El costo de retomar el control

Durante cuatro años se vivió una falsa tranquilidad, una sensación de que todo estaba bien mientras el país iba directo al barranco, tomado por delincuentes que, bajo el amparo de la "paz total" de Petro, hicieron y deshicieron e impidieron a la fuerza pública hacer su tarea. No hubo operativos contra la criminalidad; el gobierno de Petro nunca trabajó de la mano con los mandatarios locales. La extorsión creció desmedidamente mientras los delincuentes se paseaban por el país con el permiso del Presidente de la República y la fuerza pública permanecía con las manos amarradas.

El gobierno saliente dejó la vara muy baja para hacerlo mejor, aunque para algunos la transición resulte en el recrudecimiento de la violencia: una violencia que en realidad nunca se fue de un país que vio cómo su presidente de entonces entregaba salvoconductos, asignaba camionetas del Estado y se subía a tarimas con bandidos a los que denominaba "gestores de paz".

Cuando el Estado decide actuar y tomar el toro por los cuernos, la fuerza pública combate como debe hacerlo —en derecho y bajo el amparo de la Constitución— a los bandidos que vienen azotando a la población civil. Decididamente, el actual gobierno dio la orden a las fuerzas militares de acabar con estas organizaciones; a sus cabecillas los están metiendo en bolsas blancas, una acción que no gusta mucho a personajes como Gustavo Petro, Iván Cepeda y todo ese Pacto Histórico, quienes parecen solidarizarse más con los bandidos que con las víctimas que vivían en medio del olvido estatal.

Benjamin Lessing define la gobernanza criminal como aquellas situaciones en las que las organizaciones delictivas se convierten, en determinados territorios, en una autoridad relevante para la población, incluso coexistiendo con el Estado.

La organización criminal empieza a regular la vida cotidiana: quién vende, quién entra o sale, los horarios, los conflictos vecinales, los robos, el consumo de drogas, los negocios, el transporte, el cobro de "impuestos", la seguridad e incluso quién puede permanecer en el territorio. Eso es lo que se vive en sectores de Santa Marta, donde durante décadas el problema se ha conocido y maquillado mientras las autoridades miraban para todos lados menos hacia la atención de la población afectada por vacunas y asesinatos selectivos. La ciudad volvió a vivir épocas en las que estos delincuentes lograron cerrarla por varios días. De nada valió que el expresidente, jugando a los policías y ladrones, saliera con pistola al cinto: la población no salió de sus casas ante la amenaza del paro armado. Esta gobernanza pasa de ser percibida únicamente como una amenaza a convertirse, para una parte de la población, en una fuente informal de seguridad, orden, protección o resolución de conflictos. Eso es lo que la literatura denomina gobernanza criminal y, cuando existe aceptación de esa autoridad, legitimidad criminal.

Alias "Araña", el protegido "gestor de paz" de Petro, salió rumbo a los Estados Unidos en un proceso de extradición firmado por Abelardo de la Espriella. "Araña" no era simplemente un "exguerrillero de las FARC". Según información judicial recogida por El Espectador, primero estuvo vinculado a Los Rastrojos, fue condenado por delitos cometidos como integrante de esa organización y posteriormente reapareció vinculado a las FARC.

Este gobierno está tomando el toro por los cuernos, aunque duela la ola de violencia que conlleva recuperar los territorios que el gobierno anterior cedió a la delincuencia, es un acto necesario en el estado de derecho amparado en la constitución.

Sin historia no hay criterio: La eterna mutación criminal en Santa Marta

Santa Marta se acostumbró a que los jefes del barrio fueran los bandidos. Los dueños del mercado y de la zona rural son los delincuentes, los mismos que durante décadas han azotado a la población con la extorsión, el sicariato y la llamada «limpieza social», ejercida como evidente control y gobernanza en zonas donde el Estado olvidó su labor. La influencia de estos criminales ha sido matizada entre la ciudad, sus barrios periféricos y el corredor rural de Guachaca–Buritaca–Tayrona–Palomino: en algunos momentos hubo hegemonía; en otros, cruentas disputas entre varias organizaciones. La investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), estudios de las universidades Nacional y del Norte, la Defensoría, la Fiscalía, la Policía e investigaciones periodísticas nos permiten reconstruir bastante bien esa mutación.

