Entre dos malos candidatos, cuando la emoción reemplaza a la razón

Las recientes encuestas en la carrera presidencial siguen mostrando en la punta al senador Iván Cepeda, quien no se cansa de llenar plazas públicas con un discurso repetido en el que siempre menciona a Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos; un discurso que cala y que lleva al país a pensar más con el hígado que con la razón.

Lejos, en segundo lugar, aparece un outsider: un abogado muy cuestionado que, con su discurso de extrema derecha, atrae votos en cantidad entre quienes sienten que Petro y la izquierda son lo peor que le ha pasado al país.

Lastimosamente, la oposición política al gobierno de Petro no ha sabido capitalizar todo lo negativo que ha ocurrido durante esta administración. La corrupción que rodea al presidente y a su círculo cercano, con escándalos como el de la UNGRD, así como numerosas controversias y casos de presunta mala gestión dentro del gobierno y la contratación pública, han marcado el periodo. Los medios han contado más de veinte escándalos que han golpeado a la administración.

La política de “Paz Total” ha sido señalada por sus críticos como un fracaso, y esto —según esa visión— ha permitido que organizaciones criminales y narcotraficantes ganen terreno en distintas regiones del país, generando una sensación de inseguridad comparable a la de los años noventa. La ONU ha emitido alertas por el aumento de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos en zonas rurales, reportando desplazamientos y acciones de grupos armados. Esto ha alimentado el debate sobre los resultados reales de la política de paz.

Sin embargo, el país —o al menos la opinión pública que reflejan las encuestas— sigue inclinándose por los extremos. Hoy parece imponerse el extremo que gobierna, con una nómina estatal robusta y cuestionamientos por contrataciones aceleradas antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Colombia lleva años atrapada en una dinámica de “antiuribismo vs. antipetrismo”. Cuando la sociedad se polariza, el centro pierde fuerza; los discursos moderados se perciben como tibios. Las encuestas iniciales suelen medir quién activa más emociones, no necesariamente quién es más viable electoralmente.

Los candidatos de los extremos hablan en términos más directos y señalan enemigos claros. El país parece moverse entre Uribe y Petro, con un claro ganador en este momento: el senador Iván Cepeda. El centro, por su parte, suele proponer reformas técnicas, consensos y gradualidad, pero eso no genera la misma pasión. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan posiciones fuertes en extremos ideológicos distintos. Son figuras altamente ideologizadas que podrían terminar gobernando principalmente para su base. Tendrían dificultades para construir consensos en el Congreso —como ya lo ha evidenciado el actual gobierno—, lo que aumentaría la confrontación política.

Dos malos candidatos, en el caso de Cepeda, su trayectoria ha sido principalmente legislativa, no ejecutiva. En el caso de De la Espriella, su perfil ha sido más jurídico y mediático que de gestión pública. En un país dividido, eso genera temor en votantes moderados. 

Es importante recordar que aún estamos lejos de las elecciones. Muchas personas no han tomado una decisión definitiva. El centro suele fragmentarse al inicio y consolidarse después. En elecciones pasadas ocurrió algo similar: al comienzo puntean figuras fuertes, pero el escenario cambia cuando se definen alianzas.  Aún queda espacio y tiempo para que emerja una figura distinta que una al país en lugar de seguir fragmentándolo. Estos dos malos candidatos no deparan nada bueno para Colombia.

Diplomas irregulares y millones públicos

El escándalo que rodea a la Fundación Universitaria San José parece no tener fin. Una institución que alcanzó notoriedad nacional tras otorgarle un título profesional a la consentida del petrismo, Juliana Guerrero, en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad de dicho diploma. Títulos que, por demás, no han derivado en un proceso sancionatorio serio ni ejemplar por parte del Ministerio de Educación, pese a la gravedad de los hechos.

La Fundación fue señalada por entregar un título profesional sin que la beneficiaria cumpliera los requisitos académicos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, obligación indispensable para graduarse en Colombia. La congresista Catherine Juvinao ha ido más allá y ha denunciado que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos con irregularidades a cientos de personas, principalmente funcionarios y contratistas del Gobierno nacional, lo que configura un patrón preocupante y no un hecho aislado.

Pero el problema no se limita al ámbito académico. También existen denuncias graves sobre la gestión de recursos públicos. La Fundación ha sido señalada por presuntos sobrecostos en contratos con la Gobernación del Magdalena, particularmente en la adquisición de kits escolares cuyo valor declarado estaría muy por encima de los precios del mercado. La expedición acelerada y presuntamente irregular de títulos ha llevado a que, en distintos medios, se refieran a la institución como una verdadera “fábrica de diplomas”: una percepción que no surge del capricho, sino de la reiteración de prácticas que ignoran los estándares exigidos a cualquier universidad seria.

