Le va a dar un yeyo a Caicedo

Margarita Guerra ganó las elecciones atípicas del 23 de noviembre de 2025 con 188.775 votos (56,05 %), como candidata de Fuerza Ciudadana. Su candidatura fue respaldada expresamente por Carlos Caicedo. Lo que ha pasado después es digno de contar: en septiembre de 2026, Margarita salió a respaldar públicamente la gestión de Abelardo de la Espriella y destacó su política de seguridad. Participó en acuerdos con el Gobierno Nacional sobre acueductos, aeropuertos, vivienda y vías. Posteriormente declaró que, aunque llegó respaldada por Fuerza Ciudadana, tiene su propia visión de gobierno y quiere dejar atrás las confrontaciones políticas. Esta declaración es particularmente importante porque representa un distanciamiento público del estilo político que caracterizó al movimiento.

En contra de lo que quería Caicedo cuando sacó a METROAGUA de la ciudad, y de lo que planteaba Petro, Margarita respaldó el proyecto de abastecimiento de agua desde el río Magdalena y protagonizó el abrazo con Abelardo que dio lugar a la ya célebre frase sobre Caicedo. No fue una simple fotografía protocolaria: entre Margarita y el gobierno de Abelardo existe una agenda de cooperación política y administrativa documentada. En esa foto, Abelardo abrazó a Margarita Guerra y dijo: «Le va a dar un yeyo a Caicedo».

La expresión fue pronunciada entre risas, haciendo referencia a la reacción que podría tener el exgobernador al ver a quien llegó al poder con su respaldo político acercándose al presidente que es su contradictor. Hay un componente simbólico importante: Abelardo está exhibiendo públicamente una cercanía con Margarita que contrasta con la confrontación política que ha mantenido con Caicedo.

Carlos Caicedo —quien fue condenado el 29 de julio en primera instancia a nueve años y nueve meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, relacionados con el proyecto de modernización de la red pública de salud de Santa Marta— salió el 17 de julio de Colombia en un vuelo con destino a Madrid, según reportes periodísticos. Aunque su abogada, Diana Muñoz, sostuvo que no estaba fugado, que no tenía restricciones para salir del país y que regresaría a atender sus compromisos judiciales, Caicedo a día de hoy no aparece. Pasamos de la frase «¿quién carajos es Caicedo?» a «¿dónde carajos estará Caicedo?».

Caicedo construyó durante años una estructura política que tuvo influencia sobre la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del Magdalena. Margarita llegó al poder con esa estructura electoral; por ello, su distanciamiento público representa un desafío directo para el liderazgo de Caicedo dentro de su propio movimiento. Margarita parece estar intentando construir una identidad política propia, mientras Abelardo se aprovecha de la situación y, con esa cercanía, demuestra que puede trabajar con una gobernadora que proviene de un movimiento que ha sido su histórico contradictor. El abrazo y la frase sobre Caicedo tienen un componente político y comunicacional evidente.

La pregunta queda servida para todos en el departamento: ¿Margarita Guerra ganó con los votos de Fuerza Ciudadana para terminar construyendo un proyecto político propio, o estamos ante una nueva alianza de poder en el Magdalena? Y si entre nos responden la pregunta: a Caicedo le dará un yeyo de paseo por Europa, o quién sabe si nunca más vuelva, en vista de que a la justicia parece que por fin le cogió la caída.

Los sexocontratos

El 3 de agosto de 2025, Vicky Dávila publicó conversaciones de WhatsApp entre Day Vásquez y Nicolás Petro, fechadas en 2021 y 2022. En esos mensajes, Daysuris del Carmen hablaba con Nicolás de las fiestas y bacanales que Gustavo Petro organizaba; incluía en sus chat referencias a mujeres en habitaciones de hotel, donde Day cuestionaba la presencia de varias de ellas en el mismo espacio en el que supuestamente estaba el mandatario. También comentaba Daysuris sobre el presunto consumo de drogas y alcohol; en uno de los mensajes escribió: «Esas viejas deben estar drogándose y toda vaina». No terminaban ahí los cuestionamientos de la expareja de Nicolás cuando mencionaba la presencia de personas trans: en otro intercambio, del 16 de abril de 2022, Day escribió: «En los videos hay de todo, travestis y demás». Hasta hace algunos días, no le creíamos. Nadie en Colombia daba crédito a lo que parecía ser solo el chisme de una dolida Daysuris, reemplazada por su mejor amiga, quien hoy es la pareja de Nicolás.