Para entender el mierdero que ocurre hoy en la ciudad hay que retroceder un poco en el tiempo. En los años 70 y 80, Santa Marta y la Sierra Nevada estaban marcadas por la bonanza marimbera, el contrabando, las disputas por tierras y la conveniente aparición de grupos privados de seguridad. Uno de los que figura en las investigaciones es «Los Chamizos», relacionado con Hernán Giraldo y otros actores criminales. Este poder no comenzó como una estructura paramilitar nacional; nació como una nefasta combinación de control territorial, seguridad privada, narcotráfico, cobro de deudas, control social, relaciones con comerciantes y dominio de caminos rurales. Posteriormente, esa estructura adquirió una dimensión contrainsurgente y paramilitar. Una investigación de Verdad Abierta describe precisamente la evolución de Giraldo desde aquellos grupos de seguridad y «Los Chamizos» hacia las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira.

Debemos remontarnos a unos 30 años atrás, hacia 1996, cuando Hernán Giraldo, alias «Taladro», estableció como zona de influencia el norte de la Sierra Nevada, desde Santa Marta hacia Guachaca, Buritaca, Don Diego, Palomino y la frontera con La Guajira. Pero su influencia no se limitaba al campo. La investigación histórica muestra que su estructura fue penetrando también en las venas urbanas. Verdad Abierta documenta que, para comienzos de los 2000, la ciudad ya estaba fraccionada en sectores controlados por estructuras paramilitares urbanas.

Giraldo pretendía inicialmente conservar su autonomía frente a las AUC, pero entre 2001 y 2002 se produjo una sangrienta confrontación con el Bloque Norte, dirigido por Rodrigo Tovar Pupo, alias «Jorge 40», y otros sectores de las AUC. El resultado fue un previsible acuerdo de subordinación. El CNMH documenta que el 28 de febrero de 2002 se pactó la rendición entre Giraldo y el Bloque Norte: las Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira desaparecieron formalmente para dar paso al Frente Resistencia Tayrona, quedando Giraldo como comandante político-militar del territorio comprendido entre Santa Marta y Palomino.

Entre 2003 y 2006, el Frente Resistencia Tayrona se expandió y las estructuras paramilitares consiguieron presencia simultánea en Santa Marta, la Sierra, Guachaca, la Troncal del Caribe, las zonas turísticas y los corredores estratégicos hacia La Guajira. El CNMH señala que ejercieron control absoluto sobre las esferas políticas, económicas y sociales de la región, recopilando más de 3.000 testimonios de integrantes paramilitares y cerca de 300 contribuciones de víctimas y otros actores.

El 3 de febrero de 2006, el Bloque Resistencia Tayrona se «desmovilizó» en Santa Marta con aproximadamente 1.166 integrantes. Pero aquí aparece el chiste recurrente que se repetiría en muchas regiones de Colombia: desmovilizar una organización no significa, ni de cerca, desmantelar su economía criminal. Giraldo fue extraditado a Estados Unidos en 2008, pero en el territorio quedaron los familiares, los antiguos mandos, las redes económicas, los viejos combatientes, los contactos, los corredores, el conocimiento del terreno y los mercados ilegales intactos. Entre 2006 y 2010, Santa Marta entró en una etapa de violenta fragmentación. Aparecieron las Águilas Negras, Los Paisas, Los Rastrojos, las estructuras herederas de los Giraldo, el Clan del Golfo/Urabeños y diversas bandas delincuenciales locales.

Entre los años 2013 y 2018 irrumpió la marca de los Urabeños / Clan del Golfo / AGC en su expansión por el Caribe. En Santa Marta se chocaron de frente con la estructura heredera del clan Giraldo, desencadenando una guerra salvaje por el control del negocio. En 2012, la disputa entre el Clan del Golfo y la estructura vinculada a la «Oficina Caribe» produjo una escalada de violencia brutal: una investigación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano señala que Santa Marta registró 213 homicidios ese año, alcanzando una tasa cercana a 47 por cada 100.000 habitantes.

