Hacen paro por la salud, pero militan en la enfermedad

En estos días, el presidente Gustavo Petro parece decidido a dar la estocada final al agonizante sistema de salud colombiano. Su cínico estribillo del "shu, shu, shu" se materializa ahora en un modelo de intervención asfixiante sobre las grandes EPS y en una negativa rotunda a saldar deudas que podrían dar un respiro al sector. Petro añade a su extensa bitácora de improvisaciones técnicas —y a los crónicos desaciertos de su gestión— el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS. Esta entidad naufraga en un limbo desde hace dos años; un tiempo en el que el Gobierno ha sido incapaz de rescatarla o liquidarla, prefiriendo aferrarse a la burocracia mientras el deterioro se profundiza.

Como "cereza" de este pastel rancio, surge el nombramiento de Daniel Quintero Calle como nuevo Superintendente de Salud. En términos castizos, Petro ha decidido poner a dos ratones a cuidar el queso. La Nueva EPS no solo sobrevive en una crisis financiera severa, sino que sus indicadores se han desplomado tras la intervención estatal: los costos devoran los ingresos (121%) y el patrimonio negativo ya alcanza los –$4,4 billones. Las quejas de los usuarios se han disparado hasta un 564% en algunos territorios. La pregunta es inevitable: ¿Pretenden que solucione este desastre alguien imputado por corrupción durante su paso por la Alcaldía de Medellín?

El nuevo modelo de salud del magisterio, manejado por el FOMAG, cambió la forma de contratar servicios médicos. Pero en la práctica, los resultados han sido otros: demoras en citas, entrega tardía de medicamentos y, en algunos casos, interrupción de tratamientos. Como ya es costumbre en este gobierno, la improvisación termina pasando factura. Entre los problemas más críticos están las fallas en la contratación de clínicas y hospitales, redes de atención incompletas y un arranque desordenado del sistema. Este es, precisamente, el modelo que Petro ha planteado como piloto para una implementación a nivel nacional.

El nuevo sistema se ha convertido en una enfermedad crónica para los maestros. Lo que fue presentado como una solución ha profundizado la crisis del modelo de salud. El problema se agrava con denuncias sobre manejo de recursos, posibles irregularidades en los prestadores y múltiples investigaciones en curso. Los maestros hoy protestan porque el sistema no está funcionando en la práctica, especialmente en términos de acceso y calidad del servicio. Paradójicamente, le hacen paro al mismo gobierno que ayudaron a elegir, aunque siguen respaldando un modelo político que los mantiene en esta situación.

En este "sancocho" administrativo —cocinado entre los más de 65 viajes presidenciales al exterior—, la llegada de Quintero completa el "trío mágico" junto a Ospina y Jaramillo. Una designación puramente política, radical y de votos, carente de cualquier rigor técnico. Quintero desembarca sin experiencia en el sector, sin independencia y cargado de cuestionamientos éticos. Es la burla final de un gobierno que prometió cambio y solo ha entregado un retroceso decorado con retórica.

Mientras tanto, los maestros salen a las calles a protestar por el modelo de salud que se les impuso, pero continúan del lado del mismo gobierno, apoyando sin mayores reservas un proyecto político en el que, al parecer, quienes sí “viven sabroso” son sus líderes sindicales.

El Dictador de "TEMU": Entre el guayabo y la Constituyente

Gustavo Petro finalmente se ha graduado como un dictadorcito de izquierda, pero de TEMU. Un personaje con ínfulas de superioridad que cree que ostentar el título de presidente lo convierte en el todopoderoso de una nación. Parece que a Gustavo se le olvida, muy convenientemente, que en Colombia nos regimos por una Constitución que enmarca en tres ramas del poder la convivencia del Estado Social de Derecho. Para Petro, ser el presidente le otorga el derecho divino de pontificar sobre lo humano y lo divino: desde el pene y el clítoris hasta Shakira. Incluso le da el descaro de irse en contra del Petro de 2014, aquel que bramaba porque lo destituía una autoridad no penal, sosteniendo que solo un juez de esa categoría podía remover a funcionarios elegidos por voto popular. ¡Qué corta es la memoria cuando se tiene la banda presidencial cruzada!

Como de costumbre, sus consejos de ministros son un circo mediático. Su modo de "transmitir información" ante sus colaboradores y subalternos es la antítesis de un buen liderazgo; es, más bien, el monólogo de un capataz que se escucha solo a sí mismo. Aun así, para muchos, Petro y su verborrea siguen siendo objeto de adoración ciega, alimentada por el odio hacia Uribe. Dos "pecuecas" que le hacen un daño incalculable al país, manteniéndonos sumidos en una falsa dicotomía: o con uno o con el otro, mientras el país se hunde.

En su último consejo de ministros, Petro soltó frases que no deberían pasar inadvertidas. Ya nos ha "deleitado" con discursos sobre la Constituyente, sobre acompasar el clítoris con el cerebro, sobre sus andanzas con Linda Yepes y otras barbaridades que solo caben en su realidad paralela. Esta vez, el blanco fueron los alcaldes y gobernadores, a quienes amenazó con la cárcel si no actúan frente al impuesto predial. Según su interpretación acomodada, la Constitución le permitiría remover mandatarios locales si no responden a la crisis de la manera que él desea. Para Petro, simplemente no existe la separación de poderes ni los límites presidenciales frente a autoridades elegidas.

Además, insistió en que los sectores políticos y terratenientes están instrumentalizando las protestas campesinas, reforzando ese desgastado discurso de confrontación “élite vs. pueblo” que tanto rédito le da para dividir a la opinión pública.

El atuendo de este reciente consejo no podía ser más diciente: gorra y gafas oscuras, como si intentara ocultar la “maluquera” de un guayabo tras pasar hasta las tres de la mañana disparando mensajes en redes sociales —incluyendo montajes de IA de Trump tocando en una orquesta—. Una imagen que destila cualquier cosa menos respeto por la institución que representa.

Este país nunca imaginó el daño tan grande que se hacía eligiendo a un tipo de la calaña de Petro. Una oportunidad de cambio tirada a la basura, empañada por las mismas prácticas que tanto criticó. Ahora, su único plan de gobierno parece ser mencionar a Álvaro Uribe Vélez para justificar sus ganas de quedarse cuatro años más en el poder, buscando una Constituyente que le permita la reelección. Rodeado de personajes como Bonilla, Carlos Ramón González, Velasco, el pastor Saade y Benedetti, Petro busca consolidar a Colombia como su pequeño imperio dictatorial; ese capricho que ni siquiera su némesis, Uribe, logró concretar del todo.

La "paz total" del progresismo: una parranda de impunidad y cinismo

Esta semana se destapó el más reciente escándalo que golpea las políticas del gobierno de Gustavo Petro, un episodio que parece confirmar que la cadena de controversias no tiene fin —o, al menos, que no disminuye con el paso del tiempo—. Todo esto luego de que, dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se realizara una parranda vallenata con música en vivo, la presentación de Nelson Velásquez, abundante licor, comida tipo catering y la presencia de múltiples internos y visitantes.

Lo más grave es que el evento tuvo lugar en un pabellón donde están recluidos cabecillas criminales, varios de ellos designados como “gestores de paz” por el propio Gobierno.

Petro ha logrado que su política de “paz total” se supere cada día… pero como un fracaso. Sin embargo, esto no parece indignar a un país que, inexplicablemente, estaría dispuesto a otros cuatro años del mismo rumbo. Total, es difícil que la abeja le explique a la mosca por qué la miel es mejor que la basura.

