Cuando el río suena

 Dice el viejo refrán: «cuando el río suena es porque piedras lleva». En nuestro país se han venido revelando denuncias sobre todas las porquerías y mañas que sucedieron durante la presidencia del exguerrillero y expresidente Gustavo Petro. Denuncias que van desde escándalos sexuales (fiestas con travestis y drogas) hasta contratos del Gobierno pagados con sexo por parte de las implicadas; se habla de más de 48 exfuncionarias que pasaron por lo que los mismos petristas denominan una «máquina sexual».

La principal controversia de los últimos días surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Petro en una entrevista publicada por la revista Semana. Según su testimonio, Jiménez habría conocido a Petro en 2019 —cuando él ejercía como senador— mediante una plataforma digital para adultos. Afirma que habría recibido contratos estatales condicionados a encuentros sexuales y sostiene que podrían existir entre 30 y 40 mujeres más en situaciones similares. En su entrevista, Jiménez también afirmó que Petro le habría pedido comprar y transportar sustancias ilícitas. Este señalamiento forma parte de su testimonio y no debe presentarse como un hecho probado; las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas independientes que lo corroboren.

Por otro lado, el 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que denunciaría el caso de 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro. La denuncia plantea preguntas serias sobre la finalidad real de esos contratos, las condiciones en que fueron otorgados y si algunas vinculaciones se habrían utilizado para conseguir encuentros privados con el entonces presidente.

Petro rechazó tajantemente las acusaciones. Sostuvo que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones sexuales y calificó la controversia como un intento de invadir su intimidad y perjudicarlo políticamente. Sin embargo, todo lo que suena en este gobierno dista mucho de ser bueno. Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, en una entrevista con Caracol Radio el 12 de octubre, afirmó que había mujeres con más poder que la propia titular de esa entidad, capaces de influir en nombramientos y contrataciones. Rodríguez fue más allá y afirmó que existiría una red de mujeres jóvenes y personas que actuarían como intermediarias para reclutarlas. También sostuvo que algunas habrían llegado a ocupar cargos importantes en entidades estatales. Además, señaló que la madre de una exministra habría estado relacionada con esa presunta red, aunque no presentó públicamente todos los detalles de dicha acusación en la entrevista. Según su relato, algunas la llamaban o le escribían para pedirle que tramitara contratos y nombramientos con el beneplácito de Petro, asegurando que ella se opuso firmemente a esas solicitudes. Lo más relevante es que Rodríguez fue una funcionaria de alto nivel dentro del Gobierno Petro, con acceso directo al funcionamiento administrativo de la Presidencia, lo que hace que sus afirmaciones merezcan ser investigadas a fondo.

El asunto más importante no radica en con quién se relacionaba Petro en su vida privada. La cuestión central es si utilizó su posición política para obtener beneficios sexuales mediante contratos pagados con recursos públicos. Al final, Petro al parecer sí ha estado involucrado con las llamadas «mariposas amarillas», una red de mujeres que el mismo Gustavo supo definir como «exitosas» porque acompasaban el clítoris con el cerebro. Los petristas ponen en duda todas estas denuncias. Quizás sean los mismos que lanzaron a la hoguera a los periodistas de Caracol que fueron denunciados y que hoy están siendo investigados, aunque todavía no han sido condenados. ¿Presunción de inocencia para unos y condena anticipada para otros?

Cuando el río suena, algo viene rodando: sean piedras o una papayera que se va ahogando. Que la Fiscalía investigue; no la vida privada de Petro —eso solo les debe importar a sus queridos petristas—, pero sí debe aclarar si Petro usó el Gobierno para estructurar una red de prostitutas disfrazadas de contratistas que le pagaban con sexo el valor del contrato.

Despedido de la patria milagro

A Gustavo Petro le tomó 6 meses y 20 días realizar el primer cambio en su gabinete ministerial: el 27 de febrero de 2023 salieron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte). En total, 65 ministros pasaron por el gabinete de Petro entre agosto de 2022 y agosto de 2026. En el gobierno de la «patria milagro» —como lo llama Abelardo de la Espriella—, la primera movida fue la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación y la llegada de una ultrarradical llamada Ilva Myriam Hoyos Castañeda; ese cambio sucedió cuando apenas iban 39 días de gobierno.

