Mentiroso, mentiroso

Durante la campaña presidencial de 2026, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defendieron una política de reducción de impuestos. Incluso hablaron de una nueva reforma tributaria, pero con un propósito contrario al de aumentar la carga fiscal. En una entrevista con Noticias Caracol, publicada el 19 de mayo de 2026, le preguntaron directamente si haría una nueva reforma tributaria. Respondió: «Sí, pero hay que aclararle a la gente para qué. Es que la reforma tributaria no solamente es para subir los impuestos. Yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto». También sostuvo que Colombia no necesitaba más impuestos que afectaran a campesinos y empresarios, que en su gobierno iba a eliminar el impuesto al patrimonio, que buscaría reducir el 4×1.000, que reduciría el tamaño del Estado hasta en un 40 % y que trabajaría en recuperar recursos perdidos por corrupción, evasión y exenciones para financiar la reducción de impuestos.

José Manuel Restrepo, su vicepresidente, defendió una posición similar. En una entrevista con Caracol Radio afirmó: «No hay espacio en este momento para subir los impuestos». Argumentó que Colombia ya tenía una carga elevada en renta corporativa, renta de personas naturales e IVA. Y como solución, planteaba que se debía reducir el gasto público y eliminar los derroches, recuperar recursos de las exenciones tributarias, trabajar en combatir la evasión, el contrabando y la corrupción, reactivar la economía para generar mayores ingresos y que, al igual que Abelardo, buscarían eliminar gradualmente el 4×1.000 y facilitar la formalización de pequeños negocios.

Como siempre se ha dicho, una cosa es en campaña y otra es gobernando; una cosa es ser oposición y creer tener todas las soluciones, y otra muy distinta es tener que solucionar. El 29 de octubre de 2026, el Gobierno anunció la radicación de su proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa incluye modificaciones tributarias que contrastan con las promesas de campaña. En esta tributaria disfrazada como «ley de rescate», el gobierno de Abelardo incluye nuevos gravámenes, propone ampliar la aplicación del IVA a determinados bienes y plantea mayores cargas tributarias para obtener ingresos.

El 1 de noviembre de 2026, en entrevista con la revista SEMANA, el vicepresidente respondió a las críticas por la contradicción entre las promesas y el proyecto: «Es cierto, pero nunca imaginamos que el Gobierno anterior fuera tan mentiroso y ocultara gastos». Argumentó que, al revisar las finanzas públicas, encontraron compromisos sin financiación suficiente para salarios, pensiones, salud y defensa. Por eso, según él, tuvieron que presentar la iniciativa y asumir su costo político. Restrepo no sabía dónde se estaba metiendo y, al igual que su jefe, el presidente De la Espriella, usaba la campaña para ganar likes y votos; nada más popular que decir que se van a bajar los impuestos.

Vale la pena examinar a fondo y, delante de todos, decirles: mentirosos, mentirosos a los dos pastorcitos. De la Espriella no prometió que jamás presentaría una reforma tributaria; de hecho, anunció que sí presentaría una, pero expresamente para bajar impuestos. Restrepo, por su parte, sostuvo que no había espacio para subirlos y que la solución debía ser reducir el gasto, combatir la corrupción y recuperar recursos que el Estado estaba dejando de recibir. Por eso, la discusión no es simplemente si prometieron una reforma tributaria o no. La pregunta es por qué un Gobierno que llegó prometiendo bajar impuestos termina proponiendo medidas que amplían la carga tributaria de los colombianos.

El descaro de pretender la casa tras haber quemado el patio

Circula en redes sociales y en los corrillos políticos la intención de Gustavo Petro y su Pacto Histórico de ganar la alcaldía de Barranquilla en el año 2027. Hay que ser muy caradura para que, luego de todo el desastre que armó su gobierno en la ciudad, tenga la mínima intención de buscar llegar a la silla de la alcaldía que hace más de cuatro periodos maneja la casa Char. He de decir que nunca he votado por los Char; siempre trato de mantener el equilibrio, pero el día que Petro asome por estas tierras, tendrán en mí al mejor defensor de la causa actual que ha logrado posicionar a la ciudad a nivel mundial.

Con Petro en el gobierno nacional, Barranquilla solo tuvo fracasos, y por si no los recuerdan, acá los mencionaré:

Barranquilla perdió la oportunidad de organizar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la ciudad: los Juegos Panamericanos de 2027. El 3 de enero de 2024, Panam Sports retiró oficialmente a Barranquilla como sede, argumentando incumplimientos reiterados del contrato de organización. Entre las obligaciones pendientes estaba el pago de ocho millones de dólares. La pérdida fue especialmente grave porque el evento habría permitido impulsar:

• La adecuación y construcción de escenarios deportivos.

• La contratación de trabajadores para obras, logística y operación.

• La llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales.

• Los ingresos de hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

• La proyección internacional de Barranquilla y del Atlántico.

• La posibilidad de desarrollar una Villa Panamericana con viviendas que posteriormente habrían tenido otros usos urbanísticos.

Las estimaciones publicadas antes de la cancelación hablaban de miles de empleos y un importante flujo turístico. Esas cifras eran proyecciones, no beneficios garantizados, pero el gobierno dejó morir la oportunidad.

Por otra parte, durante el gobierno Petro, Cormagdalena planteó que Cotecmar diseñara y construyera una draga propia para el puerto. En 2024 se hablaba de una inversión cercana a los $365.000 millones, pero el proyecto no llegó a una fase concreta de ejecución y no quedó definida una fuente de financiación ni un cronograma definitivo.

A esto se suma la conexión vial entre Barranquilla y Ciénaga, fundamental para el transporte de pasajeros, la logística y el comercio regional. Durante este gobierno, el proyecto sufrió severos retrasos relacionados con la tramitación de licencias ambientales para avanzar en componentes clave de la obra, incluidos los viaductos destinados a enfrentar los riesgos de erosión costera. Representantes gremiales del Atlántico cuestionaron que la fase de construcción de esos componentes se hubiera demorado y que el cronograma general se extendiera insólitamente hasta 2035.

En materia habitacional, se redujo drásticamente la disponibilidad de subsidios de programas como Mi Casa Ya y se produjeron graves dificultades de financiación que afectaron al sector de vivienda de interés social. Camacol señaló que los subsidios nacionales —que habían alcanzado niveles superiores a los 100.000 anuales durante algunos años de reactivación posterior a la pandemia— descendieron a alrededor de 50.000 al año durante la gestión de Petro, sumado a la paralización temporal del programa.

La principal deuda del gobierno Petro con Barranquilla fue no convertir compromisos estratégicos en resultados oportunos. La pérdida de los Panamericanos fue el caso más contundente porque cerró de portazo la posibilidad de organizar el evento y dejó gastos asociados a la candidatura. La falta de draga propia, la demora en el desmonte del antiguo puente Pumarejo y los retrasos en la sede universitaria de Soledad representan proyectos que quedaron en promesas rotas.

En infraestructura vial y vivienda el balance es nefasto, y aunque las responsabilidades deban analizarse obra por obra, el costo político para la ciudad ya se pagó. Pretender ahora el control de la ciudad tras semejante balance es, francamente, un insulto a la memoria de los barranquilleros.

El disfraz de una tributaria como recorte fiscal

Ahora sí comenzó el gobierno de Abelardo. Lo que hasta ahora habíamos visto era una oposición que salía a las calles y a las redes a enlodar y a criticar solo porque perdieron, sin argumentos válidos, olvidando que dejaron al país en una grave crisis fiscal y que hicieron todo lo que criticaban, incluyendo el escándalo de corrupción de la UNGRD, donde se robaron la plata del agua de La Guajira. En este tiempo me abstuve de criticar al nuevo gobierno porque el terremoto no le había dado margen de hacer lo que es el verdadero sello de este; pero con la llamada ley de recorte fiscal, llegan con su verdadera identidad a imponer lo que dijeron en campaña que no harían.

No hay peor azote que la lengua. En campaña, Abelardo de la Espriella prometía que no aumentaría los impuestos en el país y, como siempre hemos visto, una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Hoy, el gobierno de lo que ellos llaman la «patria milagro» se la juega por una ley de recorte fiscal —como la han denominado— en la que la mayor carga impositiva la recibirá el sector que siempre resulta más golpeado en estas reformas tributarias: la clase media, que apenas asoma la cabeza y, con impuestos y leyes como esta, la bajan de un plumazo de la nube donde creía estar.

