El descaro de pretender la casa tras haber quemado el patio

Circula en redes sociales y en los corrillos políticos la intención de Gustavo Petro y su Pacto Histórico de ganar la alcaldía de Barranquilla en el año 2027. Hay que ser muy caradura para que, luego de todo el desastre que armó su gobierno en la ciudad, tenga la mínima intención de buscar llegar a la silla de la alcaldía que hace más de cuatro periodos maneja la casa Char. He de decir que nunca he votado por los Char; siempre trato de mantener el equilibrio, pero el día que Petro asome por estas tierras, tendrán en mí al mejor defensor de la causa actual que ha logrado posicionar a la ciudad a nivel mundial.

Con Petro en el gobierno nacional, Barranquilla solo tuvo fracasos, y por si no los recuerdan, acá los mencionaré:

Barranquilla perdió la oportunidad de organizar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la ciudad: los Juegos Panamericanos de 2027. El 3 de enero de 2024, Panam Sports retiró oficialmente a Barranquilla como sede, argumentando incumplimientos reiterados del contrato de organización. Entre las obligaciones pendientes estaba el pago de ocho millones de dólares. La pérdida fue especialmente grave porque el evento habría permitido impulsar:

• La adecuación y construcción de escenarios deportivos.

• La contratación de trabajadores para obras, logística y operación.

• La llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales.

• Los ingresos de hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

• La proyección internacional de Barranquilla y del Atlántico.

• La posibilidad de desarrollar una Villa Panamericana con viviendas que posteriormente habrían tenido otros usos urbanísticos.

Las estimaciones publicadas antes de la cancelación hablaban de miles de empleos y un importante flujo turístico. Esas cifras eran proyecciones, no beneficios garantizados, pero el gobierno dejó morir la oportunidad.

Por otra parte, durante el gobierno Petro, Cormagdalena planteó que Cotecmar diseñara y construyera una draga propia para el puerto. En 2024 se hablaba de una inversión cercana a los $365.000 millones, pero el proyecto no llegó a una fase concreta de ejecución y no quedó definida una fuente de financiación ni un cronograma definitivo.

A esto se suma la conexión vial entre Barranquilla y Ciénaga, fundamental para el transporte de pasajeros, la logística y el comercio regional. Durante este gobierno, el proyecto sufrió severos retrasos relacionados con la tramitación de licencias ambientales para avanzar en componentes clave de la obra, incluidos los viaductos destinados a enfrentar los riesgos de erosión costera. Representantes gremiales del Atlántico cuestionaron que la fase de construcción de esos componentes se hubiera demorado y que el cronograma general se extendiera insólitamente hasta 2035.

En materia habitacional, se redujo drásticamente la disponibilidad de subsidios de programas como Mi Casa Ya y se produjeron graves dificultades de financiación que afectaron al sector de vivienda de interés social. Camacol señaló que los subsidios nacionales —que habían alcanzado niveles superiores a los 100.000 anuales durante algunos años de reactivación posterior a la pandemia— descendieron a alrededor de 50.000 al año durante la gestión de Petro, sumado a la paralización temporal del programa.

La principal deuda del gobierno Petro con Barranquilla fue no convertir compromisos estratégicos en resultados oportunos. La pérdida de los Panamericanos fue el caso más contundente porque cerró de portazo la posibilidad de organizar el evento y dejó gastos asociados a la candidatura. La falta de draga propia, la demora en el desmonte del antiguo puente Pumarejo y los retrasos en la sede universitaria de Soledad representan proyectos que quedaron en promesas rotas.

En infraestructura vial y vivienda el balance es nefasto, y aunque las responsabilidades deban analizarse obra por obra, el costo político para la ciudad ya se pagó. Pretender ahora el control de la ciudad tras semejante balance es, francamente, un insulto a la memoria de los barranquilleros.