En 2013, Jesús María Aguirre Gallego, alias «Chucho Mercancía» —antiguo mando relacionado con los Gaitanistas—, asumió el liderazgo de la estructura heredera de Giraldo. Se selló entonces una alianza entre los Gaitanistas y los herederos del capo. Fue en ese proceso cuando se consolidó el nombre de «Los Pachenca». Su modelo era más sofisticado que el viejo paramilitarismo; no necesitaban desfilar uniformados ni controlar políticamente toda la ciudad. El negocio evolucionó hacia el microtráfico, la extorsión, los corredores de narcotráfico, el transporte de droga, las zonas rurales, las actividades turísticas, el acceso a Ciudad Perdida, las trochas de la Sierra, la Troncal del Caribe y las salidas al mar.

En junio de 2019 la Policía abatió a «Chucho Mercancía» y el tablero volvió a mutar. Su muerte desató una nueva pugna entre los herederos de Giraldo y el Clan del Golfo. Entre 2020 y 2022, el pulso mutó a ACSN/Pachenca contra Clan del Golfo/AGC, librándose en las calles de Santa Marta, las alturas de la Sierra Nevada y a lo largo de la Troncal del Caribe. En 2021 los homicidios se dispararon: InSight Crime reportó que solo hasta agosto de ese año 101 personas habían sido asesinadas con arma de fuego, identificando esta guerra como el motor central de la barbarie.

Para 2023, y bajo el marco de la fallida «paz total» de Petro, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) recuperaron y fortalecieron su hegemonía territorial. La fotografía actual vuelve a ser la de un predominio absoluto de las ACSN en la Sierra y Santa Marta: controlan los corredores estratégicos y las rentas criminales gruesas, mientras bandas locales les ejecutan el terror cotidiano. Un modelo infinitamente más eficiente que mantener cientos de hombres uniformados a la vista de todos.

A lo largo de los años, no hemos visto la derrota del crimen, sino a una misma estructura territorial que se hacheo metamorfosis para sobrevivir a golpes militares, extradiciones, falsas desmovilizaciones y guerras fratricidas. Eso explica por qué descabezar a un jefe no elimina la organización: extraditaron a Hernán Giraldo, abatieron a Chucho Mercancía, cayeron alias «80» y docenas de mandos medios, y la estructura sigue funcionando. Quien no conoce su historia termina diciendo locuras, como los ingenuos que andan por ahí repitiendo que el problema actual es la «decisión inédita» del gobierno de enfrentarlos como jamás se había hecho.

Volvio el terror - SOS Santa Marta

Lo ocurrido en la ciudad de Santa Marta este 22 de septiembre resume su propia historia: Santa Marta y el corredor vial hacia La Guajira han sido cuna de estos grupos armados a lo largo de los años. Siempre ante la mirada ciega y los oídos sordos de las autoridades, alcaldes y gobernadores que han pasado, han sido permisivos ante la ola de extorsiones y la gobernanza criminal en las zonas mencionadas.

Abelardo De La Espriella emprendió una labor de guerra frontal contra los actores armados que han dominado en el país. Es así como reactivó los bombardeos en la selva del Guaviare y abatió hace un par de semanas al bandido e influencer «Bendito Menor». Ayer, bajo sus órdenes, dieron de baja al segundo al mando de las ACSN y a siete bandidos más. Esto desató el terror que siempre se vive en la ciudad ante estas situaciones, donde los criminales buscan imponer la ley mediante la zozobra.

Son años de olvido y desidia local en una ciudad donde reina el caos y la falta de autoridad; donde cada quien hace lo que le da la gana, pero así se acostumbraron a vivir. La gobernadora del Magdalena, en una salida desafortunada, salió desde temprano a decir que no existe paro armado en la ciudad ni en la Troncal del Caribe. Hoy, los bandidos les demostraron al presidente, a la gobernadora y al alcalde que el terrorismo genera miedo en una ciudad que, a punta de bala e incendio de vehículos desde motocicletas, se puede paralizar. La ciudad está bajo el control del grupo criminal. Los locales que estaban abiertos fueron obligados a cerrar a la fuerza y siguen las denuncias de reclutamiento de menores en distintos barrios. Las autoridades, sumamente precarias, no dan con la tecla para frenar esta situación que parece empeorar con el paso de las horas.

