Un país de ciegos y sordomudos

Lo que ocurre en Colombia actualmente no es nada diferente a lo que ha pasado a lo largo de más de 200 años de vida republicana: un gobierno rodeado de corruptos que pasa de escándalo en escándalo; un presidente que prometía un cambio en el país y nos devolvió al pasado, a las épocas en las que viajar por carretera era un deporte extremo, donde los bandidos mandan ante la mirada ciega de quienes deben proteger al país.

Un gobierno apoyado por nuevos clanes, como el clan Torres en el Atlántico, quienes con dinero y astucia han hecho desaparecer a los clanes Name, Cepeda y otros más. Un gobierno apoyado por Armando Benedetti, quien hoy, orondo, dice que aspira a ser el próximo alcalde de Barranquilla —Dios no lo permita jamás—, respaldado además por el arquitecto de lo que inició como una “mochila” de partidos políticos que conformaron el llamado Pacto Histórico en 2022, Roy Barreras. Un gobierno con ministros presos en cárceles, como Bonilla y Velasco; otros huyendo en Nicaragua, como es el caso de Carlos Ramón González, quienes han hecho lo mismo que tanto criticaron: comprar congresistas y sacar adelante reformas fallidas para el país.

Hoy en el país hay tal polarización que un personaje como Iván Cepeda, cuyo único mérito a destacar es haber contribuido a que Álvaro Uribe enfrentara procesos judiciales, sea quien puntea en las encuestas presidenciales. Y, del otro lado, un outsider con ínfulas de Bukele. Son ellos quienes hoy, según esas firmas encuestadoras, tienen la mayor probabilidad de ser presidente y suceder al nefasto Gustavo Petro. Un presidente que se ha peleado con todo lo que huela a institución y que gobierna vía redes sociales, como lo hacía su némesis Álvaro Uribe: dos enfermedades que padece Colombia y que muchos sufren con gusto. Incluso son capaces de vender el voto a mochileros en el Atlántico, apoyados por el delincuente y condenado Bernardo Hoyos, quien sumió a la ciudad de Barranquilla en un desastre del que, gracias a Dios, se ha podido salir.

Iván Cepeda nunca imaginó siquiera ser candidato a presidente. Su retórica no le da para hablar de algo diferente a Álvaro Uribe Vélez, las FARC o el ELN; gira siempre sobre lo mismo. Sin embargo, hoy, impulsado por las políticas populistas de este gobierno, que en cuatro años no hizo mucho —o quizá no hizo nada—, aparece como opción. Su ejecución del presupuesto estuvo siempre dirigida a engordar una nómina estatal. Para el Petro derrochón, no importa que el número de empleados públicos pasara entre 2023 y 2024 de 889.000 a 916.000, es decir, 27.000 personas más (3%). Tampoco que los contratos por prestación de servicios pasaran de 11.851 en 2022 a 18.685, un aumento cercano al 57%. Como suelen hacerlo los gobiernos de izquierda: mantener el poder mediante burocracia y contratación; de ahí su fuerza electoral.

En este país no importan los datos o los hechos. El colombiano no vive de cifras sino de momentos: vive del populismo, impregnado hace unos años por Uribe y hoy por Petro, quien se atrevió, en el último año de su gobierno, a hacer un aumento desproporcionado y sin fundamentos reales del salario mínimo. Eso sí, algo que aplaude lquienes viven del salario minimo. Total, hay más pobres que ricos, y eso la politiquería lo sabe. Saben que el colombiano es ciego y sordomudo: capaz de no mirar escándalos o las altas cifras de inseguridad; sordo para escuchar razones y mudo para decir algo frente a lo que ocurre. Eso sí, colombianos “shakiros”: ciegos, sordomudos, pero felices mientras estén “viviendo sabroso” con un salario de dos millones de pesos. ¿Qué importa la salud y cómo Petro ha dejado que el “shu, shu, shu” se la lleve por delante?