En la parranda, acompañada por Nelson Velásquez, estaban personas condenadas por delitos graves, que hoy participan en procesos de paz con el Estado. La escena, más que simbólica, resulta insultante.

Este episodio pone la lupa sobre la llamada paz total y cuestiona los beneficios otorgados a criminales convertidos en “gestores de paz”. También deja serias dudas sobre el control del Estado en las cárceles y aumenta la presión mediática sobre el Gobierno, aunque, al parecer, sin mayores consecuencias políticas para quienes aspiran a continuar este proyecto por cuatro años más.

El sucesor de Petro dentro del llamado progresismo reaccionó rechazando lo ocurrido. Afirmó que los hechos son inaceptables y que deben ser investigados y sancionados. Sin embargo, no hubo una sola palabra de responsabilidad política del Gobierno. Para Iván Cepeda, arquitecto de este modelo, la prioridad sigue siendo la defensa de la paz total. Insiste en que este escándalo no puede deslegitimar el proceso y que el diálogo con estructuras criminales sigue siendo necesario.

Para los progresistas, el problema nunca es propio, sino del sistema. Olvidan, convenientemente, que hoy el sistema son ellos.

Petro le prometió al país que íbamos a “vivir sabroso”. Hoy, quienes realmente viven sabroso son los bandidos bajo este modelo de gobierno. Viven sabroso figuras cuestionadas, aliados incómodos y políticos que, hace no mucho, eran blanco de críticas del propio petrismo. El caso de Armando Benedetti es emblemático: pasó de ser señalado a convertirse en referente, incluso con aspiraciones de poder regional. Lo que antes parecía impensable hoy se normaliza.

La parranda de los llamados gestores de paz no es un hecho aislado. Es la evidencia de quiénes están viviendo sabroso en Colombia, de cómo se ha erosionado la confianza pública y de por qué este modelo de paz, lejos de consolidarse, se percibe cada vez más como un fracaso.

El Recetario del Naufragio: Análisis Técnico de las Promesas de Iván Cepeda

La campaña presidencial de 2026 calienta motores y, con ella, el desfile de promesas que pretenden redimir al país o, más probablemente, hundirlo definitivamente. Bajo la premisa innegociable de que el Estado colombiano es un ente obeso, derrochador y crónicamente ineficiente, es imperativo pasar por el tamiz técnico —y no solo político— las propuestas del progresismo, encarnado esta vez por Iván Cepeda Castro. No se trata de antipatía ideológica, sino de aritmética básica y realismo institucional. A continuación, diseccionamos cinco de sus propuestas estrella, verdaderas bombas de relojería para el futuro económico e institucional de Colombia.

1. La Asamblea Constituyente: Jugar a la Ruleta Rusa con las Instituciones: El programa de Cepeda no se anda con rodeos: propone una "Mesa de Diálogo Nacional" para redefinir el modelo económico y social, advirtiendo que los mecanismos de implementación podrían incluir una Asamblea Nacional Constituyente. No es una lectura entre líneas; es una amenaza directa estampada en papel.  Desde una perspectiva técnica, invocar una Constituyente es el equivalente a prenderle fuego a la casa para redecorar la sala. El impacto inmediato es la parálisis de la inversión debido a una incertidumbre jurídica absoluta. ¿Quién arriesga capital en un país que está reescribiendo sus reglas del juego fundamentales? Sumemos a esto el desorbitado costo económico de los procesos institucionales y la traumática transición burocrática. Una Constituyente se sabe cómo empieza —con promesas de utopía—, pero la historia latinoamericana reciente nos enseña dolorosamente cómo termina. Es un riesgo ALTO e innecesario que Colombia no puede permitirse.

2. Profundizar la Reforma Agraria: La Eterna Sinfonía del Voluntarismo sin Técnica. Nadie en su sano juicio se opone a que los campesinos tengan tierra; el objetivo es legítimo y necesario. El problema, como siempre con la izquierda, no es el 'qué', sino el 'cómo'. Cepeda propone mecanismos que implican una redistribución forzosa. Técnica y jurídicamente, esto es un nido de avispas: el Estado debe arrebatar la tierra a alguien que ya la ostenta, detonando conflictos legales y sociales que pueden arrastrarse por décadas.  Además, figuras como las Zonas de Reserva Campesina imponen restricciones severas sobre el uso futuro de la tierra, lo que en la práctica desincentiva la inversión de capital en el agro. La historia económica es terca: la prosperidad rural germina con propiedad segura, titularidad clara y derechos transferibles, no con repartos condicionados y restricciones colectivistas. Esta propuesta depende al 100% de un diseño técnico impecable, un 'commodity' que escasea profundamente en el progresismo, donde la improvisación es la norma. Ya lo vimos con el desastroso modelo de salud para los maestros: un fracaso técnico absoluto bajo la administración Petro que Cepeda, sin duda, replicaría en el campo.

3. Prohibir el Fracking y Asfixiar la Gran Minería: El Suicidio Fiscal Programado. 

"Transición energética" es el mantra de moda. Nadie está en contra de las energías limpias, pero en el mundo real, la velocidad y el orden importan. Cepeda insiste en la ruta del prohibicionismo. El dato técnico que parece ignorar es que hoy, los hidrocarburos financian aproximadamente el 35% del presupuesto nacional.  Nuevamente, la improvisación ideológica aplasta a la planificación económica. Prohibir el fracking y restringir la gran minería sin tener fuentes alternativas de ingresos fiscales y de exportaciones ya consolidadas es, simplemente, un suicidio económico. Esta propuesta solo es viable en el metaverso del progresismo, no en una Colombia que depende de estas rentas para no declararse en quiebra. Es otra demostración de que Cepeda y Petro habitan en un plano de la realidad donde las facturas se pagan con buenas intenciones, no con divisas.

4. Más Control Estatal en Salud: El Anhelo de Resucitar el Seguro Social:  Esta propuesta es el sueño húmedo de Petro y de toda la izquierda colombiana: el retorno al monopolio estatal de los recursos de la salud. Si bien el sistema actual tiene fallas reales que requieren corrección, la solución técnica no es vaciarlo en el Estado.  Cuando el Estado administra directamente sin competencia privada, desaparecen los incentivos de eficiencia y calidad. Una EPS privada, en teoría, compite por pacientes y tiene razones económicas para mejorar su servicio; una entidad burocrática estatal no tiene incentivos, pues el usuario está cautivo. La experiencia regional con sistemas 100% estatales se resume en: listas de espera interminables, corrupción rampante y calidad ínfima. El modelo Cepeda-Petro nos lleva directos a un nuevo Instituto de Seguros Sociales, un botín burocrático para que los políticos canjeen citas médicas por votos.

5. Continuar la "Paz Total": Negociar el Territorio con los Criminales: La narrativa de Cepeda es simple: nadie quiere la guerra. Pero la técnica de la seguridad dice otra cosa. El problema de su "Paz Total" es negociar sin exigir que los grupos armados entreguen el control territorial real. Mientras el ELN o las disidencias mantengan su presencia en los municipios, seguirán cobrando "vacunas" a campesinos y empresas, regulando quién entra o sale y controlando la economía local. Esto es, técnicamente, un impuesto ilegal que asfixia el desarrollo. La paz sostenible y la prosperidad económica requieren que el Estado —y solo el Estado— detente el monopolio de la fuerza y el control del territorio. Sin esa condición de seguridad mínima, la inversión privada jamás llegará. Este ha sido el gran fracaso de Petro, y con Iván Cepeda, el "arquitecto" de esta política al volante, ya sabemos para dónde va el país. Como dicen popularmente: de culo para el estanco.