Solo van 76 días del gobierno de Abelardo de la Espriella y este ya ha despedido a su primer ministro. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior parece responder a una mezcla de fracaso en la negociación política, pérdida de confianza dentro del Gobierno y diferencias ideológicas. Es la crónica de una muerte anunciada para quien pareció caer en paracaídas en un gobierno ultraderechista, alineado más a las políticas de Enrique Gómez Martínez que a las de un afamado «liberal-demócrata» como Rodrigo Lara.

Las derrotas en la elección del presidente del Senado —donde el Centro Democrático se meció en la misma cuna con su enemigo del Pacto Histórico— y otras pifias parecieron pasarle factura al hoy exministro; no siempre tratar de encajar donde no se cabe sale bien. En la orilla del Pacto Histórico se atribuyen como victoria la cabeza de Lara y la caída del presupuesto en el Congreso, dos jugadas que distan mucho de ser triunfos reales. Por un lado, la salida de Lara termina en la llegada de un ultrarradical político, de lo más rancio que tiene la política colombiana, como lo es Alejandro Ordóñez. Por el otro, la caída del presupuesto solo perjudica a las regiones, que en las modificaciones alcanzadas en el Congreso iban a recibir mejores beneficios que con un presupuesto aprobado por decreto. En todo caso, ninguna de las dos situaciones se puede cantar como triunfo del famoso Pacto, ya que en los errores provocados por el afán cayeron el Gobierno y sus aliados en el Congreso; la salida de Lara es, en realidad, una victoria de la derecha radical de este país.

La llegada de Alejandro Ordóñez apunta a un cambio de estilo: menos liberalismo político y más conservadurismo doctrinario. El presidente está sustituyendo a un ministro que no consiguió los resultados esperados por una figura más cercana a sus convicciones, sin que eso resuelva necesariamente las fallas de negociación que provocaron el relevo. Ordóñez —famoso por ser el procurador que logró que su opuesto extremo desde la izquierda, Gustavo Petro, votara por él en el Senado cuando se eligió como procurador— es un vasto dirigente clientelista, capaz de movilizar votos a punta de burocracia y puestos. Alejandro Ordóñez fue elegido procurador general de Colombia el 11 de diciembre de 2008 y asumió el cargo el 16 de enero de 2009; Gustavo Petro, que entonces era senador del Polo Democrático, votó a favor de él en esa elección.

Lara fracasó por no construir mayorías; Ordóñez tendrá que demostrar que puede construirlas sin convertir cada desacuerdo político en una confrontación ideológica. Seguramente es un experto comprobado en esas lides —lo demostró para ser procurador— y ahora tendrá la tarea de repetirlo como ministro de la política, porque los desafíos en el Congreso son mayúsculos. A Lara le dijo Aberlardo en X, despedido de la patria milagro.

El silencio complaciente de los incendiarios

Durante cuatro años del gobierno de Petro no se presentaron paros de las organizaciones sindicales; el país parecía ir en el rumbo correcto a la luz de cualquier desprevenido que lo viera desde afuera, o de cualquier ciudadano del común que quizás se pudo alegrar con el aumento del salario mínimo por encima del 20 % en el año 2026, e irónicamente en contra de todo lo que siempre había ocurrido. Pero todo fue una falacia, una cortina de humo bien montada, debido a que los personajes que siempre incendiaron el país estaban, por fin, en el gobierno.

Nunca los vimos protestar por la salud y por la muerte de personas a causa de no recibir sus medicamentos a tiempo; tampoco vimos protestas cuando un niño con hemofilia murió y el expresidente Petro acusó a la mamá de ser la culpable por dejarlo montar en bicicleta. Mucho menos vimos a estos incendiarios protestar porque el país estaba sobreendeudado con las políticas económicas que llevaron al gobierno anterior incluso a mover la regla fiscal. No vimos una sola protesta por el escándalo de corrupción más grande que recientemente se haya conocido: el robo de los dineros de La Guajira por parte de petristas declarados en el gobierno anterior, quienes movieron miles de millones, incluso para comprar congresistas, de la mano del anterior ministro de Hacienda, del Interior y por medio de la corrupta UNGRD. No vimos protestas cuando al hijo del presidente lo capturaron por lavado de dinero, o por el escándalo de Laura Sarabia cuando, haciendo uso de su poder, logró llevar al polígrafo a la niñera porque se le robaron unos dólares —de los que nunca supimos si aparecieron, ni mucho menos la cantidad—.