El fenómeno Oviedo

Pasaron las elecciones al Congreso y con ellas las consultas presidenciales. El gran ganador al Congreso fue el partido del presidente Gustavo Petro, con 25 senadores y 40 representantes. Otro ganador fue el expresidente Álvaro Uribe, quien supo capitalizar con 17 senadores y más de 20 representantes a la Cámara con su partido Centro Democrático.

Pero en las consultas se dio la gran sorpresa en la llamada Gran Consulta por Colombia. El economista y exdirector del DANE, Juan Daniel Oviedo, sin maquinarias y a pura opinión, saldó su cuenta con más de un millón doscientos mil votos, una cifra nada despreciable entre nueve candidatos que buscaban capitalizar opinión, como la derrotada Vicky Dávila, o políticos sin base electoral sólida como David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas.

Juan Daniel Oviedo pasó de ser un técnico del Estado a convertirse en un actor político con notable visibilidad en Colombia. Se volvió conocido porque dirigió el DANE durante el gobierno de Iván Duque, donde se posicionó como un técnico serio, un buen comunicador de datos y, sobre todo, como una figura independiente de los partidos tradicionales. Su apoyo se concentra en clases medias urbanas, jóvenes profesionales y votantes independientes: ciudadanos cansados de la polarización que domina el debate público. Ese mismo fenómeno ya se había visto cuando fue candidato a la alcaldía de Bogotá, donde obtuvo un resultado fuerte para alguien sin maquinaria política.

Oviedo proyecta una imagen limpia. No tiene escándalos de peso, utiliza un lenguaje claro y explica la política con datos. No polariza. No está asociado ni completamente a la izquierda ni a la derecha. En un país marcado por la confrontación entre figuras como Gustavo Petro y su oposición, ese perfil termina atrayendo a votantes moderados. Hay una parte del electorado que quiere política basada en datos y gestión, no solamente en ideología. Sin embargo, el sistema político colombiano sigue premiando más la maquinaria que la tecnocracia.

Este domingo 8 de marzo, una Colombia cansada de los odios y de los extremos le gritó al país que es posible tener una figura que no polarice y que, por el contrario, sume. Oviedo parece entender que el país se construye entre distintos. Muy distinto a lo que hoy ocurre con el gobierno de Petro, radicalizado y atrincherado en sus banderas rojas —como él mismo las llama— o en una izquierda recalcitrante que duele en el estómago y en los intestinos, que piensa con el páncreas y que utiliza un lenguaje excremental para referirse a todo aquello que no está con ellos.

Como parte del fenómeno en el que se ha convertido, Oviedo partía con gran empatía entre muchos colombianos que quieren apostar por un país lejos de la destrucción del sistema de salud, del derroche estatal en contratos y de una nómina gubernamental inflada por Gustavo Petro para saciar su apetito burocrático y político. Hoy Petro parece dar cabida a cualquier adulador sin importar qué tenga en la cabeza; lo único que importa es ser petrista.

Oviedo es hoy candidato a la vicepresidencia de Paloma Valencia. Allí entendieron que el país se construye entre distintos. Sola, Paloma difícilmente podría llegar a una segunda vuelta. El desafío para esta dupla es ahora superar al llamado fenómeno Abelardo, una expresión de extrema derecha que ha venido ganando espacio y adeptos en un país cada vez más polarizado, que sigue creyendo que la solución es uno o el otro y que aún no entiende que todos cabemos en él, sin necesidad de pasar por encima de quien piensa distinto.

El verdadero fenómeno Oviedo no está solo en el millón largo de votos que obtuvo, sino en lo que esos votos representan. Son el reflejo de una Colombia cansada de gritos, de trincheras ideológicas y de políticos que solo saben gobernar para los suyos. En medio de una política que insiste en dividir al país entre buenos y malos, entre izquierda y derecha, aparece una señal distinta: la de ciudadanos que quieren menos rabia y más razón, menos consignas y más gestión. La pregunta ahora no es si Oviedo es un fenómeno electoral pasajero. La verdadera pregunta es si la política colombiana será capaz de escuchar a esa Colombia que está pidiendo, silenciosamente, una forma distinta de hacer política.