El Gobierno propone un paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público, incentivar la inversión empresarial y mejorar las finanzas del país. La iniciativa contempla recortes en el funcionamiento del Estado, modificaciones al IVA y al impuesto de renta, así como mayores aportes a salud para algunos trabajadores. La propuesta tiene una justificación económica válida —reducir el déficit, contener la deuda y disminuir gastos innecesarios del Estado—, pero su principal punto de tensión es que combina recortes públicos con mayores impuestos y aportes para trabajadores y consumidores. Por eso, reducir el gasto estatal no significa necesariamente que los hogares vayan a tener más dinero disponible.

La iniciativa tiene cuatro grandes componentes:

1. Reducir el gasto público y reorganizar entidades estatales.

2. Modificar el impuesto de renta de las personas naturales.

3. Ampliar el IVA a determinados bienes y servicios, acompañado de devoluciones para hogares de menores ingresos.

4. Aumentar las cotizaciones a salud de ciertos trabajadores y modificar los aportes de algunos empleadores.

El proyecto propone reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios frente a 2025 y disminuir los costos del personal de planta de la Rama Ejecutiva en un 20 % durante 2028, excluida la Fuerza Pública. También plantea limitar el crecimiento de las compras estatales y aplicar controles más estrictos a los gastos operativos.

Sin embargo, aunque se reduce el gasto estatal, también se incrementan las cargas para los hogares; el proyecto combina la austeridad del Estado con mayores impuestos sobre ciertos ingresos laborales y productos de consumo. En consecuencia, un trabajador podría terminar pagando más aunque el Gobierno consiga reducir el gasto público. La propuesta contempla llevar algunos bienes y servicios de tarifas reducidas o tratamientos preferenciales a la tarifa general del 19 %. Entre los productos o servicios mencionados en los análisis del proyecto están determinados alimentos, café, azúcar, medicina prepagada, vehículos híbridos y eléctricos, plataformas digitales y licencias de software (el alcance definitivo dependerá del texto final aprobado).

Esto podría traer consecuencias directas como:

• Aumentar el costo de determinados productos de consumo habitual.

• Encarecer algunos servicios digitales y tecnológicos.

• Reducir el poder adquisitivo de los hogares que no reciban una devolución suficiente.

• Elevar los costos de algunas empresas, las cuales podrían trasladarlos parcialmente a los precios finales.

Por otra parte, la propuesta baja el umbral de renta líquida gravable a partir del cual se comienza a pagar el impuesto e introduce una tarifa inicial del 9 % para un nuevo tramo. Abelardo sueña, como soñaba Carrasquilla con Duque, con que la mayor carga impositiva recaiga sobre los asalariados. También reduce el límite de la exención laboral del 25 % y elimina la deducción adicional por dependientes. Para los ingresos más altos, propone elevar la tarifa marginal máxima del 39 % a partir del umbral establecido en el proyecto.

Esto puede tener un efecto importante sobre trabajadores profesionales, técnicos, directivos y empleados de ingresos medios que hasta ahora tenían una carga menor o no pagaban impuesto de renta. El problema no es necesariamente que los asalariados con mayores ingresos contribuyan más; la discusión de fondo es si el umbral, las deducciones y las tarifas están calibrados de manera que la carga tributaria corresponda a la capacidad económica real de cada hogar.

Asimismo, el proyecto plantea incrementar las cotizaciones a salud de los asalariados que ganen más de dos salarios mínimos, con porcentajes diferenciados según sus ingresos. Los independientes también tendrían cambios en sus aportes. El efecto inmediato será una reducción del dinero neto que recibe el trabajador después de los descuentos de nómina, recordando que un mayor aporte a salud no equivale automáticamente a una mejora en la atención médica.

Picolino, bienvenido a la «patria milagro» y a las frases famosas de Abelardo. Para los trabajadores asalariados, el riesgo más directo es que el ingreso disponible disminuya por la combinación de mayores aportes a salud, cambios en el impuesto de renta y aumentos de precios. Aplaudan... ¿por qué no aplauden? Abelardo tratará de cumplir el sueño de Duque y Carrasquilla a como dé lugar; total, él «no es político». Pasamos de un presidente derrochador que al parecer pagaba sexo con contratos, a un presidente que parece despreciar a la clase media imponiéndole más impuestos.

Cuando el río suena

 Dice el viejo refrán: «cuando el río suena es porque piedras lleva». En nuestro país se han venido revelando denuncias sobre todas las porquerías y mañas que sucedieron durante la presidencia del exguerrillero y expresidente Gustavo Petro. Denuncias que van desde escándalos sexuales (fiestas con travestis y drogas) hasta contratos del Gobierno pagados con sexo por parte de las implicadas; se habla de más de 48 exfuncionarias que pasaron por lo que los mismos petristas denominan una «máquina sexual».

La principal controversia de los últimos días surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Petro en una entrevista publicada por la revista Semana. Según su testimonio, Jiménez habría conocido a Petro en 2019 —cuando él ejercía como senador— mediante una plataforma digital para adultos. Afirma que habría recibido contratos estatales condicionados a encuentros sexuales y sostiene que podrían existir entre 30 y 40 mujeres más en situaciones similares. En su entrevista, Jiménez también afirmó que Petro le habría pedido comprar y transportar sustancias ilícitas. Este señalamiento forma parte de su testimonio y no debe presentarse como un hecho probado; las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas independientes que lo corroboren.

Por otro lado, el 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que denunciaría el caso de 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro. La denuncia plantea preguntas serias sobre la finalidad real de esos contratos, las condiciones en que fueron otorgados y si algunas vinculaciones se habrían utilizado para conseguir encuentros privados con el entonces presidente.

Petro rechazó tajantemente las acusaciones. Sostuvo que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones sexuales y calificó la controversia como un intento de invadir su intimidad y perjudicarlo políticamente. Sin embargo, todo lo que suena en este gobierno dista mucho de ser bueno. Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, en una entrevista con Caracol Radio el 12 de octubre, afirmó que había mujeres con más poder que la propia titular de esa entidad, capaces de influir en nombramientos y contrataciones. Rodríguez fue más allá y afirmó que existiría una red de mujeres jóvenes y personas que actuarían como intermediarias para reclutarlas. También sostuvo que algunas habrían llegado a ocupar cargos importantes en entidades estatales. Además, señaló que la madre de una exministra habría estado relacionada con esa presunta red, aunque no presentó públicamente todos los detalles de dicha acusación en la entrevista. Según su relato, algunas la llamaban o le escribían para pedirle que tramitara contratos y nombramientos con el beneplácito de Petro, asegurando que ella se opuso firmemente a esas solicitudes. Lo más relevante es que Rodríguez fue una funcionaria de alto nivel dentro del Gobierno Petro, con acceso directo al funcionamiento administrativo de la Presidencia, lo que hace que sus afirmaciones merezcan ser investigadas a fondo.

El asunto más importante no radica en con quién se relacionaba Petro en su vida privada. La cuestión central es si utilizó su posición política para obtener beneficios sexuales mediante contratos pagados con recursos públicos. Al final, Petro al parecer sí ha estado involucrado con las llamadas «mariposas amarillas», una red de mujeres que el mismo Gustavo supo definir como «exitosas» porque acompasaban el clítoris con el cerebro. Los petristas ponen en duda todas estas denuncias. Quizás sean los mismos que lanzaron a la hoguera a los periodistas de Caracol que fueron denunciados y que hoy están siendo investigados, aunque todavía no han sido condenados. ¿Presunción de inocencia para unos y condena anticipada para otros?

Cuando el río suena, algo viene rodando: sean piedras o una papayera que se va ahogando. Que la Fiscalía investigue; no la vida privada de Petro —eso solo les debe importar a sus queridos petristas—, pero sí debe aclarar si Petro usó el Gobierno para estructurar una red de prostitutas disfrazadas de contratistas que le pagaban con sexo el valor del contrato.

Despedido de la patria milagro

A Gustavo Petro le tomó 6 meses y 20 días realizar el primer cambio en su gabinete ministerial: el 27 de febrero de 2023 salieron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte). En total, 65 ministros pasaron por el gabinete de Petro entre agosto de 2022 y agosto de 2026. En el gobierno de la «patria milagro» —como lo llama Abelardo de la Espriella—, la primera movida fue la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación y la llegada de una ultrarradical llamada Ilva Myriam Hoyos Castañeda; ese cambio sucedió cuando apenas iban 39 días de gobierno.