La Aeronáutica del Delirio: Petro, sus Loros y la Memoria Selectiva

Se ha impuesto en el país una tónica soporífera y peligrosa: lo que dice Gustavo Petro, sus petristas lo repiten por ósmosis, sin pasar por el filtro del raciocinio. La ley del mínimo esfuerzo intelectual. Así ocurrió con el estúpido mantra de que, si le quitaban la "i" a la palabra "ilegal", esta se volvía "legal". Pura sofistería de guardería. O cuando Petro, en un acto de cinismo puro, culpó de la muerte del niño Kevin a una bicicleta, y no a la Nueva EPS, intervenida por este gobierno derrochador y populista, que negligentemente no le había entregado los medicamentos para su tratamiento.

Hoy, la nueva perorata del inquilino del palacio —quien cada vez más da muestras de un delirio preocupante— es que el avión que trágicamente se accidentó en el Putumayo era una "chatarra" que volaba por los cielos de Colombia. El mismo avión que prestaba servicio a las FF.MM. que él, supuestamente, dirige. Al hacerlo, contradice a quienes sí saben de aviación, incluyendo a su propio y timorato Ministro de Defensa y al Comandante de la Fuerza Aérea. Pero, ¿qué importan los datos cuando se tiene un micrófono y un ego colosal?

La vida útil de un avión como el Lockheed C-130 Hércules no se mide por la fecha de nacimiento en el calendario, sino por horas de vuelo y rigor en el mantenimiento. Están diseñados para volar aproximadamente 45.000 horas, lo que puede equivaler fácilmente a 40, 50 o incluso más de 60 años de servicio. De hecho, muchos C-130 en el mundo siguen operando tras medio siglo porque fueron hechos para durar si se mantienen bien. El avión accidentado fue fabricado en 1984; es decir, tenía alrededor de 42 años de antigüedad. Pero en horas de vuelo, llevaba poco más de 10.000, una cifra que dista mucho de ser el límite para este tipo de aeronave. En estos pájaros de acero, el mantenimiento, el reemplazo de piezas críticas y las revisiones estructurales importan más que la edad. Un C-130 vuela décadas con overhauls periódicos.

Sin embargo, el mandatario, en otro arranque de genialidad ignorante, afirmó que Colombia no debería operar aeronaves de más de 40 años. Cuestionó la calidad llamándola una especie de "regalo muy costoso y malo" (refiriéndose a equipos donados). Esto, a pesar de que al principio había ladrado que el gobierno de Iván Duque los había comprado. Tanta es la ignorancia que hoy dice que no se pueden recibir regalos viejos.

Curioso que Petro se posicione como experto en chatarras cuando, siendo alcalde de Bogotá, compró una flota de camiones de basura que literalmente resultaron siendo los desechos desechados de otras ciudades. Lo que Petro no repite —y sus loros callan— es que cuando fue alcalde se compraron compactadores usados que fallaron de inmediato en medio de la improvisación. Adquiridos a través del Acueducto de Bogotá desde EE. UU. (flota reacondicionada), por una cifra que rondó entre los $76.000 y $80.000 millones de pesos por unos 276 camiones. El cambio climático de su ego nos costó una fortuna.

Jugar con el poder es fácil, sobre todo cuando se cuenta con una nómina estatal amplia y una chequera llamada "Estado". En eso consiste el populismo: decisiones que no se logran frenar porque lo posicionan bien ante un fanatismo al que no le importan las razones. No entendemos en qué momento de estos cuatro años de desgobierno, lo que pase en el Gobierno Petro será responsabilidad de Petro, y dejará de ser culpa de Duque (quien, dicho sea de paso, es el único culpable de que este personaje de izquierda llegara al poder). Mientras tanto, Petro sigue desatado en redes con sus comentarios mordaces que hacen eco en quienes repiten, como loros amaestrados, que el avión cayó por chatarra. Lo repiten sin esperar la investigación, y omitiendo convenientemente que Petro también recibió aviones donados de EE. UU. en el mismo convenio.

Un país de ciegos y sordomudos

Lo que ocurre en Colombia actualmente no es nada diferente a lo que ha pasado a lo largo de más de 200 años de vida republicana: un gobierno rodeado de corruptos que pasa de escándalo en escándalo; un presidente que prometía un cambio en el país y nos devolvió al pasado, a las épocas en las que viajar por carretera era un deporte extremo, donde los bandidos mandan ante la mirada ciega de quienes deben proteger al país.

Un gobierno apoyado por nuevos clanes, como el clan Torres en el Atlántico, quienes con dinero y astucia han hecho desaparecer a los clanes Name, Cepeda y otros más. Un gobierno apoyado por Armando Benedetti, quien hoy, orondo, dice que aspira a ser el próximo alcalde de Barranquilla —Dios no lo permita jamás—, respaldado además por el arquitecto de lo que inició como una “mochila” de partidos políticos que conformaron el llamado Pacto Histórico en 2022, Roy Barreras. Un gobierno con ministros presos en cárceles, como Bonilla y Velasco; otros huyendo en Nicaragua, como es el caso de Carlos Ramón González, quienes han hecho lo mismo que tanto criticaron: comprar congresistas y sacar adelante reformas fallidas para el país.

Hoy en el país hay tal polarización que un personaje como Iván Cepeda, cuyo único mérito a destacar es haber contribuido a que Álvaro Uribe enfrentara procesos judiciales, sea quien puntea en las encuestas presidenciales. Y, del otro lado, un outsider con ínfulas de Bukele. Son ellos quienes hoy, según esas firmas encuestadoras, tienen la mayor probabilidad de ser presidente y suceder al nefasto Gustavo Petro. Un presidente que se ha peleado con todo lo que huela a institución y que gobierna vía redes sociales, como lo hacía su némesis Álvaro Uribe: dos enfermedades que padece Colombia y que muchos sufren con gusto. Incluso son capaces de vender el voto a mochileros en el Atlántico, apoyados por el delincuente y condenado Bernardo Hoyos, quien sumió a la ciudad de Barranquilla en un desastre del que, gracias a Dios, se ha podido salir.

Iván Cepeda nunca imaginó siquiera ser candidato a presidente. Su retórica no le da para hablar de algo diferente a Álvaro Uribe Vélez, las FARC o el ELN; gira siempre sobre lo mismo. Sin embargo, hoy, impulsado por las políticas populistas de este gobierno, que en cuatro años no hizo mucho —o quizá no hizo nada—, aparece como opción. Su ejecución del presupuesto estuvo siempre dirigida a engordar una nómina estatal. Para el Petro derrochón, no importa que el número de empleados públicos pasara entre 2023 y 2024 de 889.000 a 916.000, es decir, 27.000 personas más (3%). Tampoco que los contratos por prestación de servicios pasaran de 11.851 en 2022 a 18.685, un aumento cercano al 57%. Como suelen hacerlo los gobiernos de izquierda: mantener el poder mediante burocracia y contratación; de ahí su fuerza electoral.

En este país no importan los datos o los hechos. El colombiano no vive de cifras sino de momentos: vive del populismo, impregnado hace unos años por Uribe y hoy por Petro, quien se atrevió, en el último año de su gobierno, a hacer un aumento desproporcionado y sin fundamentos reales del salario mínimo. Eso sí, algo que aplaude lquienes viven del salario minimo. Total, hay más pobres que ricos, y eso la politiquería lo sabe. Saben que el colombiano es ciego y sordomudo: capaz de no mirar escándalos o las altas cifras de inseguridad; sordo para escuchar razones y mudo para decir algo frente a lo que ocurre. Eso sí, colombianos “shakiros”: ciegos, sordomudos, pero felices mientras estén “viviendo sabroso” con un salario de dos millones de pesos. ¿Qué importa la salud y cómo Petro ha dejado que el “shu, shu, shu” se la lleve por delante?