Hace unos días se vienen conociendo denuncias acerca del manejo que le dio Gustavo Petro a su presidencia en temas de contratación, y cómo al parecer tenía al Gobierno como su fuente personal para pagar favores sexuales con lo que se conoce como sus «mariposas amarillas». Cuestionamientos por mantener a mujeres hermosas sin ningún título universitario pero que tenían «el poder agarrado por las huevas», como se dice en el argot popular. Los petristas no daban crédito a que su mesías fuera capaz de pagar con contratos sus orgías sexuales o sus encuentros para satisfacer sus deseos. El mismo Gustavo Petro decía hace unos días que «se vomitaría encima de él mismo» si fuese capaz de pagar sexo con contratos públicos.

En octubre de 2026 apareció una denuncia diferente: Deicy Jiménez afirmó en una entrevista con Vicky Dávila que había mantenido una relación íntima con Petro y que habría recibido contratos públicos a cambio de favores sexuales. También habló de fiestas, drogas y de una supuesta red de mujeres. Deicy Alejandra Jiménez Ramírez no registra estudios universitarios ni un título profesional. Su formación académica reportada es únicamente como bachiller académica, graduada en el año 2000, y su experiencia laboral registrada se limita a actividades de producción audiovisual, asistencia administrativa, archivo y gestión documental. Según el testimonio que Deicy Alejandra dio a la Revista Semana, cuando conoció a Gustavo Petro en 2019 trabajaba como modelo webcam. Afirmó que lo conoció por medio de una página para adultos cuando él era senador en 2019. Según ella, Petro apareció inicialmente como un cliente más, pero aproximadamente un mes después se conocieron personalmente e iniciaron una relación íntima. Posteriormente, afirmó que se trasladó a Bogotá y empezó a trabajar en el Senado de la República.

Deicy Jiménez es la primera de las «mariposas amarillas» de Petro que se autoincrimina con pruebas para denunciar el favorecimiento y pago de sexo con contratos, en lo que bien podría denominarse el escándalo de los «sexocontratos». La existencia de los contratos está documentada; sin embargo, ello no demuestra por sí solo que hayan sido entregados formalmente a cambio de favores sexuales. Esto es algo que las autoridades deberán investigar y darle a conocer al país: si todo lo que se decía desde las épocas de Daysuris —quien nunca tuvo la gallardía de aportar pruebas como sí lo hizo Deicy— es cierto o no. En ese momento confirmaremos si el país fue gobernado por el enfermo que han mencionado, entre otros, Leyva, Angie Rodríguez y la misma Daysuris.

Mentiroso, mentiroso

Durante la campaña presidencial de 2026, Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, defendieron una política de reducción de impuestos. Incluso hablaron de una nueva reforma tributaria, pero con un propósito contrario al de aumentar la carga fiscal. En una entrevista con Noticias Caracol, publicada el 19 de mayo de 2026, le preguntaron directamente si haría una nueva reforma tributaria. Respondió: «Sí, pero hay que aclararle a la gente para qué. Es que la reforma tributaria no solamente es para subir los impuestos. Yo quiero una reforma tributaria para bajar los impuestos, que es distinto». También sostuvo que Colombia no necesitaba más impuestos que afectaran a campesinos y empresarios, que en su gobierno iba a eliminar el impuesto al patrimonio, que buscaría reducir el 4×1.000, que reduciría el tamaño del Estado hasta en un 40 % y que trabajaría en recuperar recursos perdidos por corrupción, evasión y exenciones para financiar la reducción de impuestos.