Santa Marta vivía una paz de mentiras: Petro les puso chaleco de «gestores de paz» a los mismos cabecillas, mientras a los samarios los extorsionaban y secuestraban todos los días. Hoy el Estado decidió enfrentarlos, pero sin un plan de protección a la población civil y convirtiendo la zona de la Sierra Nevada en un terreno de guerra.

El presidente Abelardo De La Espriella se pronunció sobre la situación de orden público que enfrenta la ciudad y aseguró que ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública ante las amenazas e intimidaciones atribuidas a las ACSN. Fue así como se vieron y escucharon los aviones Kfir sobrevolar la ciudad, en algo que pareció más un show que una respuesta concreta ante una crisis que se veía venir.

En Santa Marta y en las zonas donde la población está más expuesta a estos criminales, urge atención y urge que las autoridades hagan presencia; que el Ejército salga a las calles. La guerra que se congeló en cuatro años de Petro se ha recrudecido y se volvió una guerra urbana para la que muchos no están preparados. Una guerra en la que la ciudadanía pone el miedo, mientras los actores armados ponen el terror. Hoy más que nunca, Santa Marta grita SOS: volvió el terror, el mismo de las épocas de «Taladro» y sus amigos.

Descongelados

Durante cuatro años, el gobierno de Petro se dedicó a jugar a "los congelados" con los bandidos. La absurda propuesta de su comisionado de paz —para que cuando el Ejército se encontrara en el monte con los delincuentes no se hicieran daño, sino que, por el contrario, se quedaran inmóviles y congelados— fue parte central de la llamada "Paz Total" del gobierno anterior. Un gobierno que permitió el crecimiento de las operaciones terroristas y su fortalecimiento mediante un mayor reclutamiento, incluyendo a menores de edad, tras pactar con el ELN y el gobierno de entonces  no utilizar de manera alguna a menores de 15 años en el conflicto armado.

En la Troncal del Caribe, que conduce de Santa Marta a Riohacha, han sucedido múltiples bloqueos y presiones por parte de los narcoterroristas de estas agrupaciones al margen de la ley. Hace exactamente un año, cuando capturaron a alias Bebecita, compañera de alias Nain, hombres armados intentaron bloquear la vía para impedir que fuera trasladada a Santa Marta. Este año, el 15 de junio, tras una operación militar contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), las autoridades denunciaron que el grupo obligó a civiles a bloquear la carretera. Se registraron 7 puntos de bloqueo, quema de vehículos, amenazas con cilindros y un ataque con drones a la Policía de Buritaca. El 16 de junio, la vía permaneció cerrada durante más de 40 horas, dejando a cientos de viajeros atrapados. Las autoridades calificaron la situación como un verdadero paro armado y no como una simple protesta. Y este 21 de septiembre, tras nuevos combates en Quebrada del Sol, se produjeron nuevos bloqueos y fueron incinerados dos buses de servicio público, con cierres en las veredas de Calabazo y el corregimiento de Guachaca.

Durante el gobierno anterior, y como producto directo de este juego de "los congelados", en el año 2022 las ACSN/Los Pachenca ya tenían una presencia consolidada en el corredor. La Defensoría del Pueblo identificó la disputa por el control territorial de la Troncal como un factor de alto riesgo. En septiembre de 2022, las ACSN anunciaron públicamente su intención de entrar en la política de Paz Total y declararon un cese unilateral; sin embargo, utilizaron esta fachada únicamente para fortalecer su accionar delincuencial.

En junio de 2024 se produjo otro paro en la Troncal del Caribe a la altura de Guachaca en medio de la presión de las ACSN. El entonces gobernador Rafael Martínez afirmó que existía información según la cual integrantes del grupo estaban presionando a comerciantes, campesinos, indígenas y líderes sociales para salir a marchar, señalando además que el cierre del comercio alcanzaba a más de 30 barrios de Santa Marta.