El Congreso que viene

Llegaron las elecciones al Congreso de 2026: una fiesta democrática en un país que sabe de marañas, fraude y de votar emberracado; un país que vive una de las peores polarizaciones de sus más de 200 años de vida republicana. Todo esto ocurre en medio de un gobierno que le da gasolina y vida a su proyecto político con medidas populistas que se repiten y difunden por redes sociales, incluyendo una política que parece diseñada para alimentar su propia vanidad, tal como lo hacía Iván Duque con su programa de televisión de las seis de la tarde.

Para las elecciones legislativas de Colombia del domingo 8 de marzo de 2026, en las que se elegirá el nuevo Congreso para el periodo 2026-2030, quedaron inscritos 3.144 candidatos en total, después de ajustes y revisiones del proceso electoral. Son 1.078 candidatos al Senado de la República y 2.066 a la Cámara de Representantes. En las elecciones de este domingo se elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara. Será, además, la primera elección posterior al acuerdo de paz con las FARC sin curules aseguradas para ese grupo, hoy aliado políticamente con Carlos Caicedo en su intención de llegar al Senado.

Gustavo Petro, por medio de su gobierno, ha tomado decisiones que influyen directamente en el proceso electoral. Como el mal estudiante que no hace nada durante todo el año escolar, a Petro parece ocurrirle lo mismo: tres años después de un gobierno marcado por el fracaso de la “paz total”, múltiples escándalos de corrupción y un hijo imputado y procesado por varios delitos relacionados con dinero ilegal y presunta corrupción. Entre ellos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito por dinero ilegal recibido, así como presuntos actos de corrupción en contratos públicos en el Atlántico cuando era diputado. Aun así, hoy es capaz de subir el salario mínimo por decreto en un aumento sin sustento real, pero muy conveniente frente a lo que sabe que viene, con un arquitecto electoral llamado Armando Benedetti.

Este domingo es probable que el partido de Petro obtenga más de 17 senadores; ojalá no supere la cifra de 20. Lo hace con una lista cerrada en la que los electores votan por el Pacto sin saber necesariamente quiénes están dentro. Entre los candidatos cuestionados de la lista al Senado del Pacto Histórico aparecen nombres como Álex Flórez, senador actual que fue suspendido por la Procuraduría tras un escándalo en un hotel de Cartagena en el que insultó a policías estando en estado de embriaguez. La Comisión de Ética del Senado también lo sancionó por su comportamiento. También está Pedro Flórez, senador cercano al llamado “Clan Torres” del Atlántico, una estructura política regional que ha sido objeto de críticas. Otro nombre es el de Walter Rodríguez Chaparro, conocido como “Wally”, influenciador político que aspira al Senado y que ha estado en polémicas por dudas sobre certificados laborales utilizados para contratos públicos y por una investigación relacionada con un viaje de influenciadores en un avión oficial. Igualmente figura Laura Cristina Ahumada, esposa de un alcalde suspendido de Barrancabermeja, cuya candidatura ha sido cuestionada por posibles vínculos con esa administración local.

En medio del debate también hay candidatos valiosos que pueden hacer mucho por este país. Mi invitación es a votar por las listas de Dignidad y Compromiso en todos los departamentos. En el Senado votaré por Jorge Robledo, elegido diez veces como el “mejor senador de Colombia” según el Panel de Opinión de la firma Cifras y Conceptos, una encuesta realizada entre líderes de opinión como académicos, empresarios, periodistas y dirigentes sociales.

A elegir este domingo, pero sobre todo a hacerlo con conciencia, por un país que no aguanta cuatro años más de esta debacle de gobierno populista ni cuatro años de un uribismo que sueña con volver al trono que tanto le gusta y que perdió, paradójicamente, por un DJ.

