa que hoy contradice.
Históricamente, la figura de la Constituyente ha sido utilizada por líderes de distintas ideologías para perpetuarse en el poder, como lo hicieron Chávez, Ortega y más recientemente Bukele. Lo que comenzó como una idea excéntrica del metódico Chávez terminó convirtiendo a Venezuela en una segunda Cuba, con una constitución hecha a su medida.
Hoy, Petro y su nuevo escudero —el polémico exfiscal y exabogado de Saludcoop, Eduardo Montealegre— impulsan la idea de una Constituyente con el argumento de que “el pueblo manda”, desconociendo lo establecido por la Constitución de 1991. En ese grupo también figuran personajes como Armando Benedetti, Montealegre e incluso la senadora Isabel Zuleta.
Petro lanzó su "decretazo", apoyado por el actual ministro de Justicia —quien recientemente fue rebatido con argumentos jurídicos durante un debate en La W—, una iniciativa que fue detenida por el Consejo de Estado. Lo que propone Petro es, a todas luces, inconstitucional: usar mecanismos irregulares para alterar el orden constitucional, desconociendo los contrapesos del Congreso y las altas cortes, pilares fundamentales de nuestra democracia.
A diferencia de Petro, el expresidente Álvaro Uribe —pese a su visión del “estado de opinión”— nunca se atrevió a convocar una Constituyente, ni siquiera en su momento de mayor popularidad.
Para Petro, la Constitución de 1991 representa un obstáculo, porque impide que actúe sin límites. Por eso busca reemplazarla por una nueva constitución hecha a su medida, lo que contradice todo lo que antes criticaba. Su nueva propuesta consiste en incluir una papeleta en las elecciones de 2026 para que los ciudadanos decidan si se convoca una Constituyente, ignorando que ese no es el procedimiento constitucionalmente establecido.
El artículo 376 de la Constitución de Colombia es claro:
“Mediante ley aprobada por el Congreso de la República, por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá el pueblo, mediante votación, decidir si convoca una Asamblea Constituyente con el fin de reformar la Constitución.”
Por tanto, el presidente NO puede:
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Convocar directamente una Constituyente.
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Usar una papeleta informal para sustituir el proceso constitucional.
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Convocarla únicamente mediante recolección de firmas, sin aprobación del Congreso.
¿Cuál es el proceso correcto?
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El Congreso debe aprobar una ley que convoque al pueblo a votar si desea una Asamblea Constituyente (requiere mayoría absoluta en ambas cámaras).
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Si el pueblo vota afirmativamente, se define:
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El alcance de la Asamblea (qué puede o no reformar).
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El número de delegatarios.
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El sistema de elección.
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Luego se elige la Asamblea, la cual redacta una nueva Constitución o una reforma sustancial.