Dos años después de los primeros llamados, en junio de 2026, tras una operación militar contra las ACSN en Quebrada del Sol, el grupo criminal anunció un paro armado como represalia. Se produjeron siete bloqueos en la Troncal del Caribe, quedando atrapados turistas, campesinos y pobladores, mientras comunidades indígenas resultaron totalmente confinadas. El Espectador reportó expresamente que, según las autoridades, los bloqueos obedecían al paro armado anunciado por las ACSN. La situación duró entre 34 y 40 horas, según las diferentes reconstrucciones, dejando ataques contra la infraestructura y vehículos.

El 21 de septiembre de 2026, luego de operaciones militares contra las ACSN en Quebrada del Sol, comenzaron de nuevo los bloqueos en diferentes puntos de la zona rural de Santa Marta, incluyendo Guachaca, sus veredas y el sector de 11 de Noviembre en la vía hacia La Guajira. Dos buses del Consorcio Ziruma fueron detenidos y posteriormente incinerados. La hipótesis preliminar de las autoridades y medios es que se trató de una retaliación por los combates contra las ACSN.

A hoy, las autoridades ya hablan abiertamente de los anuncios de paro armado de las ACSN y mantienen un Puesto de Mando Unificado (PMU) para responder a la situación. El presidente encabezó un Consejo Extraordinario de Seguridad en Santa Marta tras la operación en Quebrada del Sol, donde las autoridades reportaron 7 integrantes de las ACSN abatidos y 3 capturados.

Cada vez que el Estado se descongela y utiliza su fuerza operativa para combatir el crimen, estos bandidos hacen de las suyas usando a la población civil como escudo. Sin embargo, hoy pareciera que la decisión firme del presidente es atacar sin rodeos a estas fuerzas delincuenciales que en gobiernos pasados fueron tratadas con cariño y pasividad, condescendencia que solo sirvió para que se fortalecieran e incrementaran las extorsiones, amenazas, homicidios selectivos, regulación de la movilidad, imposición de horarios, normas de conducta y los constantes enfrentamientos con la población civil atrapada en el medio. Nunca antes se vio al estado tan decidido en enfrentar a los bandidos que dominan esa zona del país.

Mocion de censura, la pantomima del Congreso

Ha sido costumbre que el Congreso, manejado por las mayorías y las aplanadoras del gobierno de turno, logre sacar adelante a su ministro. Esto ocurrió recientemente con el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien la oposición en el Congreso llamó a rendir cuentas y citó a este mecanismo porque estuvo de vacaciones por una noche en la ciudad de Santa Marta. Es esa misma oposición que, cuando fue gobierno, jamás se pronunció sobre los casos de los ministros de Petro; casos que, a la luz de la gravedad, tienen mayor relevancia que un ministro descansando en las playas de Santa Marta un domingo en la tarde, cinco días después de asumir el cargo y en plena emergencia por el terremoto que afectó al país el 10 de agosto.

Durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, el Congreso de la República ha promovido múltiples mociones de censura contra varios de sus ministros. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas prosperó en las votaciones finales:

• Irene Vélez (Minas y Energía): Enfrentó dos mociones de censura (en la Cámara de Representantes y en el Senado) impulsadas principalmente por partidos de oposición, debido a sus declaraciones sobre la política de transición energética, el sector de hidrocarburos y vacíos técnicos en sus reportes. Ambas fueron rechazadas por amplia mayoría.

• Iván Velásquez (Defensa): Ha sido citado en múltiples ocasiones debido a cuestionamientos sobre el deterioro de la seguridad ciudadana, la política de Paz Total y los ordenamientos a la Fuerza Pública en regiones con presencia de grupos armados. Las mociones no alcanzaron los votos requeridos.

• Álvaro Leyva (Relaciones Exteriores): Enfrentó mociones promovidas por presuntas irregularidades administrativas en la Cancillería, nombramientos diplomáticos y el caótico manejo del contrato para la elaboración de pasaportes.

• Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud): Citado a moción por la improvisación en las reformas al sistema de salud, la escasez en la distribución de medicamentos y las contingencias en el modelo de salud para los docentes.