Entre dos malos candidatos, cuando la emoción reemplaza a la razón

Las recientes encuestas en la carrera presidencial siguen mostrando en la punta al senador Iván Cepeda, quien no se cansa de llenar plazas públicas con un discurso repetido en el que siempre menciona a Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos; un discurso que cala y que lleva al país a pensar más con el hígado que con la razón.

Lejos, en segundo lugar, aparece un outsider: un abogado muy cuestionado que, con su discurso de extrema derecha, atrae votos en cantidad entre quienes sienten que Petro y la izquierda son lo peor que le ha pasado al país.

Lastimosamente, la oposición política al gobierno de Petro no ha sabido capitalizar todo lo negativo que ha ocurrido durante esta administración. La corrupción que rodea al presidente y a su círculo cercano, con escándalos como el de la UNGRD, así como numerosas controversias y casos de presunta mala gestión dentro del gobierno y la contratación pública, han marcado el periodo. Los medios han contado más de veinte escándalos que han golpeado a la administración.

La política de “Paz Total” ha sido señalada por sus críticos como un fracaso, y esto —según esa visión— ha permitido que organizaciones criminales y narcotraficantes ganen terreno en distintas regiones del país, generando una sensación de inseguridad comparable a la de los años noventa. La ONU ha emitido alertas por el aumento de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos en zonas rurales, reportando desplazamientos y acciones de grupos armados. Esto ha alimentado el debate sobre los resultados reales de la política de paz.

Sin embargo, el país —o al menos la opinión pública que reflejan las encuestas— sigue inclinándose por los extremos. Hoy parece imponerse el extremo que gobierna, con una nómina estatal robusta y cuestionamientos por contrataciones aceleradas antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Colombia lleva años atrapada en una dinámica de “antiuribismo vs. antipetrismo”. Cuando la sociedad se polariza, el centro pierde fuerza; los discursos moderados se perciben como tibios. Las encuestas iniciales suelen medir quién activa más emociones, no necesariamente quién es más viable electoralmente.

Los candidatos de los extremos hablan en términos más directos y señalan enemigos claros. El país parece moverse entre Uribe y Petro, con un claro ganador en este momento: el senador Iván Cepeda. El centro, por su parte, suele proponer reformas técnicas, consensos y gradualidad, pero eso no genera la misma pasión. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan posiciones fuertes en extremos ideológicos distintos. Son figuras altamente ideologizadas que podrían terminar gobernando principalmente para su base. Tendrían dificultades para construir consensos en el Congreso —como ya lo ha evidenciado el actual gobierno—, lo que aumentaría la confrontación política.

Dos malos candidatos, en el caso de Cepeda, su trayectoria ha sido principalmente legislativa, no ejecutiva. En el caso de De la Espriella, su perfil ha sido más jurídico y mediático que de gestión pública. En un país dividido, eso genera temor en votantes moderados. 

Es importante recordar que aún estamos lejos de las elecciones. Muchas personas no han tomado una decisión definitiva. El centro suele fragmentarse al inicio y consolidarse después. En elecciones pasadas ocurrió algo similar: al comienzo puntean figuras fuertes, pero el escenario cambia cuando se definen alianzas.  Aún queda espacio y tiempo para que emerja una figura distinta que una al país en lugar de seguir fragmentándolo. Estos dos malos candidatos no deparan nada bueno para Colombia.

Diplomas irregulares y millones públicos

El escándalo que rodea a la Fundación Universitaria San José parece no tener fin. Una institución que alcanzó notoriedad nacional tras otorgarle un título profesional a la consentida del petrismo, Juliana Guerrero, en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad de dicho diploma. Títulos que, por demás, no han derivado en un proceso sancionatorio serio ni ejemplar por parte del Ministerio de Educación, pese a la gravedad de los hechos.