José Manuel Restrepo, su vicepresidente, defendió una posición similar. En una entrevista con Caracol Radio afirmó: «No hay espacio en este momento para subir los impuestos». Argumentó que Colombia ya tenía una carga elevada en renta corporativa, renta de personas naturales e IVA. Y como solución, planteaba que se debía reducir el gasto público y eliminar los derroches, recuperar recursos de las exenciones tributarias, trabajar en combatir la evasión, el contrabando y la corrupción, reactivar la economía para generar mayores ingresos y que, al igual que Abelardo, buscarían eliminar gradualmente el 4×1.000 y facilitar la formalización de pequeños negocios.

Como siempre se ha dicho, una cosa es en campaña y otra es gobernando; una cosa es ser oposición y creer tener todas las soluciones, y otra muy distinta es tener que solucionar. El 29 de octubre de 2026, el Gobierno anunció la radicación de su proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa incluye modificaciones tributarias que contrastan con las promesas de campaña. En esta tributaria disfrazada como «ley de rescate», el gobierno de Abelardo incluye nuevos gravámenes, propone ampliar la aplicación del IVA a determinados bienes y plantea mayores cargas tributarias para obtener ingresos.

El 1 de noviembre de 2026, en entrevista con la revista SEMANA, el vicepresidente respondió a las críticas por la contradicción entre las promesas y el proyecto: «Es cierto, pero nunca imaginamos que el Gobierno anterior fuera tan mentiroso y ocultara gastos». Argumentó que, al revisar las finanzas públicas, encontraron compromisos sin financiación suficiente para salarios, pensiones, salud y defensa. Por eso, según él, tuvieron que presentar la iniciativa y asumir su costo político. Restrepo no sabía dónde se estaba metiendo y, al igual que su jefe, el presidente De la Espriella, usaba la campaña para ganar likes y votos; nada más popular que decir que se van a bajar los impuestos.

Vale la pena examinar a fondo y, delante de todos, decirles: mentirosos, mentirosos a los dos pastorcitos. De la Espriella no prometió que jamás presentaría una reforma tributaria; de hecho, anunció que sí presentaría una, pero expresamente para bajar impuestos. Restrepo, por su parte, sostuvo que no había espacio para subirlos y que la solución debía ser reducir el gasto, combatir la corrupción y recuperar recursos que el Estado estaba dejando de recibir. Por eso, la discusión no es simplemente si prometieron una reforma tributaria o no. La pregunta es por qué un Gobierno que llegó prometiendo bajar impuestos termina proponiendo medidas que amplían la carga tributaria de los colombianos.

El descaro de pretender la casa tras haber quemado el patio

Circula en redes sociales y en los corrillos políticos la intención de Gustavo Petro y su Pacto Histórico de ganar la alcaldía de Barranquilla en el año 2027. Hay que ser muy caradura para que, luego de todo el desastre que armó su gobierno en la ciudad, tenga la mínima intención de buscar llegar a la silla de la alcaldía que hace más de cuatro periodos maneja la casa Char. He de decir que nunca he votado por los Char; siempre trato de mantener el equilibrio, pero el día que Petro asome por estas tierras, tendrán en mí al mejor defensor de la causa actual que ha logrado posicionar a la ciudad a nivel mundial.

Con Petro en el gobierno nacional, Barranquilla solo tuvo fracasos, y por si no los recuerdan, acá los mencionaré:

Barranquilla perdió la oportunidad de organizar uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de la ciudad: los Juegos Panamericanos de 2027. El 3 de enero de 2024, Panam Sports retiró oficialmente a Barranquilla como sede, argumentando incumplimientos reiterados del contrato de organización. Entre las obligaciones pendientes estaba el pago de ocho millones de dólares. La pérdida fue especialmente grave porque el evento habría permitido impulsar:

• La adecuación y construcción de escenarios deportivos.