El disfraz de una tributaria como recorte fiscal

Ahora sí comenzó el gobierno de Abelardo. Lo que hasta ahora habíamos visto era una oposición que salía a las calles y a las redes a enlodar y a criticar solo porque perdieron, sin argumentos válidos, olvidando que dejaron al país en una grave crisis fiscal y que hicieron todo lo que criticaban, incluyendo el escándalo de corrupción de la UNGRD, donde se robaron la plata del agua de La Guajira. En este tiempo me abstuve de criticar al nuevo gobierno porque el terremoto no le había dado margen de hacer lo que es el verdadero sello de este; pero con la llamada ley de recorte fiscal, llegan con su verdadera identidad a imponer lo que dijeron en campaña que no harían.

No hay peor azote que la lengua. En campaña, Abelardo de la Espriella prometía que no aumentaría los impuestos en el país y, como siempre hemos visto, una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Hoy, el gobierno de lo que ellos llaman la «patria milagro» se la juega por una ley de recorte fiscal —como la han denominado— en la que la mayor carga impositiva la recibirá el sector que siempre resulta más golpeado en estas reformas tributarias: la clase media, que apenas asoma la cabeza y, con impuestos y leyes como esta, la bajan de un plumazo de la nube donde creía estar.

El Gobierno propone un paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público, incentivar la inversión empresarial y mejorar las finanzas del país. La iniciativa contempla recortes en el funcionamiento del Estado, modificaciones al IVA y al impuesto de renta, así como mayores aportes a salud para algunos trabajadores. La propuesta tiene una justificación económica válida —reducir el déficit, contener la deuda y disminuir gastos innecesarios del Estado—, pero su principal punto de tensión es que combina recortes públicos con mayores impuestos y aportes para trabajadores y consumidores. Por eso, reducir el gasto estatal no significa necesariamente que los hogares vayan a tener más dinero disponible.

La iniciativa tiene cuatro grandes componentes:

1. Reducir el gasto público y reorganizar entidades estatales.

2. Modificar el impuesto de renta de las personas naturales.

3. Ampliar el IVA a determinados bienes y servicios, acompañado de devoluciones para hogares de menores ingresos.

4. Aumentar las cotizaciones a salud de ciertos trabajadores y modificar los aportes de algunos empleadores.

El proyecto propone reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios frente a 2025 y disminuir los costos del personal de planta de la Rama Ejecutiva en un 20 % durante 2028, excluida la Fuerza Pública. También plantea limitar el crecimiento de las compras estatales y aplicar controles más estrictos a los gastos operativos.

Sin embargo, aunque se reduce el gasto estatal, también se incrementan las cargas para los hogares; el proyecto combina la austeridad del Estado con mayores impuestos sobre ciertos ingresos laborales y productos de consumo. En consecuencia, un trabajador podría terminar pagando más aunque el Gobierno consiga reducir el gasto público. La propuesta contempla llevar algunos bienes y servicios de tarifas reducidas o tratamientos preferenciales a la tarifa general del 19 %. Entre los productos o servicios mencionados en los análisis del proyecto están determinados alimentos, café, azúcar, medicina prepagada, vehículos híbridos y eléctricos, plataformas digitales y licencias de software (el alcance definitivo dependerá del texto final aprobado).

Esto podría traer consecuencias directas como:

• Aumentar el costo de determinados productos de consumo habitual.

• Encarecer algunos servicios digitales y tecnológicos.

• Reducir el poder adquisitivo de los hogares que no reciban una devolución suficiente.

• Elevar los costos de algunas empresas, las cuales podrían trasladarlos parcialmente a los precios finales.

Por otra parte, la propuesta baja el umbral de renta líquida gravable a partir del cual se comienza a pagar el impuesto e introduce una tarifa inicial del 9 % para un nuevo tramo. Abelardo sueña, como soñaba Carrasquilla con Duque, con que la mayor carga impositiva recaiga sobre los asalariados. También reduce el límite de la exención laboral del 25 % y elimina la deducción adicional por dependientes. Para los ingresos más altos, propone elevar la tarifa marginal máxima del 39 % a partir del umbral establecido en el proyecto.