La Fundación fue señalada por entregar un título profesional sin que la beneficiaria cumpliera los requisitos académicos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, obligación indispensable para graduarse en Colombia. La congresista Catherine Juvinao ha ido más allá y ha denunciado que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos con irregularidades a cientos de personas, principalmente funcionarios y contratistas del Gobierno nacional, lo que configura un patrón preocupante y no un hecho aislado.

Pero el problema no se limita al ámbito académico. También existen denuncias graves sobre la gestión de recursos públicos. La Fundación ha sido señalada por presuntos sobrecostos en contratos con la Gobernación del Magdalena, particularmente en la adquisición de kits escolares cuyo valor declarado estaría muy por encima de los precios del mercado. La expedición acelerada y presuntamente irregular de títulos ha llevado a que, en distintos medios, se refieran a la institución como una verdadera “fábrica de diplomas”: una percepción que no surge del capricho, sino de la reiteración de prácticas que ignoran los estándares exigidos a cualquier universidad seria.

En 2021, durante la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, se adjudicó a la Fundación Universitaria San José un contrato por aproximadamente $12.571 millones. El proceso correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objeto era apoyar a la Secretaría de Educación en un programa de alfabetización para población vulnerable en municipios como Aracataca, Plato, El Banco y Remolino. Sin embargo, entre los criterios de evaluación se incluyó la posibilidad de otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas —incluido japonés— con entidad certificada, además del inglés. Aunque la enseñanza de japonés no era obligatoria, sí representaba una ventaja competitiva en la evaluación, una decisión ampliamente criticada por su desconexión con la realidad del programa, dirigido a personas en proceso de alfabetización básica, cuya necesidad principal es aprender a leer y escribir en español. La inclusión de requisitos de este tipo puede ser defendible en otros contextos, pero aplicada aquí levanta serias dudas sobre la pertinencia técnica y social de los criterios utilizados. En el Magdalena, enseñar japonés antes de enseñar a leer bien en español no es progreso: es una distorsión de prioridades. Y cuando esa distorsión aparece dentro de un contrato millonario, la pregunta deja de ser pedagógica y pasa a ser política y ética.

La polémica se agravó en 2025, cuando se denunció un nuevo contrato adjudicado a la Fundación Universitaria San José por aproximadamente $13.609 millones, nuevamente para un programa de alfabetización que incluía la compra de kits escolares con presuntos sobrecostos escandalosos. Según las denuncias, cada kit habría sido facturado en alrededor de $310.000. No obstante, una cotización realizada por la congresista Catherine Juvinao en una papelería común arrojó que los mismos elementos —cuadernos, lápices, borradores, colores, reglas y sacapuntas— costaban cerca de $30.500. La diferencia es abrumadora: un sobrecosto cercano al 900%, es decir, casi $280.000 adicionales por cada kit.

A esto se suma otro dato inquietante: la Universidad Cooperativa de Colombia presentó una propuesta para ese mismo contrato por aproximadamente $7.874 millones, es decir, $5.700 millones menos que la oferta ganadora. Aun así, la adjudicación recayó en la opción más costosa, una decisión que siembra serias dudas sobre la transparencia, la racionalidad y la eficiencia del proceso de selección.

En un departamento donde miles de ciudadanos aún no dominan la lectura y la escritura en su propio idioma, introducir el japonés como criterio diferenciador en un programa de alfabetización no es innovación ni visión de futuro: es una señal de desconexión profunda con la realidad social. Cuando esa desconexión coincide con contratos millonarios, sobrecostos evidentes y un silencio institucional persistente, la discusión deja de ser educativa y se convierte en un asunto de responsabilidad pública. La Gobernación del Magdalena le debe al país algo más que explicaciones técnicas: le debe coherencia, prioridades claras y respeto por los recursos y la dignidad de quienes aún esperan lo básico.