El fenómeno Oviedo

Pasaron las elecciones al Congreso y con ellas las consultas presidenciales. El gran ganador al Congreso fue el partido del presidente Gustavo Petro, con 25 senadores y 40 representantes. Otro ganador fue el expresidente Álvaro Uribe, quien supo capitalizar con 17 senadores y más de 20 representantes a la Cámara con su partido Centro Democrático.

Pero en las consultas se dio la gran sorpresa en la llamada Gran Consulta por Colombia. El economista y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, sin maquinarias y a pura opinión, saldó su cuenta con más de un millón doscientos mil votos, una cifra nada despreciable entre nueve candidatos que buscaban capitalizar opinión, como la derrotada Vicky Dávila, o políticos sin base electoral sólida como David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

Juan Daniel Oviedo pasó de ser un técnico del Estado a convertirse en un actor político con notable visibilidad en Colombia. Se volvió conocido porque dirigió el DANE durante el gobierno de Iván Duque, donde se posicionó como un técnico serio, un buen comunicador de datos y, sobre todo, como una figura independiente de los partidos tradicionales. Su apoyo se concentra en clases medias urbanas, jóvenes profesionales y votantes independientes: ciudadanos cansados de la polarización que domina el debate público. Ese mismo fenómeno ya se había visto cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá, donde obtuvo un resultado fuerte para alguien sin maquinaria política.

Oviedo proyecta una imagen limpia. No tiene escándalos de peso, utiliza un lenguaje claro y explica la política con datos. No polariza. No está asociado ni completamente a la izquierda ni a la derecha. En un país marcado por la confrontación entre figuras como Gustavo Petro y su oposición, ese perfil termina atrayendo a votantes moderados. Hay una parte del electorado que quiere política basada en datos y gestión, no solamente en ideología. Sin embargo, el sistema político colombiano sigue premiando más la maquinaria que la tecnocracia.

Este domingo 8 de marzo, una Colombia cansada de los odios y de los extremos le gritó al país que es posible tener una figura que no polarice y que, por el contrario, sume. Oviedo parece entender que el país se construye entre distintos. Muy distinto a lo que hoy ocurre con el gobierno de Petro, radicalizado y atrincherado en sus banderas rojas —como él mismo las llama— o en una izquierda recalcitrante que duele en el estómago y en los intestinos, que piensa con el páncreas y que utiliza un lenguaje excremental para referirse a todo aquello que no está con ellos.

Como parte del fenómeno en el que se ha convertido, Oviedo partía con gran empatía entre muchos colombianos que quieren apostar por un país lejos de la destrucción del sistema de salud, del derroche estatal en contratos y de una nómina gubernamental inflada por Gustavo Petro para saciar su apetito burocrático y político. Hoy Petro parece dar cabida a cualquier adulador sin importar qué tenga en la cabeza; lo único que importa es ser petrista.

Oviedo es hoy candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia. Allí entendieron que el país se construye entre distintos. Sola, Paloma difícilmente podría llegar a una segunda vuelta. El desafío para esta dupla es ahora superar al llamado fenómeno Abelardo, una expresión de extrema derecha que ha venido ganando espacio y adeptos en un país cada vez más polarizado, que sigue creyendo que la solución es uno o el otro y que aún no entiende que todos cabemos en él, sin necesidad de pasar por encima de quien piensa distinto.

El verdadero fenómeno Oviedo no está solo en el millón largo de votos que obtuvo, sino en lo que esos votos representan. Son el reflejo de una Colombia cansada de gritos, de trincheras ideológicas y de políticos que solo saben gobernar para los suyos. En medio de una política que insiste en dividir al país entre buenos y malos, entre izquierda y derecha, aparece una señal distinta: la de ciudadanos que quieren menos rabia y más razón, menos consignas y más gestión. La pregunta ahora no es si Oviedo es un fenómeno electoral pasajero. La verdadera pregunta es si la política colombiana será capaz de escuchar a esa Colombia que está pidiendo, silenciosamente, una forma distinta de hacer política.

El Congreso que viene

Llegaron las elecciones al Congreso de 2026: una fiesta democrática en un país que sabe de marañas, fraude y de votar emberracado; un país que vive una de las peores polarizaciones de sus más de 200 años de vida republicana. Todo esto ocurre en medio de un gobierno que le da gasolina y vida a su proyecto político con medidas populistas que se repiten y difunden por redes sociales, incluyendo una política que parece diseñada para alimentar su propia vanidad, tal como lo hacía Iván Duque con su programa de televisión de las seis de la tarde.

Para las elecciones legislativas de Colombia del domingo 8 de marzo de 2026, en las que se elegirá el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, quedaron inscritos 3.144 candidatos en total, después de ajustes y revisiones del proceso electoral. Son 1.078 candidatos al Senado de la República y 2.066 a la Cámara de Representantes. En las elecciones de este domingo se elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Será, además, la primera elección posterior al acuerdo de paz con las FARC sin curules aseguradas para ese grupo, hoy aliado políticamente con Carlos Caicedo en su intención de llegar al Senado.

Gustavo Petro, por medio de su gobierno, ha tomado decisiones que influyen directamente en el proceso electoral. Como el mal estudiante que no hace nada durante todo el año escolar, a Petro parece ocurrirle lo mismo: tres años después de un gobierno marcado por el fracaso de la “paz total”, múltiples escándalos de corrupción y un hijo imputado y procesado por varios delitos relacionados con dinero ilegal y presunta corrupción. Entre ellos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por dinero ilegal recibido, así como presuntos actos de corrupción en contratos públicos en el Atlántico cuando era diputado. Aun así, hoy es capaz de subir el salario mínimo por decreto en un aumento sin sustento real, pero muy conveniente frente a lo que sabe que viene, con un arquitecto electoral llamado Armando Benedetti.

Este domingo es probable que el partido de Petro obtenga más de 17 senadores; ojalá no supere la cifra de 20. Lo hace con una lista cerrada en la que los electores votan por el Pacto sin saber necesariamente quiénes están dentro. Entre los candidatos cuestionados de la lista al Senado del Pacto Histórico aparecen nombres como Álex Flórez, senador actual que fue suspendido por la Procuraduría tras un escándalo en un hotel de Cartagena en el que insultó a policías estando en estado de embriaguez. La Comisión de Ética del Senado también lo sancionó por su comportamiento. También está Pedro Flórez, senador cercano al llamado “Clan Torres” del Atlántico, una estructura política regional que ha sido objeto de críticas. Otro nombre es el de Walter Rodríguez Chaparro, conocido como “Wally”, influenciador político que aspira al Senado y que ha estado en polémicas por dudas sobre certificados laborales utilizados para contratos públicos y por una investigación relacionada con un viaje de influenciadores en un avión oficial. Igualmente figura Laura Cristina Ahumada, esposa de un alcalde suspendido de Barrancabermeja, cuya candidatura ha sido cuestionada por posibles vínculos con esa administración local.

En medio del debate también hay candidatos valiosos que pueden hacer mucho por este país. Mi invitación es a votar por las listas de Dignidad y Compromiso en todos los departamentos. En el Senado votaré por Jorge Robledo, elegido diez veces como el “mejor senador de Colombia” según el Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos, una encuesta realizada entre líderes de opinión como académicos, empresarios, periodistas y dirigentes sociales.