• La contratación de trabajadores para obras, logística y operación.

• La llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales.

• Los ingresos de hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

• La proyección internacional de Barranquilla y del Atlántico.

• La posibilidad de desarrollar una Villa Panamericana con viviendas que posteriormente habrían tenido otros usos urbanísticos.

Las estimaciones publicadas antes de la cancelación hablaban de miles de empleos y un importante flujo turístico. Esas cifras eran proyecciones, no beneficios garantizados, pero el gobierno dejó morir la oportunidad.

Por otra parte, durante el gobierno Petro, Cormagdalena planteó que Cotecmar diseñara y construyera una draga propia para el puerto. En 2024 se hablaba de una inversión cercana a los $365.000 millones, pero el proyecto no llegó a una fase concreta de ejecución y no quedó definida una fuente de financiación ni un cronograma definitivo.

A esto se suma la conexión vial entre Barranquilla y Ciénaga, fundamental para el transporte de pasajeros, la logística y el comercio regional. Durante este gobierno, el proyecto sufrió severos retrasos relacionados con la tramitación de licencias ambientales para avanzar en componentes clave de la obra, incluidos los viaductos destinados a enfrentar los riesgos de erosión costera. Representantes gremiales del Atlántico cuestionaron que la fase de construcción de esos componentes se hubiera demorado y que el cronograma general se extendiera insólitamente hasta 2035.

En materia habitacional, se redujo drásticamente la disponibilidad de subsidios de programas como Mi Casa Ya y se produjeron graves dificultades de financiación que afectaron al sector de vivienda de interés social. Camacol señaló que los subsidios nacionales —que habían alcanzado niveles superiores a los 100.000 anuales durante algunos años de reactivación posterior a la pandemia— descendieron a alrededor de 50.000 al año durante la gestión de Petro, sumado a la paralización temporal del programa.

La principal deuda del gobierno Petro con Barranquilla fue no convertir compromisos estratégicos en resultados oportunos. La pérdida de los Panamericanos fue el caso más contundente porque cerró de portazo la posibilidad de organizar el evento y dejó gastos asociados a la candidatura. La falta de draga propia, la demora en el desmonte del antiguo puente Pumarejo y los retrasos en la sede universitaria de Soledad representan proyectos que quedaron en promesas rotas.

En infraestructura vial y vivienda el balance es nefasto, y aunque las responsabilidades deban analizarse obra por obra, el costo político para la ciudad ya se pagó. Pretender ahora el control de la ciudad tras semejante balance es, francamente, un insulto a la memoria de los barranquilleros.

El disfraz de una tributaria como recorte fiscal

Ahora sí comenzó el gobierno de Abelardo. Lo que hasta ahora habíamos visto era una oposición que salía a las calles y a las redes a enlodar y a criticar solo porque perdieron, sin argumentos válidos, olvidando que dejaron al país en una grave crisis fiscal y que hicieron todo lo que criticaban, incluyendo el escándalo de corrupción de la UNGRD, donde se robaron la plata del agua de La Guajira. En este tiempo me abstuve de criticar al nuevo gobierno porque el terremoto no le había dado margen de hacer lo que es el verdadero sello de este; pero con la llamada ley de recorte fiscal, llegan con su verdadera identidad a imponer lo que dijeron en campaña que no harían.

No hay peor azote que la lengua. En campaña, Abelardo de la Espriella prometía que no aumentaría los impuestos en el país y, como siempre hemos visto, una cosa es la campaña y otra cosa es gobernar. Hoy, el gobierno de lo que ellos llaman la «patria milagro» se la juega por una ley de recorte fiscal —como la han denominado— en la que la mayor carga impositiva la recibirá el sector que siempre resulta más golpeado en estas reformas tributarias: la clase media, que apenas asoma la cabeza y, con impuestos y leyes como esta, la bajan de un plumazo de la nube donde creía estar.