Iván Cepeda y el poder del discurso vacío

Iván Cepeda, señalado como el candidato de Gustavo Petro para sucederlo, se ha convertido en una figura mediática y, en ocasiones, abiertamente victimizada. Su discurso se sostiene sobre una estrategia clara: la repetición temática. Cepeda vuelve una y otra vez sobre Álvaro Uribe y los falsos positivos, con poco contenido nuevo y con la persistente sensación de un relato circular alrededor de quien pasó de ser el hombre más amado del país al más odiado.

La memoria histórica es necesaria, pero cuando no se traduce en un proyecto de futuro, se convierte en repetición estéril. Un país no puede vivir únicamente del recuerdo de sus tragedias; necesita convertirlas en aprendizaje institucional y en acción concreta. Cepeda es más denuncia que propuesta. Sus discursos —siempre leídos— se concentran en la acusación moral y ofrecen escasa explicación sobre cómo evitar que los hechos se repitan, qué políticas públicas concretas los reemplazan o cómo estas se traducen hoy en mejoras reales. Así, su discurso termina siendo retórico, no operativo.

En las plazas públicas donde ha hecho política bajo la disciplina del gobierno —con buses repletos de asistentes— Cepeda apela de forma sistemática al pasado, no al futuro. Se centra en hechos históricos legítimos, pero ampliamente conocidos. De su parte hay poco relato sobre economía, empleo, productividad o la cada vez más degradada seguridad actual. Su discurso funciona para la base dura del petrismo, ese 30% fiel, pero no para convencer a nuevos sectores. Refuerza a quienes ya están de acuerdo, no dialoga con el contradictor y no amplía audiencia. Es un discurso identitario, no persuasivo.

Además, su narrativa carece de complejidad. Reduce fenómenos estructurales a esquemas simplistas: buenos contra malos, víctimas contra responsables. La lucha de clases y el lenguaje del resentimiento exasperan, pero resultan funcionales electoralmente en un país donde hay más pobres que ricos y donde el gobierno ha sabido conectar con las bases mediante subsidios, promesas de salarios mínimos inflados y la idea difusa de “vivir sabroso”. Todo esto moviliza emocionalmente, pero empobrece el debate público.  Un liderazgo que se define por su antagonista termina vacío de identidad propia. Cuando un proyecto político necesita permanentemente a su enemigo para existir, revela su fragilidad programática.

La memoria es indispensable para no repetir la historia. Pero un país no se gobierna solo con memoria. Se gobierna con ideas, con propuestas y con la capacidad de transformar el dolor en futuro. Cuando el discurso se queda anclado en la denuncia y renuncia a la construcción, deja de ser liderazgo y se convierte en eco. Un discurso vacío que Cepeda necesita leer siempre, cuidadosamente preparado, y que inevitablemente lleva el nombre de Uribe como eje, porque en esta época eso todavía genera votos. Cuando un líder necesita leer cada palabra, no es solo por rigor: es porque su discurso está pensado más para el expediente que para la ciudadanía.

Iván Cepeda no necesita declararse aliado de Nicolás Maduro para terminar jugando en el mismo tablero discursivo. Su silencio sistemático frente a la deriva autoritaria venezolana, combinado con una crítica obsesiva a las presiones externas y una lectura indulgente del colapso institucional, reproduce el libreto clásico del madurismo: desplazar la responsabilidad del poder hacia factores externos y diluir la noción de dictadura en explicaciones políticas convenientes. No es complicidad formal; es algo más eficaz: una convergencia ideológica que, por omisión, normaliza el autoritarismo mientras se disfraza de defensa de la paz y la soberanía.

Cepeda no ha sido miembro ni aliado de la guerrilla, y no existen pruebas judiciales que indiquen lo contrario. Sin embargo, su lectura del conflicto armado coincide en aspectos centrales con el pensamiento político que históricamente sostuvo la insurgencia: la explicación del conflicto como consecuencia casi exclusiva de la violencia estatal, la relativización de la responsabilidad guerrillera y el uso de un lenguaje heredado de la tradición revolucionaria latinoamericana. No es una cercanía orgánica, pero sí una convergencia ideológica que moldea su discurso público.