A elegir este domingo, pero sobre todo a hacerlo con conciencia, por un país que no aguanta cuatro años más de esta debacle de gobierno populista ni cuatro años de un uribismo que sueña con volver al trono que tanto le gusta y que perdió, paradójicamente, por un DJ.

Entre dos malos candidatos, cuando la emoción reemplaza a la razón

Las recientes encuestas en la carrera presidencial siguen mostrando en la punta al senador Iván Cepeda, quien no se cansa de llenar plazas públicas con un discurso repetido en el que siempre menciona a Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos; un discurso que cala y que lleva al país a pensar más con el hígado que con la razón.

Lejos, en segundo lugar, aparece un outsider: un abogado muy cuestionado que, con su discurso de extrema derecha, atrae votos en cantidad entre quienes sienten que Petro y la izquierda son lo peor que le ha pasado al país.

Lastimosamente, la oposición política al gobierno de Petro no ha sabido capitalizar todo lo negativo que ha ocurrido durante esta administración. La corrupción que rodea al presidente y a su círculo cercano, con escándalos como el de la UNGRD, así como numerosas controversias y casos de presunta mala gestión dentro del gobierno y la contratación pública, han marcado el periodo. Los medios han contado más de veinte escándalos que han golpeado a la administración.

La política de “Paz Total” ha sido señalada por sus críticos como un fracaso, y esto —según esa visión— ha permitido que organizaciones criminales y narcotraficantes ganen terreno en distintas regiones del país, generando una sensación de inseguridad comparable a la de los años noventa. La ONU ha emitido alertas por el aumento de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos en zonas rurales, reportando desplazamientos y acciones de grupos armados. Esto ha alimentado el debate sobre los resultados reales de la política de paz.

Sin embargo, el país —o al menos la opinión pública que reflejan las encuestas— sigue inclinándose por los extremos. Hoy parece imponerse el extremo que gobierna, con una nómina estatal robusta y cuestionamientos por contrataciones aceleradas antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Colombia lleva años atrapada en una dinámica de “antiuribismo vs. antipetrismo”. Cuando la sociedad se polariza, el centro pierde fuerza; los discursos moderados se perciben como tibios. Las encuestas iniciales suelen medir quién activa más emociones, no necesariamente quién es más viable electoralmente.

Los candidatos de los extremos hablan en términos más directos y señalan enemigos claros. El país parece moverse entre Uribe y Petro, con un claro ganador en este momento: el senador Iván Cepeda. El centro, por su parte, suele proponer reformas técnicas, consensos y gradualidad, pero eso no genera la misma pasión. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan posiciones fuertes en extremos ideológicos distintos. Son figuras altamente ideologizadas que podrían terminar gobernando principalmente para su base. Tendrían dificultades para construir consensos en el Congreso —como ya lo ha evidenciado el actual gobierno—, lo que aumentaría la confrontación política.

Dos malos candidatos, en el caso de Cepeda, su trayectoria ha sido principalmente legislativa, no ejecutiva. En el caso de De la Espriella, su perfil ha sido más jurídico y mediático que de gestión pública. En un país dividido, eso genera temor en votantes moderados. 

Es importante recordar que aún estamos lejos de las elecciones. Muchas personas no han tomado una decisión definitiva. El centro suele fragmentarse al inicio y consolidarse después. En elecciones pasadas ocurrió algo similar: al comienzo puntean figuras fuertes, pero el escenario cambia cuando se definen alianzas.  Aún queda espacio y tiempo para que emerja una figura distinta que una al país en lugar de seguir fragmentándolo. Estos dos malos candidatos no deparan nada bueno para Colombia.

Diplomas irregulares y millones públicos

El escándalo que rodea a la Fundación Universitaria San José parece no tener fin. Una institución que alcanzó notoriedad nacional tras otorgarle un título profesional a la consentida del petrismo, Juliana Guerrero, en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad de dicho diploma. Títulos que, por demás, no han derivado en un proceso sancionatorio serio ni ejemplar por parte del Ministerio de Educación, pese a la gravedad de los hechos.

La Fundación fue señalada por entregar un título profesional sin que la beneficiaria cumpliera los requisitos académicos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, obligación indispensable para graduarse en Colombia. La congresista Catherine Juvinao ha ido más allá y ha denunciado que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos con irregularidades a cientos de personas, principalmente funcionarios y contratistas del Gobierno nacional, lo que configura un patrón preocupante y no un hecho aislado.

Pero el problema no se limita al ámbito académico. También existen denuncias graves sobre la gestión de recursos públicos. La Fundación ha sido señalada por presuntos sobrecostos en contratos con la Gobernación del Magdalena, particularmente en la adquisición de kits escolares cuyo valor declarado estaría muy por encima de los precios del mercado. La expedición acelerada y presuntamente irregular de títulos ha llevado a que, en distintos medios, se refieran a la institución como una verdadera “fábrica de diplomas”: una percepción que no surge del capricho, sino de la reiteración de prácticas que ignoran los estándares exigidos a cualquier universidad seria.

En 2021, durante la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, se adjudicó a la Fundación Universitaria San José un contrato por aproximadamente $12.571 millones. El proceso correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objeto era apoyar a la Secretaría de Educación en un programa de alfabetización para población vulnerable en municipios como Aracataca, Plato, El Banco y Remolino. Sin embargo, entre los criterios de evaluación se incluyó la posibilidad de otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas —incluido japonés— con entidad certificada, además del inglés. Aunque la enseñanza de japonés no era obligatoria, sí representaba una ventaja competitiva en la evaluación, una decisión ampliamente criticada por su desconexión con la realidad del programa, dirigido a personas en proceso de alfabetización básica, cuya necesidad principal es aprender a leer y escribir en español. La inclusión de requisitos de este tipo puede ser defendible en otros contextos, pero aplicada aquí levanta serias dudas sobre la pertinencia técnica y social de los criterios utilizados. En el Magdalena, enseñar japonés antes de enseñar a leer bien en español no es progreso: es una distorsión de prioridades. Y cuando esa distorsión aparece dentro de un contrato millonario, la pregunta deja de ser pedagógica y pasa a ser política y ética.

La polémica se agravó en 2025, cuando se denunció un nuevo contrato adjudicado a la Fundación Universitaria San José por aproximadamente $13.609 millones, nuevamente para un programa de alfabetización que incluía la compra de kits escolares con presuntos sobrecostos escandalosos. Según las denuncias, cada kit habría sido facturado en alrededor de $310.000. No obstante, una cotización realizada por la congresista Catherine Juvinao en una papelería común arrojó que los mismos elementos —cuadernos, lápices, borradores, colores, reglas y sacapuntas— costaban cerca de $30.500. La diferencia es abrumadora: un sobrecosto cercano al 900%, es decir, casi $280.000 adicionales por cada kit.

A esto se suma otro dato inquietante: la Universidad Cooperativa de Colombia presentó una propuesta para ese mismo contrato por aproximadamente $7.874 millones, es decir, $5.700 millones menos que la oferta ganadora. Aun así, la adjudicación recayó en la opción más costosa, una decisión que siembra serias dudas sobre la transparencia, la racionalidad y la eficiencia del proceso de selección.