Esto puede tener un efecto importante sobre trabajadores profesionales, técnicos, directivos y empleados de ingresos medios que hasta ahora tenían una carga menor o no pagaban impuesto de renta. El problema no es necesariamente que los asalariados con mayores ingresos contribuyan más; la discusión de fondo es si el umbral, las deducciones y las tarifas están calibrados de manera que la carga tributaria corresponda a la capacidad económica real de cada hogar.

Asimismo, el proyecto plantea incrementar las cotizaciones a salud de los asalariados que ganen más de dos salarios mínimos, con porcentajes diferenciados según sus ingresos. Los independientes también tendrían cambios en sus aportes. El efecto inmediato será una reducción del dinero neto que recibe el trabajador después de los descuentos de nómina, recordando que un mayor aporte a salud no equivale automáticamente a una mejora en la atención médica.

Picolino, bienvenido a la «patria milagro» y a las frases famosas de Abelardo. Para los trabajadores asalariados, el riesgo más directo es que el ingreso disponible disminuya por la combinación de mayores aportes a salud, cambios en el impuesto de renta y aumentos de precios. Aplaudan... ¿por qué no aplauden? Abelardo tratará de cumplir el sueño de Duque y Carrasquilla a como dé lugar; total, él «no es político». Pasamos de un presidente derrochador que al parecer pagaba sexo con contratos, a un presidente que parece despreciar a la clase media imponiéndole más impuestos.

Cuando el río suena

 Dice el viejo refrán: «cuando el río suena es porque piedras lleva». En nuestro país se han venido revelando denuncias sobre todas las porquerías y mañas que sucedieron durante la presidencia del exguerrillero y expresidente Gustavo Petro. Denuncias que van desde escándalos sexuales (fiestas con travestis y drogas) hasta contratos del Gobierno pagados con sexo por parte de las implicadas; se habla de más de 48 exfuncionarias que pasaron por lo que los mismos petristas denominan una «máquina sexual».

La principal controversia de los últimos días surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Petro en una entrevista publicada por la revista Semana. Según su testimonio, Jiménez habría conocido a Petro en 2019 —cuando él ejercía como senador— mediante una plataforma digital para adultos. Afirma que habría recibido contratos estatales condicionados a encuentros sexuales y sostiene que podrían existir entre 30 y 40 mujeres más en situaciones similares. En su entrevista, Jiménez también afirmó que Petro le habría pedido comprar y transportar sustancias ilícitas. Este señalamiento forma parte de su testimonio y no debe presentarse como un hecho probado; las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas independientes que lo corroboren.

Por otro lado, el 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que denunciaría el caso de 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro. La denuncia plantea preguntas serias sobre la finalidad real de esos contratos, las condiciones en que fueron otorgados y si algunas vinculaciones se habrían utilizado para conseguir encuentros privados con el entonces presidente.

Petro rechazó tajantemente las acusaciones. Sostuvo que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones sexuales y calificó la controversia como un intento de invadir su intimidad y perjudicarlo políticamente. Sin embargo, todo lo que suena en este gobierno dista mucho de ser bueno. Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, en una entrevista con Caracol Radio el 12 de octubre, afirmó que había mujeres con más poder que la propia titular de esa entidad, capaces de influir en nombramientos y contrataciones. Rodríguez fue más allá y afirmó que existiría una red de mujeres jóvenes y personas que actuarían como intermediarias para reclutarlas. También sostuvo que algunas habrían llegado a ocupar cargos importantes en entidades estatales. Además, señaló que la madre de una exministra habría estado relacionada con esa presunta red, aunque no presentó públicamente todos los detalles de dicha acusación en la entrevista. Según su relato, algunas la llamaban o le escribían para pedirle que tramitara contratos y nombramientos con el beneplácito de Petro, asegurando que ella se opuso firmemente a esas solicitudes. Lo más relevante es que Rodríguez fue una funcionaria de alto nivel dentro del Gobierno Petro, con acceso directo al funcionamiento administrativo de la Presidencia, lo que hace que sus afirmaciones merezcan ser investigadas a fondo.