El Gobierno propone un paquete de medidas económicas orientadas a reducir el gasto público, incentivar la inversión empresarial y mejorar las finanzas del país. La iniciativa contempla recortes en el funcionamiento del Estado, modificaciones al IVA y al impuesto de renta, así como mayores aportes a salud para algunos trabajadores. La propuesta tiene una justificación económica válida —reducir el déficit, contener la deuda y disminuir gastos innecesarios del Estado—, pero su principal punto de tensión es que combina recortes públicos con mayores impuestos y aportes para trabajadores y consumidores. Por eso, reducir el gasto estatal no significa necesariamente que los hogares vayan a tener más dinero disponible.

La iniciativa tiene cuatro grandes componentes:

1. Reducir el gasto público y reorganizar entidades estatales.

2. Modificar el impuesto de renta de las personas naturales.

3. Ampliar el IVA a determinados bienes y servicios, acompañado de devoluciones para hogares de menores ingresos.

4. Aumentar las cotizaciones a salud de ciertos trabajadores y modificar los aportes de algunos empleadores.

El proyecto propone reducir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios frente a 2025 y disminuir los costos del personal de planta de la Rama Ejecutiva en un 20 % durante 2028, excluida la Fuerza Pública. También plantea limitar el crecimiento de las compras estatales y aplicar controles más estrictos a los gastos operativos.

Sin embargo, aunque se reduce el gasto estatal, también se incrementan las cargas para los hogares; el proyecto combina la austeridad del Estado con mayores impuestos sobre ciertos ingresos laborales y productos de consumo. En consecuencia, un trabajador podría terminar pagando más aunque el Gobierno consiga reducir el gasto público. La propuesta contempla llevar algunos bienes y servicios de tarifas reducidas o tratamientos preferenciales a la tarifa general del 19 %. Entre los productos o servicios mencionados en los análisis del proyecto están determinados alimentos, café, azúcar, medicina prepagada, vehículos híbridos y eléctricos, plataformas digitales y licencias de software (el alcance definitivo dependerá del texto final aprobado).

Esto podría traer consecuencias directas como:

• Aumentar el costo de determinados productos de consumo habitual.

• Encarecer algunos servicios digitales y tecnológicos.

• Reducir el poder adquisitivo de los hogares que no reciban una devolución suficiente.

• Elevar los costos de algunas empresas, las cuales podrían trasladarlos parcialmente a los precios finales.

Por otra parte, la propuesta baja el umbral de renta líquida gravable a partir del cual se comienza a pagar el impuesto e introduce una tarifa inicial del 9 % para un nuevo tramo. Abelardo sueña, como soñaba Carrasquilla con Duque, con que la mayor carga impositiva recaiga sobre los asalariados. También reduce el límite de la exención laboral del 25 % y elimina la deducción adicional por dependientes. Para los ingresos más altos, propone elevar la tarifa marginal máxima del 39 % a partir del umbral establecido en el proyecto.

Esto puede tener un efecto importante sobre trabajadores profesionales, técnicos, directivos y empleados de ingresos medios que hasta ahora tenían una carga menor o no pagaban impuesto de renta. El problema no es necesariamente que los asalariados con mayores ingresos contribuyan más; la discusión de fondo es si el umbral, las deducciones y las tarifas están calibrados de manera que la carga tributaria corresponda a la capacidad económica real de cada hogar.

Asimismo, el proyecto plantea incrementar las cotizaciones a salud de los asalariados que ganen más de dos salarios mínimos, con porcentajes diferenciados según sus ingresos. Los independientes también tendrían cambios en sus aportes. El efecto inmediato será una reducción del dinero neto que recibe el trabajador después de los descuentos de nómina, recordando que un mayor aporte a salud no equivale automáticamente a una mejora en la atención médica.