En un departamento donde miles de ciudadanos aún no dominan la lectura y la escritura en su propio idioma, introducir el japonés como criterio diferenciador en un programa de alfabetización no es innovación ni visión de futuro: es una señal de desconexión profunda con la realidad social. Cuando esa desconexión coincide con contratos millonarios, sobrecostos evidentes y un silencio institucional persistente, la discusión deja de ser educativa y se convierte en un asunto de responsabilidad pública. La Gobernación del Magdalena le debe al país algo más que explicaciones técnicas: le debe coherencia, prioridades claras y respeto por los recursos y la dignidad de quienes aún esperan lo básico.

Iván Cepeda y el poder del discurso vacío

Iván Cepeda, señalado como el candidato de Gustavo Petro para sucederlo, se ha convertido en una figura mediática y, en ocasiones, abiertamente victimizada. Su discurso se sostiene sobre una estrategia clara: la repetición temática. Cepeda vuelve una y otra vez sobre Álvaro Uribe y los falsos positivos, con poco contenido nuevo y con la persistente sensación de un relato circular alrededor de quien pasó de ser el hombre más amado del país al más odiado.

La memoria histórica es necesaria, pero cuando no se traduce en un proyecto de futuro, se convierte en repetición estéril. Un país no puede vivir únicamente del recuerdo de sus tragedias; necesita convertirlas en aprendizaje institucional y en acción concreta. Cepeda es más denuncia que propuesta. Sus discursos —siempre leídos— se concentran en la acusación moral y ofrecen escasa explicación sobre cómo evitar que los hechos se repitan, qué políticas públicas concretas los reemplazan o cómo estas se traducen hoy en mejoras reales. Así, su discurso termina siendo retórico, no operativo.

En las plazas públicas donde ha hecho política bajo la disciplina del gobierno —con buses repletos de asistentes— Cepeda apela de forma sistemática al pasado, no al futuro. Se centra en hechos históricos legítimos, pero ampliamente conocidos. De su parte hay poco relato sobre economía, empleo, productividad o la cada vez más degradada seguridad actual. Su discurso funciona para la base dura del petrismo, ese 30% fiel, pero no para convencer a nuevos sectores. Refuerza a quienes ya están de acuerdo, no dialoga con el contradictor y no amplía audiencia. Es un discurso identitario, no persuasivo.

Además, su narrativa carece de complejidad. Reduce fenómenos estructurales a esquemas simplistas: buenos contra malos, víctimas contra responsables. La lucha de clases y el lenguaje del resentimiento exasperan, pero resultan funcionales electoralmente en un país donde hay más pobres que ricos y donde el gobierno ha sabido conectar con las bases mediante subsidios, promesas de salarios mínimos inflados y la idea difusa de “vivir sabroso”. Todo esto moviliza emocionalmente, pero empobrece el debate público.  Un liderazgo que se define por su antagonista termina vacío de identidad propia. Cuando un proyecto político necesita permanentemente a su enemigo para existir, revela su fragilidad programática.

La memoria es indispensable para no repetir la historia. Pero un país no se gobierna solo con memoria. Se gobierna con ideas, con propuestas y con la capacidad de transformar el dolor en futuro. Cuando el discurso se queda anclado en la denuncia y renuncia a la construcción, deja de ser liderazgo y se convierte en eco. Un discurso vacío que Cepeda necesita leer siempre, cuidadosamente preparado, y que inevitablemente lleva el nombre de Uribe como eje, porque en esta época eso todavía genera votos. Cuando un líder necesita leer cada palabra, no es solo por rigor: es porque su discurso está pensado más para el expediente que para la ciudadanía.

Iván Cepeda no necesita declararse aliado de Nicolás Maduro para terminar jugando en el mismo tablero discursivo. Su silencio sistemático frente a la deriva autoritaria venezolana, combinado con una crítica obsesiva a las presiones externas y una lectura indulgente del colapso institucional, reproduce el libreto clásico del madurismo: desplazar la responsabilidad del poder hacia factores externos y diluir la noción de dictadura en explicaciones políticas convenientes. No es complicidad formal; es algo más eficaz: una convergencia ideológica que, por omisión, normaliza el autoritarismo mientras se disfraza de defensa de la paz y la soberanía.

Cepeda no ha sido miembro ni aliado de la guerrilla, y no existen pruebas judiciales que indiquen lo contrario. Sin embargo, su lectura del conflicto armado coincide en aspectos centrales con el pensamiento político que históricamente sostuvo la insurgencia: la explicación del conflicto como consecuencia casi exclusiva de la violencia estatal, la relativización de la responsabilidad guerrillera y el uso de un lenguaje heredado de la tradición revolucionaria latinoamericana. No es una cercanía orgánica, pero sí una convergencia ideológica que moldea su discurso público.

Este discurso vacío es también reflejo de una figura respaldada por la maquinaria y la chequera del Estado, con el beneplácito de quienes llegan en bus a las plazas y de los políticos de siempre, siempre listos para reorganizarse y mantenerse en el poder. Un país que con Petro no cambió, sino que fortaleció la corrupción y los mismos mecanismos estatales que se venían reproduciendo desde gobiernos anteriores. Basta observar quiénes hoy dirigen desde la Casa de Nariño. Benedetti es el botón de muestra.

De presidente, un charlatán

Gustavo Petro fue un buen senador; alguien que se hizo famoso por sus debates contra Álvaro Uribe y el paramilitarismo en las épocas en que estos gobernaron el país. Petro hace uso de una gran elocuencia: habla con seguridad y utiliza palabras complejas para proyectar experticia. Sin embargo, también recurre a la manipulación emocional; es capaz de detectar las necesidades o miedos de la gente —salud, dinero, afecto— y prometer soluciones rápidas que nunca es capaz de cumplir. Muchas de sus afirmaciones carecen de base técnica; se apoyan, en cambio, en testimonios sesgados o teorías de conspiración.

Un charlatán es, en esencia, una persona que utiliza la palabra para engañar, embaucar o vender algo que carece del valor prometido. Históricamente, el charlatán era quien vendía panaceas o medicinas milagrosas en plazas públicas. Prometían curar enfermedades terminales con brebajes que, en el mejor de los casos, eran agua con azúcar y, en el peor, sustancias tóxicas. Petro encaja perfectamente en esta definición; le queda como anillo al dedo. El uso de esa retórica compleja, elaborada y a menudo filosófica, le sirve para evadir preguntas concretas sobre cifras, presupuestos o resultados de gestión. En múltiples ocasiones, el presidente ha difundido datos en redes sociales o discursos que han sido desmentidos por expertos en energía, salud o economía, lo cual alimenta su etiqueta de "vendedor de humo".

Recientemente, el presidente participó en un acto oficial en el Hospital San Juan de Dios para anunciar su reapertura y un convenio para convertirlo en centro de investigación. No obstante, su discurso se desvió por completo, generando comentarios polémicos y fuera de lugar. Petro afirmó que no le interesaba lo que Donald Trump hiciera “en la cama” y añadió sobre sí mismo: “Hago cosas muy buenas en la cama… nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”. También lanzó una referencia religiosa poco convencional al decir que creía que “Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena”.

En el mismo evento, aseguró que los “hombres inteligentes son amados por las mujeres sin importar su físico” y usó ejemplos de conquista ajenos al propósito del acto. Criticó a la prensa llamándolos “periodistas chismosos” y mezcló cultura popular con juicios políticos, diluyendo el foco institucional. Esta conducta se suma a otras afirmaciones insólitas, como cuando dijo que los jóvenes que roban celulares lo hacen “por amor”, para evitar que sus novias los dejen.