El asunto más importante no radica en con quién se relacionaba Petro en su vida privada. La cuestión central es si utilizó su posición política para obtener beneficios sexuales mediante contratos pagados con recursos públicos. Al final, Petro al parecer sí ha estado involucrado con las llamadas «mariposas amarillas», una red de mujeres que el mismo Gustavo supo definir como «exitosas» porque acompasaban el clítoris con el cerebro. Los petristas ponen en duda todas estas denuncias. Quizás sean los mismos que lanzaron a la hoguera a los periodistas de Caracol que fueron denunciados y que hoy están siendo investigados, aunque todavía no han sido condenados. ¿Presunción de inocencia para unos y condena anticipada para otros?

Cuando el río suena, algo viene rodando: sean piedras o una papayera que se va ahogando. Que la Fiscalía investigue; no la vida privada de Petro —eso solo les debe importar a sus queridos petristas—, pero sí debe aclarar si Petro usó el Gobierno para estructurar una red de prostitutas disfrazadas de contratistas que le pagaban con sexo el valor del contrato.

Despedido de la patria milagro

A Gustavo Petro le tomó 6 meses y 20 días realizar el primer cambio en su gabinete ministerial: el 27 de febrero de 2023 salieron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte). En total, 65 ministros pasaron por el gabinete de Petro entre agosto de 2022 y agosto de 2026. En el gobierno de la «patria milagro» —como lo llama Abelardo de la Espriella—, la primera movida fue la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación y la llegada de una ultrarradical llamada Ilva Myriam Hoyos Castañeda; ese cambio sucedió cuando apenas iban 39 días de gobierno.

Solo van 76 días del gobierno de Abelardo de la Espriella y este ya ha despedido a su primer ministro. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior parece responder a una mezcla de fracaso en la negociación política, pérdida de confianza dentro del Gobierno y diferencias ideológicas. Es la crónica de una muerte anunciada para quien pareció caer en paracaídas en un gobierno ultraderechista, alineado más a las políticas de Enrique Gómez Martínez que a las de un afamado «liberal-demócrata» como Rodrigo Lara.

Las derrotas en la elección del presidente del Senado —donde el Centro Democrático se meció en la misma cuna con su enemigo del Pacto Histórico— y otras pifias parecieron pasarle factura al hoy exministro; no siempre tratar de encajar donde no se cabe sale bien. En la orilla del Pacto Histórico se atribuyen como victoria la cabeza de Lara y la caída del presupuesto en el Congreso, dos jugadas que distan mucho de ser triunfos reales. Por un lado, la salida de Lara termina en la llegada de un ultrarradical político, de lo más rancio que tiene la política colombiana, como lo es Alejandro Ordóñez. Por el otro, la caída del presupuesto solo perjudica a las regiones, que en las modificaciones alcanzadas en el Congreso iban a recibir mejores beneficios que con un presupuesto aprobado por decreto. En todo caso, ninguna de las dos situaciones se puede cantar como triunfo del famoso Pacto, ya que en los errores provocados por el afán cayeron el Gobierno y sus aliados en el Congreso; la salida de Lara es, en realidad, una victoria de la derecha radical de este país.

La llegada de Alejandro Ordóñez apunta a un cambio de estilo: menos liberalismo político y más conservadurismo doctrinario. El presidente está sustituyendo a un ministro que no consiguió los resultados esperados por una figura más cercana a sus convicciones, sin que eso resuelva necesariamente las fallas de negociación que provocaron el relevo. Ordóñez —famoso por ser el procurador que logró que su opuesto extremo desde la izquierda, Gustavo Petro, votara por él en el Senado cuando se eligió como procurador— es un vasto dirigente clientelista, capaz de movilizar votos a punta de burocracia y puestos. Alejandro Ordóñez fue elegido procurador general de Colombia el 11 de diciembre de 2008 y asumió el cargo el 16 de enero de 2009; Gustavo Petro, que entonces era senador del Polo Democrático, votó a favor de él en esa elección.

Lara fracasó por no construir mayorías; Ordóñez tendrá que demostrar que puede construirlas sin convertir cada desacuerdo político en una confrontación ideológica. Seguramente es un experto comprobado en esas lides —lo demostró para ser procurador— y ahora tendrá la tarea de repetirlo como ministro de la política, porque los desafíos en el Congreso son mayúsculos. A Lara le dijo Aberlardo en X, despedido de la patria milagro.