Picolino, bienvenido a la «patria milagro» y a las frases famosas de Abelardo. Para los trabajadores asalariados, el riesgo más directo es que el ingreso disponible disminuya por la combinación de mayores aportes a salud, cambios en el impuesto de renta y aumentos de precios. Aplaudan... ¿por qué no aplauden? Abelardo tratará de cumplir el sueño de Duque y Carrasquilla a como dé lugar; total, él «no es político». Pasamos de un presidente derrochador que al parecer pagaba sexo con contratos, a un presidente que parece despreciar a la clase media imponiéndole más impuestos.

Cuando el río suena

 Dice el viejo refrán: «cuando el río suena es porque piedras lleva». En nuestro país se han venido revelando denuncias sobre todas las porquerías y mañas que sucedieron durante la presidencia del exguerrillero y expresidente Gustavo Petro. Denuncias que van desde escándalos sexuales (fiestas con travestis y drogas) hasta contratos del Gobierno pagados con sexo por parte de las implicadas; se habla de más de 48 exfuncionarias que pasaron por lo que los mismos petristas denominan una «máquina sexual».

La principal controversia de los últimos días surgió tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien señaló al expresidente Petro en una entrevista publicada por la revista Semana. Según su testimonio, Jiménez habría conocido a Petro en 2019 —cuando él ejercía como senador— mediante una plataforma digital para adultos. Afirma que habría recibido contratos estatales condicionados a encuentros sexuales y sostiene que podrían existir entre 30 y 40 mujeres más en situaciones similares. En su entrevista, Jiménez también afirmó que Petro le habría pedido comprar y transportar sustancias ilícitas. Este señalamiento forma parte de su testimonio y no debe presentarse como un hecho probado; las autoridades tendrán que establecer si existen pruebas independientes que lo corroboren.

Por otro lado, el 21 de octubre, Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), anunció que denunciaría el caso de 48 mujeres que, según su versión, habrían sido instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios durante el Gobierno Petro. La denuncia plantea preguntas serias sobre la finalidad real de esos contratos, las condiciones en que fueron otorgados y si algunas vinculaciones se habrían utilizado para conseguir encuentros privados con el entonces presidente.

Petro rechazó tajantemente las acusaciones. Sostuvo que nunca utilizó el poder público para obtener relaciones sexuales y calificó la controversia como un intento de invadir su intimidad y perjudicarlo políticamente. Sin embargo, todo lo que suena en este gobierno dista mucho de ser bueno. Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, en una entrevista con Caracol Radio el 12 de octubre, afirmó que había mujeres con más poder que la propia titular de esa entidad, capaces de influir en nombramientos y contrataciones. Rodríguez fue más allá y afirmó que existiría una red de mujeres jóvenes y personas que actuarían como intermediarias para reclutarlas. También sostuvo que algunas habrían llegado a ocupar cargos importantes en entidades estatales. Además, señaló que la madre de una exministra habría estado relacionada con esa presunta red, aunque no presentó públicamente todos los detalles de dicha acusación en la entrevista. Según su relato, algunas la llamaban o le escribían para pedirle que tramitara contratos y nombramientos con el beneplácito de Petro, asegurando que ella se opuso firmemente a esas solicitudes. Lo más relevante es que Rodríguez fue una funcionaria de alto nivel dentro del Gobierno Petro, con acceso directo al funcionamiento administrativo de la Presidencia, lo que hace que sus afirmaciones merezcan ser investigadas a fondo.

El asunto más importante no radica en con quién se relacionaba Petro en su vida privada. La cuestión central es si utilizó su posición política para obtener beneficios sexuales mediante contratos pagados con recursos públicos. Al final, Petro al parecer sí ha estado involucrado con las llamadas «mariposas amarillas», una red de mujeres que el mismo Gustavo supo definir como «exitosas» porque acompasaban el clítoris con el cerebro. Los petristas ponen en duda todas estas denuncias. Quizás sean los mismos que lanzaron a la hoguera a los periodistas de Caracol que fueron denunciados y que hoy están siendo investigados, aunque todavía no han sido condenados. ¿Presunción de inocencia para unos y condena anticipada para otros?