El charlatán también señaló que, a su juicio, “es muchísimo mejor vivir en Cuba que en Miami”. Describió a Miami como una “fantasmagoría artificial” o una “lentejuela del capitalismo”, afirmando que carece de identidad y solo intenta imitar a La Habana. Según él, la cultura cubana compensa cualquier carencia frente al “tráfico y estrés” de Florida. Ante esto, incluso el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, calificó el discurso como “muy frustrante”, lamentando que se desviara la atención de la salud pública hacia asuntos personales e imprecisos.

En Colombia nos gobierna un charlatán. Pasamos del demagogo Uribe al charlatán Petro; ambos con discursos dañinos que profundizan las divisiones del país. Lo peor es que el panorama no parece mejorar: el sucesor de Petro podría estar en su misma línea, como Iván Cepeda, o en el extremo de los outsiders con el llamado "Tigre".

Ni garras, ni discursos leidos: el rigor de un profesor.

Colombia ha elegido a lo que llaman la derecha durante muchos años. Desde la época de Andrés Pastrana hasta Iván Duque, fueron quienes gobernaron a sus anchas el país. ¿Los resultados? Un país encolerizado, atizado por el odio que ellos mismos produjeron y que luego fue incendiado con un discurso excremental, reproducido y amplificado por Gustavo Petro y sus seguidores, los llamados petristas.

Petro le demostró a Colombia que no solo de discurso se puede vivir. Con la destrucción del sistema de salud, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la economía, el fracaso de la llamada “paz total” y la grave inseguridad que hoy vive el país, nos ha dejado claro que eso del “cambio” salió mal.

Hoy, increíblemente, aparece punteando en las encuestas presidenciales el candidato de Petro para seguir manteniendo el poder en manos de la izquierda: Iván Cepeda, cuyo único mérito ha sido haber logrado, a través de una denuncia, poner a Álvaro Uribe tras las rejas. Uribe, cuyo poder y capacidad de decisión le permitieron poner presidentes desde que él mismo lo fue. Después llegó Juan Manuel Santos por ocho años y, posteriormente, Uribe logró emberracar al país con el acuerdo con las FARC y el plebiscito, abriendo el camino para que Iván Duque fuera presidente. Precisamente esa mala jugada de Uribe permitió que, por primera vez en la historia, la izquierda extrema de este país, en manos de un exguerrillero, llegara a la Casa de Nariño.

Ver a Petro en sus alocuciones, en un país normal, produciría estupor e indignación. En Colombia produce risas, y para sus seguidores es la muestra de que Petro es su dios en la tierra: todo lo que dice tiene validez y los representa plenamente, aunque mucho de lo que dice resulte ser mentira o una enorme estupidez.

Por el otro lado aparece un showman, con público en el resentimiento y el asco que produce Petro y la izquierda. Sin importar a quién ha defendido —siendo quizá el abogado más cuestionado del país—, aparece como segundo opcionado para llegar a la Casa de Nariño. Solo que, en una eventual segunda vuelta con Cepeda, el país terminaría eligiendo al petrista que lee discursos y repite siempre lo mismo: Uribe y los falsos positivos, como próximo presidente.

¿Y qué tal si, en lugar de reelegir la “paz total”, el odio de clases, la inseguridad que vivimos, el robo en la UNGRD, a Benedetti en el poder, el daño al sistema de salud y el intento de imponer una nueva constituyente en manos de Iván Cepeda, o de elegir al abogado de DMG y de Alex Saab, el showman llamado “el Tigre”, nos damos como país la oportunidad de elegir, por primera vez, la decencia basada en méritos y no en el show?

¿Qué tal si buscamos un candidato con experiencia ejecutiva local exitosa, enfoque en educación, formación técnica, imagen de transparencia y un liderazgo moderado e institucional? Que eso esté demostrado porque ya lo hizo. Una persona con formación académica sólida, con doctorado, amplia trayectoria como profesor universitario y un perfil técnico que priorice el análisis y la evidencia en la toma de decisiones. Con experiencia ejecutiva comprobada, que haya tenido responsabilidad directa sobre presupuestos, equipos grandes y políticas públicas.

Una persona que haya logrado resultados reconocidos en educación: inversión fuerte en educación pública, infraestructura educativa en zonas vulnerables, programas de ciencia, tecnología y cultura. Alguien que haya posicionado la educación como eje de transformación social, que haya mejorado indicadores urbanos y sociales, que haya recuperado el espacio público y desarrollado un verdadero urbanismo social.

Colombia necesita a alguien que haya liderado un territorio y logrado reducir la violencia en varios sectores de una ciudad; alguien que transmita una imagen de transparencia, que haya construido una reputación de distancia frente a los escándalos de corrupción, con un discurso consistente en legalidad, ética pública y manejo responsable de los recursos.

Un perfil independiente y moderado, que no provenga de maquinarias políticas tradicionales, que no esté respaldado por Armando Benedetti ni Roy Barreras, y que tenga la capacidad de conversar con distintos sectores políticos y sociales. Alguien que enfatice el respeto institucional y el debate técnico, algo que en este país se ha ido perdiendo desde las épocas de Uribe y “la mechuda”, y que hoy se ha vuelto costumbre con un presidente que, cada vez que se toma unos tragos —y quién sabe qué más—, se le suelta la lengua y empieza a recitar discursos dignos del que juega billar en la ocho.

¿Y si elegimos bien esta vez? ¿Y si usamos la sensatez en lugar de la emocionalidad?

Colombia necesita un presidente que decida; que cuide la vida, pero que también haga respetar la ley. Que crea en la educación, sí, pero también en la autoridad del Estado. Aquí no puede mandar el miedo ni las armas ilegales. Un presidente capaz de enfrentar a los violentos con toda la fuerza legítima de la ley y, al mismo tiempo, de abrir oportunidades reales para que nuestros jóvenes tengan trabajo y no promesas.

Un presidente comprometido con que haya orden para que haya progreso, y progreso para que haya paz. Sin corrupción. Sin improvisación. Sin extremos.  Usted sabrá quién es, y en la tercera esperamos sea la vencida. Estoy seguro de que es la mejor opción, lejos de los extremos y de todo lo que nos ha tocado vivir en este país de locos.

Va a suceder otra vez, de nuevo al borde del abismo

Un candidato que lee todos sus discursos, que rehúye los debates y que evita las entrevistas no está preparado para gobernar un país. Está preparado, a lo sumo, para repetir un libreto. Ese es hoy el rostro del candidato que la izquierda pretende llevar al escenario presidencial: Iván Cepeda.

Cepeda es un senador de larga trayectoria legislativa, pero su carrera política carece de un elemento esencial para aspirar a la Presidencia: experiencia ejecutiva. Nunca ha administrado un presupuesto, nunca ha dirigido una entidad pública, nunca ha enfrentado una crisis de gobierno ni ha tenido que rendir cuentas por resultados. Gobernar un país no es litigar, ni denunciar, ni señalar culpables: es tomar decisiones complejas con consecuencias reales, algo para lo que Cepeda no ha demostrado preparación.

Su capital político se ha construido casi exclusivamente desde la confrontación. Su mayor logro —haber contribuido a la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez— es presentado como prueba de liderazgo, cuando en realidad evidencia una agenda política anclada en el pasado. Cepeda no ofrece una visión de país hacia adelante; ofrece una narrativa permanente contra un adversario. Un proyecto presidencial no puede sostenerse indefinidamente sobre un antagonista.