El silencio complaciente de los incendiarios

Durante cuatro años del gobierno de Petro no se presentaron paros de las organizaciones sindicales; el país parecía ir en el rumbo correcto a la luz de cualquier desprevenido que lo viera desde afuera, o de cualquier ciudadano del común que quizás se pudo alegrar con el aumento del salario mínimo por encima del 20 % en el año 2026, e irónicamente en contra de todo lo que siempre había ocurrido. Pero todo fue una falacia, una cortina de humo bien montada, debido a que los personajes que siempre incendiaron el país estaban, por fin, en el gobierno.

Nunca los vimos protestar por la salud y por la muerte de personas a causa de no recibir sus medicamentos a tiempo; tampoco vimos protestas cuando un niño con hemofilia murió y el expresidente Petro acusó a la mamá de ser la culpable por dejarlo montar en bicicleta. Mucho menos vimos a estos incendiarios protestar porque el país estaba sobreendeudado con las políticas económicas que llevaron al gobierno anterior incluso a mover la regla fiscal. No vimos una sola protesta por el escándalo de corrupción más grande que recientemente se haya conocido: el robo de los dineros de La Guajira por parte de petristas declarados en el gobierno anterior, quienes movieron miles de millones, incluso para comprar congresistas, de la mano del anterior ministro de Hacienda, del Interior y por medio de la corrupta UNGRD. No vimos protestas cuando al hijo del presidente lo capturaron por lavado de dinero, o por el escándalo de Laura Sarabia cuando, haciendo uso de su poder, logró llevar al polígrafo a la niñera porque se le robaron unos dólares —de los que nunca supimos si aparecieron, ni mucho menos la cantidad—.

En 2023 se divulgaron conversaciones en las que Benedetti —ministro estrella del gobierno anterior— afirmaba haber conseguido una suma considerable para la campaña y hacía referencias a posibles consecuencias judiciales. Nunca vimos a estos hipócritas y politiqueros de la izquierda hacer un reclamo con vehemencia, pidiendo aclarar el origen y reporte de los recursos de campaña y las posibles irregularidades. Claro, nunca los vimos rechazando la falsa «Paz Total» que tanta inseguridad generó en el país, ni mucho menos por el aumento del precio de la gasolina o los escándalos de corrupción y narcotráfico que rodeaban al Gobierno.

Hoy, estos politiqueros de izquierda que vivieron sabroso durante cuatro años se aprestan a movilizar, incendiar y generar el caos que saben sembrar en el país, cuando apenas el gobierno actual lleva dos meses en acción. Dos meses en los que ha tratado de reconstruir lo que dejaron estos cuatro años de desgobierno politiquero y de una verborrea excremental que no se materializaba en logros para el país.

Resulta curioso que esos personajes desde ya hablen de un segundo «estallido social», con ánimos, seguramente, de tratar de recuperar el poder en el 2030. Un poder al que no deberían volver porque, cuando estuvieron en él, solo hicieron más de lo mismo que hacían los políticos de antes, haciéndose llamar «el cambio», pero resultando un falso cambio que sí llenó los bolsillos de muchos amigos del gobierno anterior, con acusaciones desde sus entrañas de lavado de dinero, transporte de drogas e incluso de favorecer a los actores armados para su crecimiento. Un país que nunca marchó en cuatro años porque ellos no lo ordenaron, donde ni los maestros fueron capaces de protestar cuando el gobierno anterior los dejó en el aire con un sistema de salud fracasado que se vendió como piloto de la rechazada reforma a la salud de la izquierda: un modelo dirigido por Carolina Corcho, a quien muchos en la izquierda llaman «eminencia».

Tasajera: la radiografía de un pueblo fallido

Tasajera, corregimiento del municipio de Puebloviejo, Magdalena, tendría entre 5.000 y 10.000 habitantes. Es un pueblo con la fortuna —para ellos— de estar en medio de la carretera que conduce de Santa Marta a Barranquilla, y con la miseria —para quienes transitamos por este corredor vial— de tener que atravesarlo con la incertidumbre constante de encontrar la vía bloqueada.