Solo van 76 días del gobierno de Abelardo de la Espriella y este ya ha despedido a su primer ministro. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior parece responder a una mezcla de fracaso en la negociación política, pérdida de confianza dentro del Gobierno y diferencias ideológicas. Es la crónica de una muerte anunciada para quien pareció caer en paracaídas en un gobierno ultraderechista, alineado más a las políticas de Enrique Gómez Martínez que a las de un afamado «liberal-demócrata» como Rodrigo Lara.

Las derrotas en la elección del presidente del Senado —donde el Centro Democrático se meció en la misma cuna con su enemigo del Pacto Histórico— y otras pifias parecieron pasarle factura al hoy exministro; no siempre tratar de encajar donde no se cabe sale bien. En la orilla del Pacto Histórico se atribuyen como victoria la cabeza de Lara y la caída del presupuesto en el Congreso, dos jugadas que distan mucho de ser triunfos reales. Por un lado, la salida de Lara termina en la llegada de un ultrarradical político, de lo más rancio que tiene la política colombiana, como lo es Alejandro Ordóñez. Por el otro, la caída del presupuesto solo perjudica a las regiones, que en las modificaciones alcanzadas en el Congreso iban a recibir mejores beneficios que con un presupuesto aprobado por decreto. En todo caso, ninguna de las dos situaciones se puede cantar como triunfo del famoso Pacto, ya que en los errores provocados por el afán cayeron el Gobierno y sus aliados en el Congreso; la salida de Lara es, en realidad, una victoria de la derecha radical de este país.

La llegada de Alejandro Ordóñez apunta a un cambio de estilo: menos liberalismo político y más conservadurismo doctrinario. El presidente está sustituyendo a un ministro que no consiguió los resultados esperados por una figura más cercana a sus convicciones, sin que eso resuelva necesariamente las fallas de negociación que provocaron el relevo. Ordóñez —famoso por ser el procurador que logró que su opuesto extremo desde la izquierda, Gustavo Petro, votara por él en el Senado cuando se eligió como procurador— es un vasto dirigente clientelista, capaz de movilizar votos a punta de burocracia y puestos. Alejandro Ordóñez fue elegido procurador general de Colombia el 11 de diciembre de 2008 y asumió el cargo el 16 de enero de 2009; Gustavo Petro, que entonces era senador del Polo Democrático, votó a favor de él en esa elección.

Lara fracasó por no construir mayorías; Ordóñez tendrá que demostrar que puede construirlas sin convertir cada desacuerdo político en una confrontación ideológica. Seguramente es un experto comprobado en esas lides —lo demostró para ser procurador— y ahora tendrá la tarea de repetirlo como ministro de la política, porque los desafíos en el Congreso son mayúsculos. A Lara le dijo Aberlardo en X, despedido de la patria milagro.

El silencio complaciente de los incendiarios

Durante cuatro años del gobierno de Petro no se presentaron paros de las organizaciones sindicales; el país parecía ir en el rumbo correcto a la luz de cualquier desprevenido que lo viera desde afuera, o de cualquier ciudadano del común que quizás se pudo alegrar con el aumento del salario mínimo por encima del 20 % en el año 2026, e irónicamente en contra de todo lo que siempre había ocurrido. Pero todo fue una falacia, una cortina de humo bien montada, debido a que los personajes que siempre incendiaron el país estaban, por fin, en el gobierno.

Nunca los vimos protestar por la salud y por la muerte de personas a causa de no recibir sus medicamentos a tiempo; tampoco vimos protestas cuando un niño con hemofilia murió y el expresidente Petro acusó a la mamá de ser la culpable por dejarlo montar en bicicleta. Mucho menos vimos a estos incendiarios protestar porque el país estaba sobreendeudado con las políticas económicas que llevaron al gobierno anterior incluso a mover la regla fiscal. No vimos una sola protesta por el escándalo de corrupción más grande que recientemente se haya conocido: el robo de los dineros de La Guajira por parte de petristas declarados en el gobierno anterior, quienes movieron miles de millones, incluso para comprar congresistas, de la mano del anterior ministro de Hacienda, del Interior y por medio de la corrupta UNGRD. No vimos protestas cuando al hijo del presidente lo capturaron por lavado de dinero, o por el escándalo de Laura Sarabia cuando, haciendo uso de su poder, logró llevar al polígrafo a la niñera porque se le robaron unos dólares —de los que nunca supimos si aparecieron, ni mucho menos la cantidad—.

En 2023 se divulgaron conversaciones en las que Benedetti —ministro estrella del gobierno anterior— afirmaba haber conseguido una suma considerable para la campaña y hacía referencias a posibles consecuencias judiciales. Nunca vimos a estos hipócritas y politiqueros de la izquierda hacer un reclamo con vehemencia, pidiendo aclarar el origen y reporte de los recursos de campaña y las posibles irregularidades. Claro, nunca los vimos rechazando la falsa «Paz Total» que tanta inseguridad generó en el país, ni mucho menos por el aumento del precio de la gasolina o los escándalos de corrupción y narcotráfico que rodeaban al Gobierno.

Hoy, estos politiqueros de izquierda que vivieron sabroso durante cuatro años se aprestan a movilizar, incendiar y generar el caos que saben sembrar en el país, cuando apenas el gobierno actual lleva dos meses en acción. Dos meses en los que ha tratado de reconstruir lo que dejaron estos cuatro años de desgobierno politiquero y de una verborrea excremental que no se materializaba en logros para el país.

Resulta curioso que esos personajes desde ya hablen de un segundo «estallido social», con ánimos, seguramente, de tratar de recuperar el poder en el 2030. Un poder al que no deberían volver porque, cuando estuvieron en él, solo hicieron más de lo mismo que hacían los políticos de antes, haciéndose llamar «el cambio», pero resultando un falso cambio que sí llenó los bolsillos de muchos amigos del gobierno anterior, con acusaciones desde sus entrañas de lavado de dinero, transporte de drogas e incluso de favorecer a los actores armados para su crecimiento. Un país que nunca marchó en cuatro años porque ellos no lo ordenaron, donde ni los maestros fueron capaces de protestar cuando el gobierno anterior los dejó en el aire con un sistema de salud fracasado que se vendió como piloto de la rechazada reforma a la salud de la izquierda: un modelo dirigido por Carolina Corcho, a quien muchos en la izquierda llaman «eminencia».

Tasajera: la radiografía de un pueblo fallido

Tasajera, corregimiento del municipio de Puebloviejo, Magdalena, tendría entre 5.000 y 10.000 habitantes. Es un pueblo con la fortuna —para ellos— de estar en medio de la carretera que conduce de Santa Marta a Barranquilla, y con la miseria —para quienes transitamos por este corredor vial— de tener que atravesarlo con la incertidumbre constante de encontrar la vía bloqueada.

Es una población que parece haber nacido para protestar. En el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, ocurrió la tragedia que más ha marcado a esta comunidad: hacia las 7:30 a. m., un camión cisterna que transportaba casi 6.000 galones de gasolina se volcó a un costado de la carretera. El conductor resultó ileso y logró salir del vehículo, no sin antes advertir que la carga era extremadamente peligrosa. En pocos minutos, decenas de habitantes de la zona acudieron al sitio con pimpinas, canecas y tanques para saquear la gasolina. A pesar de que la Policía llegó e intentó acordonar la zona y advertir del peligro, la multitud superó en número a las autoridades y rodeó por completo el camión. Alrededor de las 8:00 a. m., mientras decenas de personas maniobraban sobre y al lado del vehículo, se produjo una chispa. El camión explotó envuelto en una bola de fuego gigante que alcanzó instantáneamente a quienes lo rodeaban. Decenas de personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60 % y 80 % de sus cuerpos, siendo trasladadas a pabellones de quemados en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Bogotá. Durante las semanas posteriores, la cifra de fallecidos ascendió a 45 víctimas mortales.

La tragedia expuso con dureza las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad estructural de Tasajera, un corregimiento pesquero asentado a orillas de la Ciénaga Grande donde abundan la falta de servicios básicos, el desempleo y la ausencia de oportunidades en una zona que parece condenada al olvido. Gobernantes de izquierda y de derecha han pasado por el Palacio del TAYRONA y no han hecho absolutamente nada. Sus habitantes parecen nacer con el resentimiento a flor de piel, a la espera de que el Estado les provea todo, incluyendo agua y energía eléctrica; los mismos servicios que usan como pretexto para sus abusos al cerrar la vía cualquier día que amanecen con la zozobra alborotada.