Cepeda fue negociador del Acuerdo de La Habana y ha sido ideológicamente cercano a las FARC como actor político. Ese hecho no es menor ni anecdótico. En un país que aún lidia con disidencias armadas, narcotráfico y control territorial ilegal, su ambigüedad frente a los crímenes históricos de la guerrilla genera desconfianza legítima. No basta con hablar de paz; se requiere una política de seguridad creíble, algo que la izquierda no ha logrado articular ni en el discurso ni en la práctica reciente.

El uso constante de los 6.402 falsos positivos como consigna política tampoco resuelve el problema de fondo: Colombia necesita justicia, sí, pero también necesita instituciones funcionales, Fuerzas Armadas operativas y control efectivo del territorio. Reducir la política de seguridad a una acusación permanente es irresponsable cuando los indicadores actuales muestran deterioro en orden público, expansión de grupos armados y pérdida de autoridad del Estado. La llamada “paz total” no solo fracasó: agravó el problema al enviar señales de debilidad frente al crimen organizado.

En el extremo opuesto aparece otra respuesta igualmente peligrosa: el outsider indignado, que capitaliza el rechazo a Petro y a la izquierda sin ofrecer una estructura de gobierno sólida. Allí surge Abelardo de la Espriella, un abogado mediático cuya propuesta política se sostiene más en el enfrentamiento verbal que en un programa serio de Estado.

De la Espriella no es un improvisado cualquiera: ha defendido a políticos investigados por corrupción y a personas vinculadas con estructuras paramilitares. Eso no lo descalifica jurídicamente, pero sí plantea una contradicción política cuando se presenta como adalid moral. Su discurso duro, confrontacional y sin filtros puede ser eficaz en redes sociales, pero la Presidencia no se gobierna con arengas ni con enemigos imaginarios. El Estado requiere cabeza fría, institucionalidad y capacidad de construir consensos, no solo aplausos momentáneos.

Ambos extremos comparten un problema estructural: se alimentan del odio. Uno desde la narrativa de la lucha de clases y la victimización permanente; el otro desde la indignación furiosa y el rechazo visceral. Ninguno ofrece una respuesta seria a los desafíos reales del país: crecimiento económico estancado, inseguridad desbordada, crisis fiscal, pérdida de confianza inversionista y deterioro institucional.

Colombia ya vivió este experimento. En 2022 el país fue llevado a elegir entre dos malos candidatos. El resultado fue un gobierno que prometió cambio y entregó improvisación, contradicciones y alianzas con las mismas prácticas que decía combatir. El “otro” candidato, presentado como alternativa, terminó siendo una caricatura anticorrupción con antecedentes judiciales. El espectáculo venció al proyecto.

Hoy el país se acerca peligrosamente al mismo abismo: dogma ideológico de un lado, show político del otro. Así empezó Venezuela: polarización extrema, liderazgos emocionales, desprecio por la técnica y sustitución del debate por el relato. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron devastadoras. Colombia todavía está a tiempo. Pero para eso necesita algo que hoy escasea: candidatos con capacidad real de gobernar, no solo de gritar, señalar o recitar libretos.

Fajardo: ¿está Colombia lista para un presidente decente?

Llega un nuevo año y las elecciones presidenciales ya asoman en el horizonte. Están más cerca de lo que pensamos. Parecían eternos estos cuatro años de Gustavo Petro, pero justo cuando su gobierno entra en la recta final, sus medidas populistas saltan a la vista con mayor claridad. Petro es, ante todo, un presidente en permanente campaña, más cómodo en la plaza pública que en la gestión. Así actúa buena parte de la izquierda latinoamericana: lo saben bien Caicedo y otros tantos políticos de esta corriente. El libreto no es nuevo: lo enseñó Chávez, lo heredó el caído Maduro y lo aplica Ortega en Nicaragua. El modus operandi es el mismo.

Este año, Colombia tiene la oportunidad de elegir a una persona lejos de los extremos, alguien capaz de recuperar el rumbo de un país que hoy se vive y se piensa con el hígado. Un país atrapado entre la derecha de Uribe y la izquierda de Petro —bonito futuro—, sarcasmo aparte. Y, sin embargo, muchos colombianos parecen antojados de cuatro años más de populismo de izquierda: un gobierno que no ejecuta, que es mal gerente, pero que logra conectar con una parte del electorado, especialmente con quienes compran el relato del “vivir sabroso” o con una base social profundamente desinformada.

En medio de estos días marcados por guerras verbales entre políticos exaltados que gobiernan países, hubo una voz sensata que pidió cordura y explicó cómo bajar la temperatura del debate. Esa voz pertenece a quien, por resultados y trayectoria, merece ser considerado seriamente para dirigir a Colombia: Sergio Fajardo.

Fajardo suele ser reconocido como uno de los mejores alcaldes y gobernadores que ha tenido el país, no por consigna, sino por hechos. Fue alcalde de Medellín en 2004, y su administración marcó un antes y un después para una ciudad golpeada por décadas de violencia, exclusión y estigmatización. Su lema fue claro y coherente: “Medellín, la más educada”. Mejoró la infraestructura educativa, fortaleció la educación pública y superior, y apostó por la educación como herramienta central para enfrentar la violencia, más allá de la respuesta policial.

Medellín dejó de ser reconocida únicamente por Pablo Escobar y pasó a ser ejemplo internacional de innovación urbana y transformación social. Ese cambio de narrativa tuvo efectos reales en turismo, inversión y autoestima ciudadana.

Como gobernador de Antioquia en 2012, llevó ese mismo modelo a un territorio mucho más amplio y complejo. Replicó su obsesión por la educación a nivel departamental, invirtió decididamente en infraestructura educativa en municipios rurales históricamente olvidados y mantuvo un gobierno serio, sin escándalos personales ni excesos. Redujo prácticas clientelistas profundamente arraigadas y fortaleció el liderazgo económico y social del departamento, con énfasis en educación, infraestructura y orden institucional.

La gran pregunta hoy no es si Fajardo sabe gobernar —eso ya lo demostró—, sino si su estilo moderado, técnico y decente puede funcionar en una Presidencia atravesada por la polarización, la inseguridad y una crisis institucional evidente. Vivimos en un mundo marcado por la exaltación del ruido, la mentira y el espectáculo, donde algunos ven en líderes mitómanos y autoritarios modelos a seguir.

Fajardo, en contraste, ha sido claro en materia de seguridad y orden público: el país necesita recuperar el control territorial. Ha cuestionado el llamado “perdón social” para ciertos delitos y ha afirmado que desde las cárceles no se llega a la Presidencia, en alusión directa a debates actuales sobre justicia y paz.

En un país donde la corrupción ha atravesado gobiernos de izquierda, derecha y centro, un presidente éticamente creíble ya marca una diferencia sustancial. Su apuesta por la educación no fue discurso: fue política pública con presupuesto, obras y resultados. Un presidente que piense a 10 o 20 años, y no solo en el próximo titular, es algo que Colombia necesita con urgencia. Hoy, ese perfil es un activo enorme. El país requiere orden institucional, no caudillos.

Fajardo no es un animal político tradicional, y eso puede jugarle en contra. Su estilo calmado y pedagógico contrasta con la política del grito y la confrontación permanente. Petro, en cambio, llegó al poder aliado con figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, demostrando que el pragmatismo sin escrúpulos también gana elecciones.

Sergio Fajardo no es un salvador, pero sí un buen administrador del Estado, un líder ético y serio, y una alternativa real al populismo de derecha e izquierda. La verdadera pregunta no es si él está listo para gobernar, sino si Colombia está preparada para elegir a un presidente decente, sin gritos ni enemigos inventados, en lugar de uno que prometa soluciones mágicas mientras el país se le desordena entre las manos.