Es una población que parece haber nacido para protestar. En el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, ocurrió la tragedia que más ha marcado a esta comunidad: hacia las 7:30 a. m., un camión cisterna que transportaba casi 6.000 galones de gasolina se volcó a un costado de la carretera. El conductor resultó ileso y logró salir del vehículo, no sin antes advertir que la carga era extremadamente peligrosa. En pocos minutos, decenas de habitantes de la zona acudieron al sitio con pimpinas, canecas y tanques para saquear la gasolina. A pesar de que la Policía llegó e intentó acordonar la zona y advertir del peligro, la multitud superó en número a las autoridades y rodeó por completo el camión. Alrededor de las 8:00 a. m., mientras decenas de personas maniobraban sobre y al lado del vehículo, se produjo una chispa. El camión explotó envuelto en una bola de fuego gigante que alcanzó instantáneamente a quienes lo rodeaban. Decenas de personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60 % y 80 % de sus cuerpos, siendo trasladadas a pabellones de quemados en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Bogotá. Durante las semanas posteriores, la cifra de fallecidos ascendió a 45 víctimas mortales.

La tragedia expuso con dureza las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad estructural de Tasajera, un corregimiento pesquero asentado a orillas de la Ciénaga Grande donde abundan la falta de servicios básicos, el desempleo y la ausencia de oportunidades en una zona que parece condenada al olvido. Gobernantes de izquierda y de derecha han pasado por el Palacio del TAYRONA y no han hecho absolutamente nada. Sus habitantes parecen nacer con el resentimiento a flor de piel, a la espera de que el Estado les provea todo, incluyendo agua y energía eléctrica; los mismos servicios que usan como pretexto para sus abusos al cerrar la vía cualquier día que amanecen con la zozobra alborotada.

El último gran bloqueo sucedió en plena semana de receso escolar: el eterno sufrimiento de quienes debemos transitar por esta vía para cumplir lo que debería ser un viaje de no más de dos horas entre dos ciudades clave. Esto aleja cada día más a Santa Marta del turismo. Sumado al paro armado que recientemente se vivió en la ciudad, con los bloqueos recurrentes en Tasajera son aún menos los visitantes que se atreven a viajar, aunque para las autoridades locales el tiempo parezca no pasar. Para el alcalde de Puebloviejo que llegue seguirá siendo lo mismo, al igual que para la Gobernación del Magdalena.

Todos estaban advertidos: este domingo la comunidad de Tasajera se iba a tomar la vía con tanques para cerrarla, y lo hicieron a las 12:00 del mediodía. Algunos quedamos atrapados por una hora en un trancón que podríamos considerar corto, pero a las 2:00 de la tarde vino lo peor: por más de cuatro horas mantuvieron cerrado el corredor vial, ocasionando gigantescos represamientos y afectando el bien general solo porque no tienen agua y el Estado no se las regala. Nuevamente, como ha ocurrido a lo largo de los años, apenas 30 personas tienen la capacidad de bloquear y alterar la vida de miles de viajeros que no guardan el más mínimo asomo de responsabilidad en su tragedia. La misma tragedia que dejó 45 muertos y que quisieron hacer ver como héroes, cuando en realidad estaban saqueando gasolina.

Tasajera es el claro ejemplo de lo que se conoce como un pueblo fallido: un problema que para solucionarse requiere mucho más que los PMU anunciados por la gobernación. Exige una intervención real, orden institucional y acompañamiento militar para hacer respetar la ley. Los ciudadanos no podemos seguir a merced de habitantes que incluso llegan a exigir dinero carro por carro, so pena de agredir a quien no les entregue lo que están pidiendo.