Cuando el río suena, algo viene rodando: sean piedras o una papayera que se va ahogando. Que la Fiscalía investigue; no la vida privada de Petro —eso solo les debe importar a sus queridos petristas—, pero sí debe aclarar si Petro usó el Gobierno para estructurar una red de prostitutas disfrazadas de contratistas que le pagaban con sexo el valor del contrato.

Despedido de la patria milagro

A Gustavo Petro le tomó 6 meses y 20 días realizar el primer cambio en su gabinete ministerial: el 27 de febrero de 2023 salieron Alejandro Gaviria (Educación), Patricia Ariza (Cultura) y María Isabel Urrutia (Deporte). En total, 65 ministros pasaron por el gabinete de Petro entre agosto de 2022 y agosto de 2026. En el gobierno de la «patria milagro» —como lo llama Abelardo de la Espriella—, la primera movida fue la salida de Viviane Morales del Ministerio de Educación y la llegada de una ultrarradical llamada Ilva Myriam Hoyos Castañeda; ese cambio sucedió cuando apenas iban 39 días de gobierno.

Solo van 76 días del gobierno de Abelardo de la Espriella y este ya ha despedido a su primer ministro. La salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior parece responder a una mezcla de fracaso en la negociación política, pérdida de confianza dentro del Gobierno y diferencias ideológicas. Es la crónica de una muerte anunciada para quien pareció caer en paracaídas en un gobierno ultraderechista, alineado más a las políticas de Enrique Gómez Martínez que a las de un afamado «liberal-demócrata» como Rodrigo Lara.

Las derrotas en la elección del presidente del Senado —donde el Centro Democrático se meció en la misma cuna con su enemigo del Pacto Histórico— y otras pifias parecieron pasarle factura al hoy exministro; no siempre tratar de encajar donde no se cabe sale bien. En la orilla del Pacto Histórico se atribuyen como victoria la cabeza de Lara y la caída del presupuesto en el Congreso, dos jugadas que distan mucho de ser triunfos reales. Por un lado, la salida de Lara termina en la llegada de un ultrarradical político, de lo más rancio que tiene la política colombiana, como lo es Alejandro Ordóñez. Por el otro, la caída del presupuesto solo perjudica a las regiones, que en las modificaciones alcanzadas en el Congreso iban a recibir mejores beneficios que con un presupuesto aprobado por decreto. En todo caso, ninguna de las dos situaciones se puede cantar como triunfo del famoso Pacto, ya que en los errores provocados por el afán cayeron el Gobierno y sus aliados en el Congreso; la salida de Lara es, en realidad, una victoria de la derecha radical de este país.

La llegada de Alejandro Ordóñez apunta a un cambio de estilo: menos liberalismo político y más conservadurismo doctrinario. El presidente está sustituyendo a un ministro que no consiguió los resultados esperados por una figura más cercana a sus convicciones, sin que eso resuelva necesariamente las fallas de negociación que provocaron el relevo. Ordóñez —famoso por ser el procurador que logró que su opuesto extremo desde la izquierda, Gustavo Petro, votara por él en el Senado cuando se eligió como procurador— es un vasto dirigente clientelista, capaz de movilizar votos a punta de burocracia y puestos. Alejandro Ordóñez fue elegido procurador general de Colombia el 11 de diciembre de 2008 y asumió el cargo el 16 de enero de 2009; Gustavo Petro, que entonces era senador del Polo Democrático, votó a favor de él en esa elección.

Lara fracasó por no construir mayorías; Ordóñez tendrá que demostrar que puede construirlas sin convertir cada desacuerdo político en una confrontación ideológica. Seguramente es un experto comprobado en esas lides —lo demostró para ser procurador— y ahora tendrá la tarea de repetirlo como ministro de la política, porque los desafíos en el Congreso son mayúsculos. A Lara le dijo Aberlardo en X, despedido de la patria milagro.