En 2023 se divulgaron conversaciones en las que Benedetti —ministro estrella del gobierno anterior— afirmaba haber conseguido una suma considerable para la campaña y hacía referencias a posibles consecuencias judiciales. Nunca vimos a estos hipócritas y politiqueros de la izquierda hacer un reclamo con vehemencia, pidiendo aclarar el origen y reporte de los recursos de campaña y las posibles irregularidades. Claro, nunca los vimos rechazando la falsa «Paz Total» que tanta inseguridad generó en el país, ni mucho menos por el aumento del precio de la gasolina o los escándalos de corrupción y narcotráfico que rodeaban al Gobierno.

Hoy, estos politiqueros de izquierda que vivieron sabroso durante cuatro años se aprestan a movilizar, incendiar y generar el caos que saben sembrar en el país, cuando apenas el gobierno actual lleva dos meses en acción. Dos meses en los que ha tratado de reconstruir lo que dejaron estos cuatro años de desgobierno politiquero y de una verborrea excremental que no se materializaba en logros para el país.

Resulta curioso que esos personajes desde ya hablen de un segundo «estallido social», con ánimos, seguramente, de tratar de recuperar el poder en el 2030. Un poder al que no deberían volver porque, cuando estuvieron en él, solo hicieron más de lo mismo que hacían los políticos de antes, haciéndose llamar «el cambio», pero resultando un falso cambio que sí llenó los bolsillos de muchos amigos del gobierno anterior, con acusaciones desde sus entrañas de lavado de dinero, transporte de drogas e incluso de favorecer a los actores armados para su crecimiento. Un país que nunca marchó en cuatro años porque ellos no lo ordenaron, donde ni los maestros fueron capaces de protestar cuando el gobierno anterior los dejó en el aire con un sistema de salud fracasado que se vendió como piloto de la rechazada reforma a la salud de la izquierda: un modelo dirigido por Carolina Corcho, a quien muchos en la izquierda llaman «eminencia».

Tasajera: la radiografía de un pueblo fallido

Tasajera, corregimiento del municipio de Puebloviejo, Magdalena, tendría entre 5.000 y 10.000 habitantes. Es un pueblo con la fortuna —para ellos— de estar en medio de la carretera que conduce de Santa Marta a Barranquilla, y con la miseria —para quienes transitamos por este corredor vial— de tener que atravesarlo con la incertidumbre constante de encontrar la vía bloqueada.

Es una población que parece haber nacido para protestar. En el año 2020, en plena pandemia de COVID-19, ocurrió la tragedia que más ha marcado a esta comunidad: hacia las 7:30 a. m., un camión cisterna que transportaba casi 6.000 galones de gasolina se volcó a un costado de la carretera. El conductor resultó ileso y logró salir del vehículo, no sin antes advertir que la carga era extremadamente peligrosa. En pocos minutos, decenas de habitantes de la zona acudieron al sitio con pimpinas, canecas y tanques para saquear la gasolina. A pesar de que la Policía llegó e intentó acordonar la zona y advertir del peligro, la multitud superó en número a las autoridades y rodeó por completo el camión. Alrededor de las 8:00 a. m., mientras decenas de personas maniobraban sobre y al lado del vehículo, se produjo una chispa. El camión explotó envuelto en una bola de fuego gigante que alcanzó instantáneamente a quienes lo rodeaban. Decenas de personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado en más del 60 % y 80 % de sus cuerpos, siendo trasladadas a pabellones de quemados en Santa Marta, Barranquilla, Valledupar y Bogotá. Durante las semanas posteriores, la cifra de fallecidos ascendió a 45 víctimas mortales.

La tragedia expuso con dureza las condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad estructural de Tasajera, un corregimiento pesquero asentado a orillas de la Ciénaga Grande donde abundan la falta de servicios básicos, el desempleo y la ausencia de oportunidades en una zona que parece condenada al olvido. Gobernantes de izquierda y de derecha han pasado por el Palacio del TAYRONA y no han hecho absolutamente nada. Sus habitantes parecen nacer con el resentimiento a flor de piel, a la espera de que el Estado les provea todo, incluyendo agua y energía eléctrica; los mismos servicios que usan como pretexto para sus abusos al cerrar la vía cualquier día que amanecen con la zozobra alborotada.