El último gran bloqueo sucedió en plena semana de receso escolar: el eterno sufrimiento de quienes debemos transitar por esta vía para cumplir lo que debería ser un viaje de no más de dos horas entre dos ciudades clave. Esto aleja cada día más a Santa Marta del turismo. Sumado al paro armado que recientemente se vivió en la ciudad, con los bloqueos recurrentes en Tasajera son aún menos los visitantes que se atreven a viajar, aunque para las autoridades locales el tiempo parezca no pasar. Para el alcalde de Puebloviejo que llegue seguirá siendo lo mismo, al igual que para la Gobernación del Magdalena.

Todos estaban advertidos: este domingo la comunidad de Tasajera se iba a tomar la vía con tanques para cerrarla, y lo hicieron a las 12:00 del mediodía. Algunos quedamos atrapados por una hora en un trancón que podríamos considerar corto, pero a las 2:00 de la tarde vino lo peor: por más de cuatro horas mantuvieron cerrado el corredor vial, ocasionando gigantescos represamientos y afectando el bien general solo porque no tienen agua y el Estado no se las regala. Nuevamente, como ha ocurrido a lo largo de los años, apenas 30 personas tienen la capacidad de bloquear y alterar la vida de miles de viajeros que no guardan el más mínimo asomo de responsabilidad en su tragedia. La misma tragedia que dejó 45 muertos y que quisieron hacer ver como héroes, cuando en realidad estaban saqueando gasolina.

Tasajera es el claro ejemplo de lo que se conoce como un pueblo fallido: un problema que para solucionarse requiere mucho más que los PMU anunciados por la gobernación. Exige una intervención real, orden institucional y acompañamiento militar para hacer respetar la ley. Los ciudadanos no podemos seguir a merced de habitantes que incluso llegan a exigir dinero carro por carro, so pena de agredir a quien no les entregue lo que están pidiendo.

Santa Marta te llama

La vocación turística de Santa Marta se ha visto severamente afectada en los últimos días; la violencia hace de las suyas en una ciudad que ha perdido el brillo y el interés de propios y visitantes. Hoteles vacíos y zonas turísticas que en otros años lucían abarrotadas para esta época, hoy se ven desoladas, evidenciando que la violencia y el terror le han ganado la partida al Estado. Los reportes vinculan directamente parte de esta caída con el paro armado y la profunda preocupación por la seguridad en las vías. Cotelco señaló cancelaciones y aplazamientos masivos, mientras que los comerciantes de El Rodadero también relacionaron la baja afluencia con estos aciagos acontecimientos.

Duele como oriundo de esta ciudad lo que está ocurriendo. Sin embargo, como samario que siempre ha visto en sus playas una oportunidad de inversión, crecimiento y generación de ingresos, me sumé a la campaña «Santa Marta te llama». Miles de empleos están en riesgo por la baja afluencia de estos días y por la evidente contracción del comercio en toda la región.

Estuve esta semana de receso en el que me parece uno de los mejores hoteles que hoy tiene la ciudad, Senda Kokkos Beach, ubicado a tan solo 30 minutos del centro de la ciudad, en la carretera hacia Riohacha, kilometro 35. La vía a La Guajira es hoy un corredor desolado; no hay flujo vehicular, el temor se apoderó de todos y solo unos pocos nos atrevimos a disfrutar de las bellezas y la oferta hotelera local. En este trayecto hay numerosos establecimientos que han visto desplomarse la demanda de sus servicios. Algunos hoteles parecen sacados de una revista italiana o construidos al mejor estilo de los resorts mexicanos o dominicanos. Hago especial mención de dos que he visitado recientemente: Senda Kokkos Beach, ubicado en el kilómetro 35 de la vía a La Guajira —donde estuve con mi familia durante esta semana de receso—, y Naio Hotel en Palomino. Dos joyas de la hotelería moderna y boutique que contemplan cómo la violencia y el miedo les arrebatan las fuentes de ingreso a la zona. El hotel Senda Kokkos beach, tiene una variada oferta de habitaciones y un restaurante como comida simplemente exquisita.

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Cotelco Magdalena informó que, en el sondeo de hoteles afiliados, el 78,6 % esperaba una ocupación inferior al 50 % para el sábado 3 de octubre. Para el periodo del jueves 8 al lunes festivo 12 de octubre, el 50 % de los establecimientos participantes proyectaba ocupaciones iguales o superiores al 50 %. Esto reflejaba una tibia esperanza de reservas de última hora, pero de ninguna manera confirma que se haya alcanzado dicha cifra. En septiembre, Cotelco reportó ocupaciones por debajo del 38 % en la hotelería urbana y de alrededor del 15 % en algunos establecimientos del corredor hacia el Tayrona y Palomino, en medio de cancelaciones y aplazamientos. Son cifras de ese momento, no de la ocupación actual de la totalidad de los hoteles.

El reporte más revelador se conoció el viernes 9 de octubre en El Rodadero, donde comerciantes y prestadores de servicios describieron una temporada muy por debajo de sus expectativas. Vendedores de playa y comerciantes reportan menos visitantes y ventas drásticamente inferiores a las previstas. Las cancelaciones previas afectaron a toda la cadena turística, no solo al alojamiento; repercuten directamente en trabajadores, proveedores, taxistas, agencias y pequeños negocios que viven de vender productos o experiencias a los visitantes.

Indetur, el Ministerio de Comercio, ProColombia, Fontur, la Alcaldía y los gremios impulsan una campaña para recuperar la confianza de los viajeros y promocionar la ciudad tras estas afectaciones de seguridad. Santa Marta afronta una semana de receso con claras señales de debilidad y una recuperación todavía incierta. El puente festivo del 10 al 12 de octubre será decisivo para verificar si aumenta el movimiento, pero los pronósticos previos jamás deben confundirse con los resultados reales.

«Santa Marta te llama». Su oferta es impresionante: hay playas, ríos, cultura y gente bacana que espera que, como turista, no le des la espalda a una región empeñada en salir adelante con pujanza y en demostrarle a los violentos que los buenos somos más.

Senda Kokkos Beach, kilometro 35

La "Gran Vía": la pesadilla vial que se tragó al Corredor Universitario

La Gran Vía —esa mentada ampliación del Corredor Universitario que promete unir a Barranquilla con Puerto Colombia— se ha convertido en el monumento perfecto a la desidia y al aplazamiento interminable. Una obra cacareada y esperada, pero que tras años de retraso sigue sin ver la luz. En el papel, suena ambiciosa: un corredor de 3,55 km sobre la conocida Carrera 51B, con tres carriles por sentido, dos pasos a desnivel (deprimidos en la Universidad del Norte y Le Champ), tres glorietas, tres puentes peatonales y ciclorrutas, además de un sistema de manejo de aguas lluvias prometido para liquidar las eternas inundaciones del sector.

La realidad, sin embargo, es otra. Desde que se puso la primera piedra el 1 de noviembre de 2022, el proyecto se dividió en dos tramos. La Unidad Funcional 1 (de la Circunvalar a la Uninorte) se entregó a regañadientes en diciembre de 2024. Pero la llaga abierta está en la Unidad Funcional 2, que va del Club Campestre a la Universidad del Atlántico. Para marzo de 2026, el reporte oficial arrojaba un cansino 83 % de avance total.

El baile de fechas roza el ridículo: la entrega inicial estaba pactada para septiembre de 2024; luego la aplazaron a junio de 2025, de ahí saltó a junio de 2026, y hoy ya tramitan descaradamente una nueva prórroga hasta noviembre de 2026. En junio, la Gobernación apenas atinó a reconocer los avances, argumentando que faltaban "componentes estructurales" —nada menos que la plataforma superior de los puentes y los muros de soporte—, excusándose en la complejidad técnica del tramo elevado en volado. Mientras la burocracia busca pretextos entre fallas de planeación, gestión predial e interferencia de redes, los comerciantes de la zona quiebran y reportan pérdidas irreparables.

La paciencia ya se agotó. En enero de 2026, la Contraloría abrió una indagación preliminar para escarbar en las causas de este freno mano y determinar responsabilidades fiscales, expresando seria preocupación por el abismal descuadre entre el avance físico (que para entonces era del 81,5 %) y el financiero.