Santa Marta te llama

La vocación turística de Santa Marta se ha visto severamente afectada en los últimos días; la violencia hace de las suyas en una ciudad que ha perdido el brillo y el interés de propios y visitantes. Hoteles vacíos y zonas turísticas que en otros años lucían abarrotadas para esta época, hoy se ven desoladas, evidenciando que la violencia y el terror le han ganado la partida al Estado. Los reportes vinculan directamente parte de esta caída con el paro armado y la profunda preocupación por la seguridad en las vías. Cotelco señaló cancelaciones y aplazamientos masivos, mientras que los comerciantes de El Rodadero también relacionaron la baja afluencia con estos aciagos acontecimientos.

Duele como oriundo de esta ciudad lo que está ocurriendo. Sin embargo, como samario que siempre ha visto en sus playas una oportunidad de inversión, crecimiento y generación de ingresos, me sumé a la campaña «Santa Marta te llama». Miles de empleos están en riesgo por la baja afluencia de estos días y por la evidente contracción del comercio en toda la región.

Estuve esta semana de receso en el que me parece uno de los mejores hoteles que hoy tiene la ciudad, Senda Kokkos Beach, ubicado a tan solo 30 minutos del centro de la ciudad, en la carretera hacia Riohacha, kilometro 35. La vía a La Guajira es hoy un corredor desolado; no hay flujo vehicular, el temor se apoderó de todos y solo unos pocos nos atrevimos a disfrutar de las bellezas y la oferta hotelera local. En este trayecto hay numerosos establecimientos que han visto desplomarse la demanda de sus servicios. Algunos hoteles parecen sacados de una revista italiana o construidos al mejor estilo de los resorts mexicanos o dominicanos. Hago especial mención de dos que he visitado recientemente: Senda Kokkos Beach, ubicado en el kilómetro 35 de la vía a La Guajira —donde estuve con mi familia durante esta semana de receso—, y Naio Hotel en Palomino. Dos joyas de la hotelería moderna y boutique que contemplan cómo la violencia y el miedo les arrebatan las fuentes de ingreso a la zona. El hotel Senda Kokkos beach, tiene una variada oferta de habitaciones y un restaurante como comida simplemente exquisita.

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Cotelco Magdalena informó que, en el sondeo de hoteles afiliados, el 78,6 % esperaba una ocupación inferior al 50 % para el sábado 3 de octubre. Para el periodo del jueves 8 al lunes festivo 12 de octubre, el 50 % de los establecimientos participantes proyectaba ocupaciones iguales o superiores al 50 %. Esto reflejaba una tibia esperanza de reservas de última hora, pero de ninguna manera confirma que se haya alcanzado dicha cifra. En septiembre, Cotelco reportó ocupaciones por debajo del 38 % en la hotelería urbana y de alrededor del 15 % en algunos establecimientos del corredor hacia el Tayrona y Palomino, en medio de cancelaciones y aplazamientos. Son cifras de ese momento, no de la ocupación actual de la totalidad de los hoteles.

El reporte más revelador se conoció el viernes 9 de octubre en El Rodadero, donde comerciantes y prestadores de servicios describieron una temporada muy por debajo de sus expectativas. Vendedores de playa y comerciantes reportan menos visitantes y ventas drásticamente inferiores a las previstas. Las cancelaciones previas afectaron a toda la cadena turística, no solo al alojamiento; repercuten directamente en trabajadores, proveedores, taxistas, agencias y pequeños negocios que viven de vender productos o experiencias a los visitantes.

Indetur, el Ministerio de Comercio, ProColombia, Fontur, la Alcaldía y los gremios impulsan una campaña para recuperar la confianza de los viajeros y promocionar la ciudad tras estas afectaciones de seguridad. Santa Marta afronta una semana de receso con claras señales de debilidad y una recuperación todavía incierta. El puente festivo del 10 al 12 de octubre será decisivo para verificar si aumenta el movimiento, pero los pronósticos previos jamás deben confundirse con los resultados reales.

«Santa Marta te llama». Su oferta es impresionante: hay playas, ríos, cultura y gente bacana que espera que, como turista, no le des la espalda a una región empeñada en salir adelante con pujanza y en demostrarle a los violentos que los buenos somos más.

Senda Kokkos Beach, kilometro 35