El último gran bloqueo sucedió en plena semana de receso escolar: el eterno sufrimiento de quienes debemos transitar por esta vía para cumplir lo que debería ser un viaje de no más de dos horas entre dos ciudades clave. Esto aleja cada día más a Santa Marta del turismo. Sumado al paro armado que recientemente se vivió en la ciudad, con los bloqueos recurrentes en Tasajera son aún menos los visitantes que se atreven a viajar, aunque para las autoridades locales el tiempo parezca no pasar. Para el alcalde de Puebloviejo que llegue seguirá siendo lo mismo, al igual que para la Gobernación del Magdalena.

Todos estaban advertidos: este domingo la comunidad de Tasajera se iba a tomar la vía con tanques para cerrarla, y lo hicieron a las 12:00 del mediodía. Algunos quedamos atrapados por una hora en un trancón que podríamos considerar corto, pero a las 2:00 de la tarde vino lo peor: por más de cuatro horas mantuvieron cerrado el corredor vial, ocasionando gigantescos represamientos y afectando el bien general solo porque no tienen agua y el Estado no se las regala. Nuevamente, como ha ocurrido a lo largo de los años, apenas 30 personas tienen la capacidad de bloquear y alterar la vida de miles de viajeros que no guardan el más mínimo asomo de responsabilidad en su tragedia. La misma tragedia que dejó 45 muertos y que quisieron hacer ver como héroes, cuando en realidad estaban saqueando gasolina.

Tasajera es el claro ejemplo de lo que se conoce como un pueblo fallido: un problema que para solucionarse requiere mucho más que los PMU anunciados por la gobernación. Exige una intervención real, orden institucional y acompañamiento militar para hacer respetar la ley. Los ciudadanos no podemos seguir a merced de habitantes que incluso llegan a exigir dinero carro por carro, so pena de agredir a quien no les entregue lo que están pidiendo.

Santa Marta te llama

La vocación turística de Santa Marta se ha visto severamente afectada en los últimos días; la violencia hace de las suyas en una ciudad que ha perdido el brillo y el interés de propios y visitantes. Hoteles vacíos y zonas turísticas que en otros años lucían abarrotadas para esta época, hoy se ven desoladas, evidenciando que la violencia y el terror le han ganado la partida al Estado. Los reportes vinculan directamente parte de esta caída con el paro armado y la profunda preocupación por la seguridad en las vías. Cotelco señaló cancelaciones y aplazamientos masivos, mientras que los comerciantes de El Rodadero también relacionaron la baja afluencia con estos aciagos acontecimientos.

Duele como oriundo de esta ciudad lo que está ocurriendo. Sin embargo, como samario que siempre ha visto en sus playas una oportunidad de inversión, crecimiento y generación de ingresos, me sumé a la campaña «Santa Marta te llama». Miles de empleos están en riesgo por la baja afluencia de estos días y por la evidente contracción del comercio en toda la región.

Estuve esta semana de receso en el que me parece uno de los mejores hoteles que hoy tiene la ciudad, Senda Kokkos Beach, ubicado a tan solo 30 minutos del centro de la ciudad, en la carretera hacia Riohacha, kilometro 35. La vía a La Guajira es hoy un corredor desolado; no hay flujo vehicular, el temor se apoderó de todos y solo unos pocos nos atrevimos a disfrutar de las bellezas y la oferta hotelera local. En este trayecto hay numerosos establecimientos que han visto desplomarse la demanda de sus servicios. Algunos hoteles parecen sacados de una revista italiana o construidos al mejor estilo de los resorts mexicanos o dominicanos. Hago especial mención de dos que he visitado recientemente: Senda Kokkos Beach, ubicado en el kilómetro 35 de la vía a La Guajira —donde estuve con mi familia durante esta semana de receso—, y Naio Hotel en Palomino. Dos joyas de la hotelería moderna y boutique que contemplan cómo la violencia y el miedo les arrebatan las fuentes de ingreso a la zona. El hotel Senda Kokkos beach, tiene una variada oferta de habitaciones y un restaurante como comida simplemente exquisita.