Con las últimas lluvias, el caos en la movilidad del sector colapsó por completo, empeorando el panorama a cuatro años de que Elsa Noguera, entonces gobernadora, le diera el goce inicial a este calvario. El desespero es tal que las empresas de transporte público amenazan con suspender sus rutas, amenazando con dejar desconectados a miles de estudiantes y residentes. Todo esto ocurre ante la mirada ciega e indolente de la Gobernación, que parece jugar con EDUBAR —la empresa de desarrollo urbano distrital encargada de la ejecución y supervisión de la UF2— a un juego perverso de nunca acabar.

Hablemos de números, porque el descalabro no sale gratis. La Unidad Funcional 2 arrancó con un contrato inicial de $94.720 millones, al que en junio de 2026 le inyectaron una adición de $3.650 millones junto a otra prórroga contractual, elevando el costo a $98.370 millones. ¿El resultado? Prometieron entregar el 30 de septiembre de 2026, pero un reporte del 16 de septiembre confirmó lo inevitable: tampoco cumplieron.

Lo que debía ser el orgullo del desarrollo departamental terminó convertido en una auténtica pesadilla para residentes, estudiantes y comerciantes, destruyendo el valor comercial y urbanístico de una de las zonas de mayor plusvalía de la región. Hoy, la mal llamada Gran Vía no es más que la peor vía del Atlántico.

El costo de retomar el control

Durante cuatro años se vivió una falsa tranquilidad, una sensación de que todo estaba bien mientras el país iba directo al barranco, tomado por delincuentes que, bajo el amparo de la "paz total" de Petro, hicieron y deshicieron e impidieron a la fuerza pública hacer su tarea. No hubo operativos contra la criminalidad; el gobierno de Petro nunca trabajó de la mano con los mandatarios locales. La extorsión creció desmedidamente mientras los delincuentes se paseaban por el país con el permiso del Presidente de la República y la fuerza pública permanecía con las manos amarradas.

El gobierno saliente dejó la vara muy baja para hacerlo mejor, aunque para algunos la transición resulte en el recrudecimiento de la violencia: una violencia que en realidad nunca se fue de un país que vio cómo su presidente de entonces entregaba salvoconductos, asignaba camionetas del Estado y se subía a tarimas con bandidos a los que denominaba "gestores de paz".

Cuando el Estado decide actuar y tomar el toro por los cuernos, la fuerza pública combate como debe hacerlo —en derecho y bajo el amparo de la Constitución— a los bandidos que vienen azotando a la población civil. Decididamente, el actual gobierno dio la orden a las fuerzas militares de acabar con estas organizaciones; a sus cabecillas los están metiendo en bolsas blancas, una acción que no gusta mucho a personajes como Gustavo Petro, Iván Cepeda y todo ese Pacto Histórico, quienes parecen solidarizarse más con los bandidos que con las víctimas que vivían en medio del olvido estatal.

Benjamin Lessing define la gobernanza criminal como aquellas situaciones en las que las organizaciones delictivas se convierten, en determinados territorios, en una autoridad relevante para la población, incluso coexistiendo con el Estado.

La organización criminal empieza a regular la vida cotidiana: quién vende, quién entra o sale, los horarios, los conflictos vecinales, los robos, el consumo de drogas, los negocios, el transporte, el cobro de "impuestos", la seguridad e incluso quién puede permanecer en el territorio. Eso es lo que se vive en sectores de Santa Marta, donde durante décadas el problema se ha conocido y maquillado mientras las autoridades miraban para todos lados menos hacia la atención de la población afectada por vacunas y asesinatos selectivos. La ciudad volvió a vivir épocas en las que estos delincuentes lograron cerrarla por varios días. De nada valió que el expresidente, jugando a los policías y ladrones, saliera con pistola al cinto: la población no salió de sus casas ante la amenaza del paro armado. Esta gobernanza pasa de ser percibida únicamente como una amenaza a convertirse, para una parte de la población, en una fuente informal de seguridad, orden, protección o resolución de conflictos. Eso es lo que la literatura denomina gobernanza criminal y, cuando existe aceptación de esa autoridad, legitimidad criminal.

Alias "Araña", el protegido "gestor de paz" de Petro, salió rumbo a los Estados Unidos en un proceso de extradición firmado por Abelardo de la Espriella. "Araña" no era simplemente un "exguerrillero de las FARC". Según información judicial recogida por El Espectador, primero estuvo vinculado a Los Rastrojos, fue condenado por delitos cometidos como integrante de esa organización y posteriormente reapareció vinculado a las FARC.

Este gobierno está tomando el toro por los cuernos, aunque duela la ola de violencia que conlleva recuperar los territorios que el gobierno anterior cedió a la delincuencia, es un acto necesario en el estado de derecho amparado en la constitución.

Sin historia no hay criterio: La eterna mutación criminal en Santa Marta

Santa Marta se acostumbró a que los jefes del barrio fueran los bandidos. Los dueños del mercado y de la zona rural son los delincuentes, los mismos que durante décadas han azotado a la población con la extorsión, el sicariato y la llamada «limpieza social», ejercida como evidente control y gobernanza en zonas donde el Estado olvidó su labor. La influencia de estos criminales ha sido matizada entre la ciudad, sus barrios periféricos y el corredor rural de Guachaca–Buritaca–Tayrona–Palomino: en algunos momentos hubo hegemonía; en otros, cruentas disputas entre varias organizaciones. La investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), estudios de las universidades Nacional y del Norte, la Defensoría, la Fiscalía, la Policía e investigaciones periodísticas nos permiten reconstruir bastante bien esa mutación.

Para entender el mierdero que ocurre hoy en la ciudad hay que retroceder un poco en el tiempo. En los años 70 y 80, Santa Marta y la Sierra Nevada estaban marcadas por la bonanza marimbera, el contrabando, las disputas por tierras y la conveniente aparición de grupos privados de seguridad. Uno de los que figura en las investigaciones es «Los Chamizos», relacionado con Hernán Giraldo y otros actores criminales. Este poder no comenzó como una estructura paramilitar nacional; nació como una nefasta combinación de control territorial, seguridad privada, narcotráfico, cobro de deudas, control social, relaciones con comerciantes y dominio de caminos rurales. Posteriormente, esa estructura adquirió una dimensión contrainsurgente y paramilitar. Una investigación de Verdad Abierta describe precisamente la evolución de Giraldo desde aquellos grupos de seguridad y «Los Chamizos» hacia las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira.

Debemos remontarnos a unos 30 años atrás, hacia 1996, cuando Hernán Giraldo, alias «Taladro», estableció como zona de influencia el norte de la Sierra Nevada, desde Santa Marta hacia Guachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino y la frontera con La Guajira. Pero su influencia no se limitaba al campo. La investigación histórica muestra que su estructura fue penetrando también en las venas urbanas. Verdad Abierta documenta que, para comienzos de los 2000, la ciudad ya estaba fraccionada en sectores controlados por estructuras paramilitares urbanas.

Giraldo pretendía inicialmente conservar su autonomía frente a las AUC, pero entre 2001 y 2002 se produjo una sangrienta confrontación con el Bloque Norte, dirigido por Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y otros sectores de las AUC. El resultado fue un previsible acuerdo de subordinación. El CNMH documenta que el 28 de febrero de 2002 se pactó la rendición entre Giraldo y el Bloque Norte: las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira desaparecieron formalmente para dar paso al Frente Resistencia Tayrona, quedando Giraldo como comandante político-militar del territorio comprendido entre Santa Marta y Palomino.

Entre 2003 y 2006, el Frente Resistencia Tayrona se expandió y las estructuras paramilitares consiguieron presencia simultánea en Santa Marta, la Sierra, Guachaca, la Troncal del Caribe, las zonas turísticas y los corredores estratégicos hacia La Guajira. El CNMH señala que ejercieron control absoluto sobre las esferas políticas, económicas y sociales de la región, recopilando más de 3.000 testimonios de integrantes paramilitares y cerca de 300 contribuciones de víctimas y otros actores.

El 3 de febrero de 2006, el Bloque Resistencia Tayrona se «desmovilizó» en Santa Marta con aproximadamente 1.166 integrantes. Pero aquí aparece el chiste recurrente que se repetiría en muchas regiones de Colombia: desmovilizar una organización no significa, ni de cerca, desmantelar su economía criminal. Giraldo fue extraditado a Estados Unidos en 2008, pero en el territorio quedaron los familiares, los antiguos mandos, las redes económicas, los viejos combatientes, los contactos, los corredores, el conocimiento del terreno y los mercados ilegales intactos. Entre 2006 y 2010, Santa Marta entró en una etapa de violenta fragmentación. Aparecieron las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, las estructuras herederas de los Giraldo, el Clan del Golfo/Urabeños y diversas bandas delincuenciales locales.