Este discurso vacío es también reflejo de una figura respaldada por la maquinaria y la chequera del Estado, con el beneplácito de quienes llegan en bus a las plazas y de los políticos de siempre, siempre listos para reorganizarse y mantenerse en el poder. Un país que con Petro no cambió, sino que fortaleció la corrupción y los mismos mecanismos estatales que se venían reproduciendo desde gobiernos anteriores. Basta observar quiénes hoy dirigen desde la Casa de Nariño. Benedetti es el botón de muestra.

De presidente, un charlatán

Gustavo Petro fue un buen senador; alguien que se hizo famoso por sus debates contra Álvaro Uribe y el paramilitarismo en las épocas en que estos gobernaron el país. Petro hace uso de una gran elocuencia: habla con seguridad y utiliza palabras complejas para proyectar experticia. Sin embargo, también recurre a la manipulación emocional; es capaz de detectar las necesidades o miedos de la gente —salud, dinero, afecto— y prometer soluciones rápidas que nunca es capaz de cumplir. Muchas de sus afirmaciones carecen de base técnica; se apoyan, en cambio, en testimonios sesgados o teorías de conspiración.

Un charlatán es, en esencia, una persona que utiliza la palabra para engañar, embaucar o vender algo que carece del valor prometido. Históricamente, el charlatán era quien vendía panaceas o medicinas milagrosas en plazas públicas. Prometían curar enfermedades terminales con brebajes que, en el mejor de los casos, eran agua con azúcar y, en el peor, sustancias tóxicas. Petro encaja perfectamente en esta definición; le queda como anillo al dedo. El uso de esa retórica compleja, elaborada y a menudo filosófica, le sirve para evadir preguntas concretas sobre cifras, presupuestos o resultados de gestión. En múltiples ocasiones, el presidente ha difundido datos en redes sociales o discursos que han sido desmentidos por expertos en energía, salud o economía, lo cual alimenta su etiqueta de "vendedor de humo".

Recientemente, el presidente participó en un acto oficial en el Hospital San Juan de Dios para anunciar su reapertura y un convenio para convertirlo en centro de investigación. No obstante, su discurso se desvió por completo, generando comentarios polémicos y fuera de lugar. Petro afirmó que no le interesaba lo que Donald Trump hiciera “en la cama” y añadió sobre sí mismo: “Hago cosas muy buenas en la cama… nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”. También lanzó una referencia religiosa poco convencional al decir que creía que “Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena”.

En el mismo evento, aseguró que los “hombres inteligentes son amados por las mujeres sin importar su físico” y usó ejemplos de conquista ajenos al propósito del acto. Criticó a la prensa llamándolos “periodistas chismosos” y mezcló cultura popular con juicios políticos, diluyendo el foco institucional. Esta conducta se suma a otras afirmaciones insólitas, como cuando dijo que los jóvenes que roban celulares lo hacen “por amor”, para evitar que sus novias los dejen.

El charlatán también señaló que, a su juicio, “es muchísimo mejor vivir en Cuba que en Miami”. Describió a Miami como una “fantasmagoría artificial” o una “lentejuela del capitalismo”, afirmando que carece de identidad y solo intenta imitar a La Habana. Según él, la cultura cubana compensa cualquier carencia frente al “tráfico y estrés” de Florida. Ante esto, incluso el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, calificó el discurso como “muy frustrante”, lamentando que se desviara la atención de la salud pública hacia asuntos personales e imprecisos.

En Colombia nos gobierna un charlatán. Pasamos del demagogo Uribe al charlatán Petro; ambos con discursos dañinos que profundizan las divisiones del país. Lo peor es que el panorama no parece mejorar: el sucesor de Petro podría estar en su misma línea, como Iván Cepeda, o en el extremo de los outsiders con el llamado "Tigre".