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Cotelco Magdalena informó que, en el sondeo de hoteles afiliados, el 78,6 % esperaba una ocupación inferior al 50 % para el sábado 3 de octubre. Para el periodo del jueves 8 al lunes festivo 12 de octubre, el 50 % de los establecimientos participantes proyectaba ocupaciones iguales o superiores al 50 %. Esto reflejaba una tibia esperanza de reservas de última hora, pero de ninguna manera confirma que se haya alcanzado dicha cifra. En septiembre, Cotelco reportó ocupaciones por debajo del 38 % en la hotelería urbana y de alrededor del 15 % en algunos establecimientos del corredor hacia el Tayrona y Palomino, en medio de cancelaciones y aplazamientos. Son cifras de ese momento, no de la ocupación actual de la totalidad de los hoteles.

El reporte más revelador se conoció el viernes 9 de octubre en El Rodadero, donde comerciantes y prestadores de servicios describieron una temporada muy por debajo de sus expectativas. Vendedores de playa y comerciantes reportan menos visitantes y ventas drásticamente inferiores a las previstas. Las cancelaciones previas afectaron a toda la cadena turística, no solo al alojamiento; repercuten directamente en trabajadores, proveedores, taxistas, agencias y pequeños negocios que viven de vender productos o experiencias a los visitantes.

Indetur, el Ministerio de Comercio, ProColombia, Fontur, la Alcaldía y los gremios impulsan una campaña para recuperar la confianza de los viajeros y promocionar la ciudad tras estas afectaciones de seguridad. Santa Marta afronta una semana de receso con claras señales de debilidad y una recuperación todavía incierta. El puente festivo del 10 al 12 de octubre será decisivo para verificar si aumenta el movimiento, pero los pronósticos previos jamás deben confundirse con los resultados reales.

«Santa Marta te llama». Su oferta es impresionante: hay playas, ríos, cultura y gente bacana que espera que, como turista, no le des la espalda a una región empeñada en salir adelante con pujanza y en demostrarle a los violentos que los buenos somos más.

Senda Kokkos Beach, kilometro 35

La "Gran Vía": la pesadilla vial que se tragó al Corredor Universitario

La Gran Vía —esa mentada ampliación del Corredor Universitario que promete unir a Barranquilla con Puerto Colombia— se ha convertido en el monumento perfecto a la desidia y al aplazamiento interminable. Una obra cacareada y esperada, pero que tras años de retraso sigue sin ver la luz. En el papel, suena ambiciosa: un corredor de 3,55 km sobre la conocida Carrera 51B, con tres carriles por sentido, dos pasos a desnivel (deprimidos en la Universidad del Norte y Le Champ), tres glorietas, tres puentes peatonales y ciclorrutas, además de un sistema de manejo de aguas lluvias prometido para liquidar las eternas inundaciones del sector.

La realidad, sin embargo, es otra. Desde que se puso la primera piedra el 1 de noviembre de 2022, el proyecto se dividió en dos tramos. La Unidad Funcional 1 (de la Circunvalar a la Uninorte) se entregó a regañadientes en diciembre de 2024. Pero la llaga abierta está en la Unidad Funcional 2, que va del Club Campestre a la Universidad del Atlántico. Para marzo de 2026, el reporte oficial arrojaba un cansino 83 % de avance total.

El baile de fechas roza el ridículo: la entrega inicial estaba pactada para septiembre de 2024; luego la aplazaron a junio de 2025, de ahí saltó a junio de 2026, y hoy ya tramitan descaradamente una nueva prórroga hasta noviembre de 2026. En junio, la Gobernación apenas atinó a reconocer los avances, argumentando que faltaban "componentes estructurales" —nada menos que la plataforma superior de los puentes y los muros de soporte—, excusándose en la complejidad técnica del tramo elevado en volado. Mientras la burocracia busca pretextos entre fallas de planeación, gestión predial e interferencia de redes, los comerciantes de la zona quiebran y reportan pérdidas irreparables.

La paciencia ya se agotó. En enero de 2026, la Contraloría abrió una indagación preliminar para escarbar en las causas de este freno mano y determinar responsabilidades fiscales, expresando seria preocupación por el abismal descuadre entre el avance físico (que para entonces era del 81,5 %) y el financiero.

Con las últimas lluvias, el caos en la movilidad del sector colapsó por completo, empeorando el panorama a cuatro años de que Elsa Noguera, entonces gobernadora, le diera el goce inicial a este calvario. El desespero es tal que las empresas de transporte público amenazan con suspender sus rutas, amenazando con dejar desconectados a miles de estudiantes y residentes. Todo esto ocurre ante la mirada ciega e indolente de la Gobernación, que parece jugar con EDUBAR —la empresa de desarrollo urbano distrital encargada de la ejecución y supervisión de la UF2— a un juego perverso de nunca acabar.