Entre los años 2013 y 2018 irrumpió la marca de los Urabeños / Clan del Golfo / AGC en su expansión por el Caribe. En Santa Marta se chocaron de frente con la estructura heredera del clan Giraldo, desencadenando una guerra salvaje por el control del negocio. En 2012, la disputa entre el Clan del Golfo y la estructura vinculada a la «Oficina Caribe» produjo una escalada de violencia brutal: una investigación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano señala que Santa Marta registró 213 homicidios ese año, alcanzando una tasa cercana a 47 por cada 100.000 habitantes.

En 2013, Jesús María Aguirre Gallego, alias «Chucho Mercancía» —antiguo mando relacionado con los Gaitanistas—, asumió el liderazgo de la estructura heredera de Giraldo. Se selló entonces una alianza entre los Gaitanistas y los herederos del capo. Fue en ese proceso cuando se consolidó el nombre de «Los Pachenca». Su modelo era más sofisticado que el viejo paramilitarismo; no necesitaban desfilar uniformados ni controlar políticamente toda la ciudad. El negocio evolucionó hacia el microtráfico, la extorsión, los corredores de narcotráfico, el transporte de droga, las zonas rurales, las actividades turísticas, el acceso a Ciudad Perdida, las trochas de la Sierra, la Troncal del Caribe y las salidas al mar.

En junio de 2019 la Policía abatió a «Chucho Mercancía» y el tablero volvió a mutar. Su muerte desató una nueva pugna entre los herederos de Giraldo y el Clan del Golfo. Entre 2020 y 2022, el pulso mutó a ACSN/Pachenca contra Clan del Golfo/AGC, librándose en las calles de Santa Marta, las alturas de la Sierra Nevada y a lo largo de la Troncal del Caribe. En 2021 los homicidios se dispararon: InSight Crime reportó que solo hasta agosto de ese año 101 personas habían sido asesinadas con arma de fuego, identificando esta guerra como el motor central de la barbarie.

Para 2023, y bajo el marco de la fallida «paz total» de Petro, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) recuperaron y fortalecieron su hegemonía territorial. La fotografía actual vuelve a ser la de un predominio absoluto de las ACSN en la Sierra y Santa Marta: controlan los corredores estratégicos y las rentas criminales gruesas, mientras bandas locales les ejecutan el terror cotidiano. Un modelo infinitamente más eficiente que mantener cientos de hombres uniformados a la vista de todos.

A lo largo de los años, no hemos visto la derrota del crimen, sino a una misma estructura territorial que se hacheo metamorfosis para sobrevivir a golpes militares, extradiciones, falsas desmovilizaciones y guerras fratricidas. Eso explica por qué descabezar a un jefe no elimina la organización: extraditaron a Hernán Giraldo, abatieron a Chucho Mercancía, cayeron alias «80» y docenas de mandos medios, y la estructura sigue funcionando. Quien no conoce su historia termina diciendo locuras, como los ingenuos que andan por ahí repitiendo que el problema actual es la «decisión inédita» del gobierno de enfrentarlos como jamás se había hecho.

Volvio el terror - SOS Santa Marta

Lo ocurrido en la ciudad de Santa Marta este 22 de septiembre resume su propia historia: Santa Marta y el corredor vial hacia La Guajira han sido cuna de estos grupos armados a lo largo de los años. Siempre ante la mirada ciega y los oídos sordos de las autoridades, alcaldes y gobernadores que han pasado, han sido permisivos ante la ola de extorsiones y la gobernanza criminal en las zonas mencionadas.

Abelardo De La Espriella emprendió una labor de guerra frontal contra los actores armados que han dominado en el país. Es así como reactivó los bombardeos en la selva del Guaviare y abatió hace un par de semanas al bandido e influencer «Bendito Menor». Ayer, bajo sus órdenes, dieron de baja al segundo al mando de las ACSN y a siete bandidos más. Esto desató el terror que siempre se vive en la ciudad ante estas situaciones, donde los criminales buscan imponer la ley mediante la zozobra.

Son años de olvido y desidia local en una ciudad donde reina el caos y la falta de autoridad; donde cada quien hace lo que le da la gana, pero así se acostumbraron a vivir. La gobernadora del Magdalena, en una salida desafortunada, salió desde temprano a decir que no existe paro armado en la ciudad ni en la Troncal del Caribe. Hoy, los bandidos les demostraron al presidente, a la gobernadora y al alcalde que el terrorismo genera miedo en una ciudad que, a punta de bala e incendio de vehículos desde motocicletas, se puede paralizar. La ciudad está bajo el control del grupo criminal. Los locales que estaban abiertos fueron obligados a cerrar a la fuerza y siguen las denuncias de reclutamiento de menores en distintos barrios. Las autoridades, sumamente precarias, no dan con la tecla para frenar esta situación que parece empeorar con el paso de las horas.

Santa Marta vivía una paz de mentiras: Petro les puso chaleco de «gestores de paz» a los mismos cabecillas, mientras a los samarios los extorsionaban y secuestraban todos los días. Hoy el Estado decidió enfrentarlos, pero sin un plan de protección a la población civil y convirtiendo la zona de la Sierra Nevada en un terreno de guerra.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la situación de orden público que enfrenta la ciudad y aseguró que ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública ante las amenazas e intimidaciones atribuidas a las ACSN. Fue así como se vieron y escucharon los aviones Kfir sobrevolar la ciudad, en algo que pareció más un show que una respuesta concreta ante una crisis que se veía venir.

En Santa Marta y en las zonas donde la población está más expuesta a estos criminales, urge atención y urge que las autoridades hagan presencia; que el Ejército salga a las calles. La guerra que se congeló en cuatro años de Petro se ha recrudecido y se volvió una guerra urbana para la que muchos no están preparados. Una guerra en la que la ciudadanía pone el miedo, mientras los actores armados ponen el terror. Hoy más que nunca, Santa Marta grita SOS: volvió el terror, el mismo de las épocas de «Taladro» y sus amigos.

Descongelados

Durante cuatro años, el gobierno de Petro se dedicó a jugar a "los congelados" con los bandidos. La absurda propuesta de su comisionado de paz —para que cuando el Ejército se encontrara en el monte con los delincuentes no se hicieran daño, sino que, por el contrario, se quedaran inmóviles y congelados— fue parte central de la llamada "Paz Total" del gobierno anterior. Un gobierno que permitió el crecimiento de las operaciones terroristas y su fortalecimiento mediante un mayor reclutamiento, incluyendo a menores de edad, tras pactar con el ELN y el gobierno de entonces  no utilizar de manera alguna a menores de 15 años en el conflicto armado.

En la Troncal del Caribe, que conduce de Santa Marta a Riohacha, han sucedido múltiples bloqueos y presiones por parte de los narcoterroristas de estas agrupaciones al margen de la ley. Hace exactamente un año, cuando capturaron a alias Bebecita, compañera de alias Nain, hombres armados intentaron bloquear la vía para impedir que fuera trasladada a Santa Marta. Este año, el 15 de junio, tras una operación militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), las autoridades denunciaron que el grupo obligó a civiles a bloquear la carretera. Se registraron 7 puntos de bloqueo, quema de vehículos, amenazas con cilindros y un ataque con drones a la Policía de Buritaca. El 16 de junio, la vía permaneció cerrada durante más de 40 horas, dejando a cientos de viajeros atrapados. Las autoridades calificaron la situación como un verdadero paro armado y no como una simple protesta. Y este 21 de septiembre, tras nuevos combates en Quebrada del Sol, se produjeron nuevos bloqueos y fueron incinerados dos buses de servicio público, con cierres en las veredas de Calabazo y el corregimiento de Guachaca.

Durante el gobierno anterior, y como producto directo de este juego de "los congelados", en el año 2022 las ACSN/Los Pachenca ya tenían una presencia consolidada en el corredor. La Defensoría del Pueblo identificó la disputa por el control territorial de la Troncal como un factor de alto riesgo. En septiembre de 2022, las ACSN anunciaron públicamente su intención de entrar en la política de Paz Total y declararon un cese unilateral; sin embargo, utilizaron esta fachada únicamente para fortalecer su accionar delincuencial.

En junio de 2024 se produjo otro paro en la Troncal del Caribe a la altura de Guachaca en medio de la presión de las ACSN. El entonces gobernador Rafael Martínez afirmó que existía información según la cual integrantes del grupo estaban presionando a comerciantes, campesinos, indígenas y líderes sociales para salir a marchar, señalando además que el cierre del comercio alcanzaba a más de 30 barrios de Santa Marta.