• Ricardo Bonilla (Hacienda): Enfrentó una moción de censura tras los cuestionamientos y menciones en las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

• Francia Márquez (Igualdad y Equidad): Afrontó intenciones y debates de control político con pretensión de censura, vinculados a la vergonzosa e insignificante ejecución presupuestal de su recién creada cartera.

Nunca vimos a los petristas que hoy se rasgan las vestiduras llorar o reclamar por alguno de estos ministros de Petro: un gobierno con más de 68 ministros en cuatro años y más de 134 viceministros nombrados. Una completa locura y un descarado absurdo vivido en las épocas del "cambio" que nunca llegó, pero que sí le permitió "vivir sabroso" a todos los que estaban cobijados en esa orilla política.

Ecopetrol: de la gallina de los huevos de oro al fracaso del falso cambio

La directriz del gobierno de Gustavo Petro sobre la exploración de hidrocarburos fue clara desde el primer día: no otorgar más contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia, todo bajo la consigna de su mentada política de transición energética. No se trató de una orden directa a Ecopetrol para paralizar lo que ya estaba firmado, sino de cerrar de golpe el grifo a nuevos ciclos de adjudicación. Petro lo anunció a los cuatro vientos y su entonces ministra de Minas, Irene Vélez, se encargó de reconfirmarlo con desparpajo en enero de 2023.

En términos políticos, el mensaje fue explícito y sin matices: el gobierno decidió no firmar ni un solo contrato más. Prensa internacional como Reuters también ratificó la medida como un freno en seco a la exploración. El impacto real fue demoledor: Colombia llegó al 2026 sin haber adjudicado un solo contrato exploratorio desde 2022. Hoy el contraste es evidente: mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella aterriza con la política de reactivar la exploración, la era Petro dejó un rastro de parálisis deliberada.

Durante esos cuatro años de gobierno —un cuatrienio nefasto para la principal empresa del país— los escándalos florecieron sin pausa. Lo que antes era una compañía próspera se convirtió en la "caja de Rolando" del petrismo. Ricardo Roa pasó de gerente de campaña a presidente de Ecopetrol. Pronto, el CNE determinó irregularidades sobre los topes y la financiación de dicha campaña, mientras la Fiscalía anunciaba la imputación a Roa por presunto tráfico de influencias. Por si fuera poco, llovieron denuncias sobre la intromisión de su pareja en decisiones directivas y de contratación.

En paralelo, las utilidades cayeron en picada frente a los niveles récord de 2022, al tiempo que llovían cuestionamientos sobre la caída de reservas, la producción y la improvisada estrategia energética. La cúpula de la empresa sufrió una desbandada de directivos y miembros de junta en medio de los constantes terremotos políticos. Para rematar la fiesta, el escándalo rozó lo ridículo con la compra de un apartamento de lujo por parte de Roa a un empresario del sector petrolero por un precio inusualmente bajo, encendiendo alarmas por conflicto de interés. La guinda del pastel fue la contratación de una costosa consultoría pagada por Ecopetrol para autoprobársele la inocencia a su propio presidente, desembolsando una cifra astronómica en medio de cuestionamientos sobre cómo se adjudicó dicho contrato.

La posterior salida de Juan Carlos Hurtado —presidente encargado desde abril— se dio también envuelta en sospechas por irregularidades en nombramientos y contratación. Si bien la vocería oficial guardó silencio, reportes como los de Reuters vincularon directamente su salida con estos maniobreos. El nuevo gobierno no tardó en iniciar un barrido profundo a la administración heredada del período Petro, traducido en la renuncia y retiro de decenas de funcionarios desde la llegada de De la Espriella al poder.

Tras este descalabro, la decisión de la nueva administración es rescatar a la compañía y devolverle el rumbo a la exploración hidrocarburífera en el país. Todo esto, muy a pesar y para el pesar de los petristas, de Irene Vélez y compañía, quienes pretendían que una petrolera dejara de buscar petróleo en nombre de la ideología. Prohibir la búsqueda de nuevos yacimientos en la empresa estatal no era transición: era condenarla a una muerte lenta en un país donde las cuentas públicas dependen vitalmente del crudo. Para Colombia, el petróleo representa divisas, regalías, recursos fiscales y exportaciones; asfixiar la producción energética no era salvar el planeta, sino destrozar el bolsillo y las finanzas externas de la nación.