Hablemos de números, porque el descalabro no sale gratis. La Unidad Funcional 2 arrancó con un contrato inicial de $94.720 millones, al que en junio de 2026 le inyectaron una adición de $3.650 millones junto a otra prórroga contractual, elevando el costo a $98.370 millones. ¿El resultado? Prometieron entregar el 30 de septiembre de 2026, pero un reporte del 16 de septiembre confirmó lo inevitable: tampoco cumplieron.

Lo que debía ser el orgullo del desarrollo departamental terminó convertido en una auténtica pesadilla para residentes, estudiantes y comerciantes, destruyendo el valor comercial y urbanístico de una de las zonas de mayor plusvalía de la región. Hoy, la mal llamada Gran Vía no es más que la peor vía del Atlántico.

El costo de retomar el control

Durante cuatro años se vivió una falsa tranquilidad, una sensación de que todo estaba bien mientras el país iba directo al barranco, tomado por delincuentes que, bajo el amparo de la "paz total" de Petro, hicieron y deshicieron e impidieron a la fuerza pública hacer su tarea. No hubo operativos contra la criminalidad; el gobierno de Petro nunca trabajó de la mano con los mandatarios locales. La extorsión creció desmedidamente mientras los delincuentes se paseaban por el país con el permiso del Presidente de la República y la fuerza pública permanecía con las manos amarradas.

El gobierno saliente dejó la vara muy baja para hacerlo mejor, aunque para algunos la transición resulte en el recrudecimiento de la violencia: una violencia que en realidad nunca se fue de un país que vio cómo su presidente de entonces entregaba salvoconductos, asignaba camionetas del Estado y se subía a tarimas con bandidos a los que denominaba "gestores de paz".

Cuando el Estado decide actuar y tomar el toro por los cuernos, la fuerza pública combate como debe hacerlo —en derecho y bajo el amparo de la Constitución— a los bandidos que vienen azotando a la población civil. Decididamente, el actual gobierno dio la orden a las fuerzas militares de acabar con estas organizaciones; a sus cabecillas los están metiendo en bolsas blancas, una acción que no gusta mucho a personajes como Gustavo Petro, Iván Cepeda y todo ese Pacto Histórico, quienes parecen solidarizarse más con los bandidos que con las víctimas que vivían en medio del olvido estatal.

Benjamin Lessing define la gobernanza criminal como aquellas situaciones en las que las organizaciones delictivas se convierten, en determinados territorios, en una autoridad relevante para la población, incluso coexistiendo con el Estado.

La organización criminal empieza a regular la vida cotidiana: quién vende, quién entra o sale, los horarios, los conflictos vecinales, los robos, el consumo de drogas, los negocios, el transporte, el cobro de "impuestos", la seguridad e incluso quién puede permanecer en el territorio. Eso es lo que se vive en sectores de Santa Marta, donde durante décadas el problema se ha conocido y maquillado mientras las autoridades miraban para todos lados menos hacia la atención de la población afectada por vacunas y asesinatos selectivos. La ciudad volvió a vivir épocas en las que estos delincuentes lograron cerrarla por varios días. De nada valió que el expresidente, jugando a los policías y ladrones, saliera con pistola al cinto: la población no salió de sus casas ante la amenaza del paro armado. Esta gobernanza pasa de ser percibida únicamente como una amenaza a convertirse, para una parte de la población, en una fuente informal de seguridad, orden, protección o resolución de conflictos. Eso es lo que la literatura denomina gobernanza criminal y, cuando existe aceptación de esa autoridad, legitimidad criminal.

Alias "Araña", el protegido "gestor de paz" de Petro, salió rumbo a los Estados Unidos en un proceso de extradición firmado por Abelardo de la Espriella. "Araña" no era simplemente un "exguerrillero de las FARC". Según información judicial recogida por El Espectador, primero estuvo vinculado a Los Rastrojos, fue condenado por delitos cometidos como integrante de esa organización y posteriormente reapareció vinculado a las FARC.

Este gobierno está tomando el toro por los cuernos, aunque duela la ola de violencia que conlleva recuperar los territorios que el gobierno anterior cedió a la delincuencia, es un acto necesario en el estado de derecho amparado en la constitución.