Dos años después de los primeros llamados, en junio de 2026, tras una operación militar contra las ACSN en Quebrada del Sol, el grupo criminal anunció un paro armado como represalia. Se produjeron siete bloqueos en la Troncal del Caribe, quedando atrapados turistas, campesinos y pobladores, mientras comunidades indígenas resultaron totalmente confinadas. El Espectador reportó expresamente que, según las autoridades, los bloqueos obedecían al paro armado anunciado por las ACSN. La situación duró entre 34 y 40 horas, según las diferentes reconstrucciones, dejando ataques contra la infraestructura y vehículos.

El 21 de septiembre de 2026, luego de operaciones militares contra las ACSN en Quebrada del Sol, comenzaron de nuevo los bloqueos en diferentes puntos de la zona rural de Santa Marta, incluyendo Guachaca, sus veredas y el sector de 11 de Noviembre en la vía hacia La Guajira. Dos buses del Consorcio Ziruma fueron detenidos y posteriormente incinerados. La hipótesis preliminar de las autoridades y medios es que se trató de una retaliación por los combates contra las ACSN.

A hoy, las autoridades ya hablan abiertamente de los anuncios de paro armado de las ACSN y mantienen un Puesto de Mando Unificado (PMU) para responder a la situación. El presidente encabezó un Consejo Extraordinario de Seguridad en Santa Marta tras la operación en Quebrada del Sol, donde las autoridades reportaron 7 integrantes de las ACSN abatidos y 3 capturados.

Cada vez que el Estado se descongela y utiliza su fuerza operativa para combatir el crimen, estos bandidos hacen de las suyas usando a la población civil como escudo. Sin embargo, hoy pareciera que la decisión firme del presidente es atacar sin rodeos a estas fuerzas delincuenciales que en gobiernos pasados fueron tratadas con cariño y pasividad, condescendencia que solo sirvió para que se fortalecieran e incrementaran las extorsiones, amenazas, homicidios selectivos, regulación de la movilidad, imposición de horarios, normas de conducta y los constantes enfrentamientos con la población civil atrapada en el medio. Nunca antes se vio al estado tan decidido en enfrentar a los bandidos que dominan esa zona del país.

Mocion de censura, la pantomima del Congreso

Ha sido costumbre que el Congreso, manejado por las mayorías y las aplanadoras del gobierno de turno, logre sacar adelante a su ministro. Esto ocurrió recientemente con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien la oposición en el Congreso llamó a rendir cuentas y citó a este mecanismo porque estuvo de vacaciones por una noche en la ciudad de Santa Marta. Es esa misma oposición que, cuando fue gobierno, jamás se pronunció sobre los casos de los ministros de Petro; casos que, a la luz de la gravedad, tienen mayor relevancia que un ministro descansando en las playas de Santa Marta un domingo en la tarde, cinco días después de asumir el cargo y en plena emergencia por el terremoto que afectó al país el 10 de agosto.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Congreso de la República ha promovido múltiples mociones de censura contra varios de sus ministros. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosperó en las votaciones finales:

• Irene Vélez (Minas y Energía): Enfrentó dos mociones de censura (en la Cámara de Representantes y en el Senado) impulsadas principalmente por partidos de oposición, debido a sus declaraciones sobre la política de transición energética, el sector de hidrocarburos y vacíos técnicos en sus reportes. Ambas fueron rechazadas por amplia mayoría.

• Iván Velásquez (Defensa): Ha sido citado en múltiples ocasiones debido a cuestionamientos sobre el deterioro de la seguridad ciudadana, la política de Paz Total y los ordenamientos a la Fuerza Pública en regiones con presencia de grupos armados. Las mociones no alcanzaron los votos requeridos.

• Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores): Enfrentó mociones promovidas por presuntas irregularidades administrativas en la Cancillería, nombramientos diplomáticos y el caótico manejo del contrato para la elaboración de pasaportes.

• Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud): Citado a moción por la improvisación en las reformas al sistema de salud, la escasez en la distribución de medicamentos y las contingencias en el modelo de salud para los docentes.

• Ricardo Bonilla (Hacienda): Enfrentó una moción de censura tras los cuestionamientos y menciones en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

• Francia Márquez (Igualdad y Equidad): Afrontó intenciones y debates de control político con pretensión de censura, vinculados a la vergonzosa e insignificante ejecución presupuestal de su recién creada cartera.

Nunca vimos a los petristas que hoy se rasgan las vestiduras llorar o reclamar por alguno de estos ministros de Petro: un gobierno con más de 68 ministros en cuatro años y más de 134 viceministros nombrados. Una completa locura y un descarado absurdo vivido en las épocas del "cambio" que nunca llegó, pero que sí le permitió "vivir sabroso" a todos los que estaban cobijados en esa orilla política.

Ecopetrol: de la gallina de los huevos de oro al fracaso del falso cambio

La directriz del gobierno de Gustavo Petro sobre la exploración de hidrocarburos fue clara desde el primer día: no otorgar más contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia, todo bajo la consigna de su mentada política de transición energética. No se trató de una orden directa a Ecopetrol para paralizar lo que ya estaba firmado, sino de cerrar de golpe el grifo a nuevos ciclos de adjudicación. Petro lo anunció a los cuatro vientos y su entonces ministra de Minas, Irene Vélez, se encargó de reconfirmarlo con desparpajo en enero de 2023.

En términos políticos, el mensaje fue explícito y sin matices: el gobierno decidió no firmar ni un solo contrato más. Prensa internacional como Reuters también ratificó la medida como un freno en seco a la exploración. El impacto real fue demoledor: Colombia llegó al 2026 sin haber adjudicado un solo contrato exploratorio desde 2022. Hoy el contraste es evidente: mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella aterriza con la política de reactivar la exploración, la era Petro dejó un rastro de parálisis deliberada.

Durante esos cuatro años de gobierno —un cuatrienio nefasto para la principal empresa del país— los escándalos florecieron sin pausa. Lo que antes era una compañía próspera se convirtió en la "caja de Rolando" del petrismo. Ricardo Roa pasó de gerente de campaña a presidente de Ecopetrol. Pronto, el CNE determinó irregularidades sobre los topes y la financiación de dicha campaña, mientras la Fiscalía anunciaba la imputación a Roa por presunto tráfico de influencias. Por si fuera poco, llovieron denuncias sobre la intromisión de su pareja en decisiones directivas y de contratación.

En paralelo, las utilidades cayeron en picada frente a los niveles récord de 2022, al tiempo que llovían cuestionamientos sobre la caída de reservas, la producción y la improvisada estrategia energética. La cúpula de la empresa sufrió una desbandada de directivos y miembros de junta en medio de los constantes terremotos políticos. Para rematar la fiesta, el escándalo rozó lo ridículo con la compra de un apartamento de lujo por parte de Roa a un empresario del sector petrolero por un precio inusualmente bajo, encendiendo alarmas por conflicto de interés. La guinda del pastel fue la contratación de una costosa consultoría pagada por Ecopetrol para autoprobársele la inocencia a su propio presidente, desembolsando una cifra astronómica en medio de cuestionamientos sobre cómo se adjudicó dicho contrato.

La posterior salida de Juan Carlos Hurtado —presidente encargado desde abril— se dio también envuelta en sospechas por irregularidades en nombramientos y contratación. Si bien la vocería oficial guardó silencio, reportes como los de Reuters vincularon directamente su salida con estos maniobreos. El nuevo gobierno no tardó en iniciar un barrido profundo a la administración heredada del período Petro, traducido en la renuncia y retiro de decenas de funcionarios desde la llegada de De la Espriella al poder.

Tras este descalabro, la decisión de la nueva administración es rescatar a la compañía y devolverle el rumbo a la exploración hidrocarburífera en el país. Todo esto, muy a pesar y para el pesar de los petristas, de Irene Vélez y compañía, quienes pretendían que una petrolera dejara de buscar petróleo en nombre de la ideología. Prohibir la búsqueda de nuevos yacimientos en la empresa estatal no era transición: era condenarla a una muerte lenta en un país donde las cuentas públicas dependen vitalmente del crudo. Para Colombia, el petróleo representa divisas, regalías, recursos fiscales y exportaciones; asfixiar la producción energética no era salvar el planeta, sino destrozar el bolsillo y las finanzas externas de la nación.