Cuando el estado actúa pasan estas cosas

Fueron cuatro años en los que el gobierno de izquierda de Gustavo Petro se dedicó a hablar de paz con los bandidos; llamó a negociar a todo lo que oliera a narcotráfico, delincuencia, guerrilla y paramilitares. Los sentó en mesas de diálogo, les dio permisos para andar libres por la calle y para transportarse custodiados por el Estado, con licencia para delinquir. "Jugaron a los congelados", en palabras del propio comisionado de paz de ese gobierno, y los delincuentes crecieron como nunca antes había ocurrido en este país. La extorsión se disparó; los delincuentes se subían a tarimas con Petro y su senadora Zuleta a gritar arengas en Medellín, en un claro desafío a las autoridades y a la población. Fueron cuatro años horribles para la seguridad de Colombia que, gracias a Dios, llegaron a su fin.

Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, pertenecía a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En abril de 2025, mediante la Resolución Ejecutiva 091, el Gobierno reconoció a varios integrantes de esa organización como participantes del espacio de conversación sociojurídico. Ese reconocimiento permitía solicitar la suspensión temporal de órdenes de captura para facilitar su participación en el proceso. El Gobierno Petro incluyó a Bendito Menor dentro del proceso de paz con las ACSN y creó un mecanismo para solicitar la suspensión temporal de las órdenes de captura de los negociadores.

En abril de 2026, la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, mediante la Resolución 120 del 29 de abril, aceptó un listado de 29 integrantes del Clan del Golfo/EGC para su traslado a Zonas de Ubicación Temporal. Entre ellos estaba su máximo jefe, alias “Chiquito Malo” (Jobanis de Jesús Ávila Villadiego). El Gobierno Petro solicitó a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura mientras se realizaba el traslado y permanecían vinculados al proceso. Mientras se desarrollaban esos procesos de paz, organismos como la Defensoría advertían que el Clan del Golfo seguía expandiéndose territorialmente y realizando actividades ilegales. Se le señalaba de participar en: narcotráfico, extorsión, minería ilegal, control territorial, transporte de armas y drogas y, según la Defensoría, movilidad de personas secuestradas.

La llegada al poder de Abelardo de la Espriella trajo consigo una nueva forma de gobernar en la que se acabó la fracasada "Paz Total" de Petro, cuyo arquitecto era su pupilo Iván Cepeda. Abelardo, en una franca lid contra la delincuencia, le ha pedido a las Fuerzas Militares arreciar operaciones contra estos bandidos que fueron consentidos durante cuatro años por el gobierno anterior. Esto conllevó a la caída de múltiples objetivos que, al parecer, eran protegidos mientras el Estado permanecía paralizado frente a ellos. Desde las cárceles extorsionaron a la gente de bien ante la mirada esquiva de la administración saliente.

Abelardo ya movió a muchos de esos presos de su zona de confort: los mandó a vivir como lo que realmente son, unos bandidos y delincuentes. A otros los mandó en bolsas blancas al séptimo infierno, a buen recaudo de quien los reciba. Hacia las 11:30 p. m. del jueves 3 de septiembre, un comando especial ingresó a la vivienda de "Bendito Menor" en Riohacha. El operativo se prolongó durante varias horas y el delincuente murió durante el enfrentamiento junto a su pareja, "La Bebecita", y dos lugartenientes.

Cuando el Estado actúa, pasan estas cosas. En un solo mes, el gobierno de De la Espriella ha hecho más en seguridad que Petro en cuatro años: un cuatrienio frustrante para los militares en el que las guerrillas del ELN y las disidencias de las FARC se fortalecieron, pero que hoy ven cómo un gobierno les aplica mano dura. Ya han caído varias fichas que osaron desafiar al Estado y seguro vendrán otras en los próximos días; no les valdrá ni siquiera esconderse en Venezuela.