Cuando el estado actúa pasan estas cosas

Fueron cuatro años en los que el gobierno de izquierda de Gustavo Petro se dedicó a hablar de paz con los bandidos; llamó a negociar a todo lo que oliera a narcotráfico, delincuencia, guerrilla y paramilitares. Los sentó en mesas de diálogo, les dio permisos para andar libres por la calle y para transportarse custodiados por el Estado, con licencia para delinquir. "Jugaron a los congelados", en palabras del propio comisionado de paz de ese gobierno, y los delincuentes crecieron como nunca antes había ocurrido en este país. La extorsión se disparó; los delincuentes se subían a tarimas con Petro y su senadora Zuleta a gritar arengas en Medellín, en un claro desafío a las autoridades y a la población. Fueron cuatro años horribles para la seguridad de Colombia que, gracias a Dios, llegaron a su fin.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En abril de 2025, mediante la Resolución Ejecutiva 091, el Gobierno reconoció a varios integrantes de esa organización como participantes del espacio de conversación sociojurídico. Ese reconocimiento permitía solicitar la suspensión temporal de órdenes de captura para facilitar su participación en el proceso. El Gobierno Petro incluyó a Bendito Menor dentro del proceso de paz con las ACSN y creó un mecanismo para solicitar la suspensión temporal de las órdenes de captura de los negociadores.

En abril de 2026, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución 120 del 29 de abril, aceptó un listado de 29 integrantes del Clan del Golfo/EGC para su traslado a Zonas de Ubicación Temporal. Entre ellos estaba su máximo jefe, alias “Chiquito Malo” (Jobanis de Jesús Ávila Villadiego). El Gobierno Petro solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura mientras se realizaba el traslado y permanecían vinculados al proceso. Mientras se desarrollaban esos procesos de paz, organismos como la Defensoría advertían que el Clan del Golfo seguía expandiéndose territorialmente y realizando actividades ilegales. Se le señalaba de participar en: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, control territorial, transporte de armas y drogas y, según la Defensoría, movilidad de personas secuestradas.

La llegada al poder de Abelardo de la Espriella trajo consigo una nueva forma de gobernar en la que se acabó la fracasada "Paz Total" de Petro, cuyo arquitecto era su pupilo Iván Cepeda. Abelardo, en una franca lid contra la delincuencia, le ha pedido a las Fuerzas Militares arreciar operaciones contra estos bandidos que fueron consentidos durante cuatro años por el gobierno anterior. Esto conllevó a la caída de múltiples objetivos que, al parecer, eran protegidos mientras el Estado permanecía paralizado frente a ellos. Desde las cárceles extorsionaron a la gente de bien ante la mirada esquiva de la administración saliente.

Abelardo ya movió a muchos de esos presos de su zona de confort: los mandó a vivir como lo que realmente son, unos bandidos y delincuentes. A otros los mandó en bolsas blancas al séptimo infierno, a buen recaudo de quien los reciba. Hacia las 11:30 p. m. del jueves 3 de septiembre, un comando especial ingresó a la vivienda de "Bendito Menor" en Riohacha. El operativo se prolongó durante varias horas y el delincuente murió durante el enfrentamiento junto a su pareja, "La Bebecita", y dos lugartenientes.

Cuando el Estado actúa, pasan estas cosas. En un solo mes, el gobierno de De la Espriella ha hecho más en seguridad que Petro en cuatro años: un cuatrienio frustrante para los militares en el que las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC se fortalecieron, pero que hoy ven cómo un gobierno les aplica mano dura. Ya han caído varias fichas que osaron desafiar al Estado y seguro vendrán otras en los próximos días; no les valdrá ni siquiera esconderse en Venezuela.

Las mariposas amarillas de Petro

Cada vez que aparecía Mauricio Babilonia, la casa se llenaba de mariposas amarillas. Mauricio estaba siempre en el grupo de los que rodeaban la casa, pero nunca entraba... Para el presidente Gustavo Petro, el afán de verse rodeado por mujeres jóvenes que lo adularan y acompasaran el clítoris con el cerebro lo llevó a integrar en su círculo cercano de poder a varias figuras femeninas que hoy resultan profundamente cuestionadas: «Las mariposas amarillas de Petro».

El término es el apelativo perfecto en el debate mediático y político reciente para señalar a este grupo de mujeres jóvenes, acusadas de conseguir alta influencia, cargos burocráticos o millonarios contratos estatales debido a su cercanía personal con el mandatario. El origen de la metáfora combina la poética garciamarquiana con el lenguaje mordaz del periodismo de opinión en Colombia. La polémica se intensificó hacia finales de agosto de 2026, cuando la presión pública obligó a retirar los costosos esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) que el Gobierno les había asignado de manera injustificada a varias de ellas.

El inventario del enjambre presidencial se despliega así:

• Vanessa Cortés: Empresaria que ganó notoriedad nacional tras ser grabada caminando de la mano con el mandatario durante un viaje oficial a Panamá. Tras revelarse que era la pareja sentimental del presidente —lo que al parecer le aseguraba asiento de primera fila en la diplomacia gubernamental—, la prensa documentó su presencia en múltiples giras internacionales, incluida la visita oficial al Vaticano. El escándalo se centró en el uso de la logística estatal: pasajes, viáticos y esquemas de seguridad cargados al erario sin que ella ejerciera un cargo público ni tuviera representación formal del Estado.

• Juliana Guerrero: Joven de 24 años considerada una de las figuras con más poder en el entorno presidencial, descrita en los medios por su meteórico salto «de una pensión a la Casa de Nariño». Pasó de ser una estudiante de origen humilde a ostentar una influencia omnímoda en el Palacio, escoltada de forma permanente por la UNP. En julio de 2026 debió apartarse de su cargo como representante del Presidente ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC) tras fuertes denuncias de tráfico de influencias, el presunto direccionamiento de decisiones internas y protestas estudiantiles que cuestionaban su idoneidad.

• Gabriela Muñoz: Activista y creadora de contenido vinculada al Pacto Histórico. Se vio inmersa en la controversia al denunciarse presuntas irregularidades en su contratación directa en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), donde carecía de la experiencia técnica necesaria para los objetos contractuales asignados, además de su vinculación a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) en el Congreso. La botín no paró ahí: su entorno familiar y allegados resultaron favorecidos con múltiples contratos estatales en un periodo récord. Al igual que Guerrero, contaba con un esquema de camionetas y escoltas de la UNP para particulares que le fue retirado tras el escrutinio público.

• María Masip Zawady («La Coco»): La más reciente en sumarse al foco de las investigaciones periodísticas. Se le señala de interceder ante altos funcionarios del Ejecutivo para facilitar la adjudicación de millonarios contratos a su círculo familiar y personas cercanas.

Otras figuras salpicadas en el entramado son:

• Verónica Guerrero: Hermana de Juliana Guerrero, señalada por denuncias periodísticas y de congresistas como el «puente» o intermediaria para gestionar contratos con distintas entidades estatales a cambio de presuntos beneficios económicos.

• Martha Elena Zawady Rodríguez: Prima de «La Coco». La investigación reveló que figura como adjudicataria directa de múltiples contratos públicos que superan los 230 millones de pesos, a pesar de que Masip Zawady no aparece formalmente como contratista de la Nación.

Las consecuencias éticas y penales ya empiezan a cercarlas. Algunas mariposas afrontan procesos en la Fiscalía General de la Nación por delitos como falsedad en documento; tal es el caso de Juliana Guerrero, procesada por la presunta utilización de títulos e información académica falsa para acreditar la idoneidad exigida en sus designaciones. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación mantiene abiertas indagaciones preliminares sobre los directivos de entidades como la Aerocivil y la UNP para determinar si incurrieron en faltas disciplinarias al flexibilizar perfiles o entregar bienes del Estado —como esquemas de blindaje de alto costo— a particulares desprovistos de los requisitos de ley.

García Márquez escribió que las mariposas amarillas acompañaban a Mauricio Babilonia. En el Macondo político de nuestros días, este revoloteo parece haber encontrado un néctar bastante provechoso alrededor del poder. La metáfora literaria puede ser hermosa; la realidad, en cambio, exige algo más que poesía: contratos, documentos, explicaciones y responsabilidades. Porque mientras en la novela las historias quedan atrapadas en los pergaminos de Melquíades, en la Colombia de hoy todavía estamos a tiempo de descubrir quiénes simplemente revolotearon y quiénes realmente devoraron lo público desde el poder.