En 2021, durante la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, se adjudicó a la Fundación Universitaria San José un contrato por aproximadamente $12.571 millones. El proceso correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objeto era apoyar a la Secretaría de Educación en un programa de alfabetización para población vulnerable en municipios como Aracataca, Plato, El Banco y Remolino. Sin embargo, entre los criterios de evaluación se incluyó la posibilidad de otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas —incluido japonés— con entidad certificada, además del inglés. Aunque la enseñanza de japonés no era obligatoria, sí representaba una ventaja competitiva en la evaluación, una decisión ampliamente criticada por su desconexión con la realidad del programa, dirigido a personas en proceso de alfabetización básica, cuya necesidad principal es aprender a leer y escribir en español. La inclusión de requisitos de este tipo puede ser defendible en otros contextos, pero aplicada aquí levanta serias dudas sobre la pertinencia técnica y social de los criterios utilizados. En el Magdalena, enseñar japonés antes de enseñar a leer bien en español no es progreso: es una distorsión de prioridades. Y cuando esa distorsión aparece dentro de un contrato millonario, la pregunta deja de ser pedagógica y pasa a ser política y ética.

La polémica se agravó en 2025, cuando se denunció un nuevo contrato adjudicado a la Fundación Universitaria San José por aproximadamente $13.609 millones, nuevamente para un programa de alfabetización que incluía la compra de kits escolares con presuntos sobrecostos escandalosos. Según las denuncias, cada kit habría sido facturado en alrededor de $310.000. No obstante, una cotización realizada por la congresista Catherine Juvinao en una papelería común arrojó que los mismos elementos —cuadernos, lápices, borradores, colores, reglas y sacapuntas— costaban cerca de $30.500. La diferencia es abrumadora: un sobrecosto cercano al 900%, es decir, casi $280.000 adicionales por cada kit.

A esto se suma otro dato inquietante: la Universidad Cooperativa de Colombia presentó una propuesta para ese mismo contrato por aproximadamente $7.874 millones, es decir, $5.700 millones menos que la oferta ganadora. Aun así, la adjudicación recayó en la opción más costosa, una decisión que siembra serias dudas sobre la transparencia, la racionalidad y la eficiencia del proceso de selección.

En un departamento donde miles de ciudadanos aún no dominan la lectura y la escritura en su propio idioma, introducir el japonés como criterio diferenciador en un programa de alfabetización no es innovación ni visión de futuro: es una señal de desconexión profunda con la realidad social. Cuando esa desconexión coincide con contratos millonarios, sobrecostos evidentes y un silencio institucional persistente, la discusión deja de ser educativa y se convierte en un asunto de responsabilidad pública. La Gobernación del Magdalena le debe al país algo más que explicaciones técnicas: le debe coherencia, prioridades claras y respeto por los recursos y la dignidad de quienes aún esperan lo básico.

Iván Cepeda y el poder del discurso vacío

Iván Cepeda, señalado como el candidato de Gustavo Petro para sucederlo, se ha convertido en una figura mediática y, en ocasiones, abiertamente victimizada. Su discurso se sostiene sobre una estrategia clara: la repetición temática. Cepeda vuelve una y otra vez sobre Álvaro Uribe y los falsos positivos, con poco contenido nuevo y con la persistente sensación de un relato circular alrededor de quien pasó de ser el hombre más amado del país al más odiado.

La memoria histórica es necesaria, pero cuando no se traduce en un proyecto de futuro, se convierte en repetición estéril. Un país no puede vivir únicamente del recuerdo de sus tragedias; necesita convertirlas en aprendizaje institucional y en acción concreta. Cepeda es más denuncia que propuesta. Sus discursos —siempre leídos— se concentran en la acusación moral y ofrecen escasa explicación sobre cómo evitar que los hechos se repitan, qué políticas públicas concretas los reemplazan o cómo estas se traducen hoy en mejoras reales. Así, su discurso termina siendo retórico, no operativo.

En las plazas públicas donde ha hecho política bajo la disciplina del gobierno —con buses repletos de asistentes— Cepeda apela de forma sistemática al pasado, no al futuro. Se centra en hechos históricos legítimos, pero ampliamente conocidos. De su parte hay poco relato sobre economía, empleo, productividad o la cada vez más degradada seguridad actual. Su discurso funciona para la base dura del petrismo, ese 30% fiel, pero no para convencer a nuevos sectores. Refuerza a quienes ya están de acuerdo, no dialoga con el contradictor y no amplía audiencia. Es un discurso identitario, no persuasivo.

Además, su narrativa carece de complejidad. Reduce fenómenos estructurales a esquemas simplistas: buenos contra malos, víctimas contra responsables. La lucha de clases y el lenguaje del resentimiento exasperan, pero resultan funcionales electoralmente en un país donde hay más pobres que ricos y donde el gobierno ha sabido conectar con las bases mediante subsidios, promesas de salarios mínimos inflados y la idea difusa de “vivir sabroso”. Todo esto moviliza emocionalmente, pero empobrece el debate público.  Un liderazgo que se define por su antagonista termina vacío de identidad propia. Cuando un proyecto político necesita permanentemente a su enemigo para existir, revela su fragilidad programática.

La memoria es indispensable para no repetir la historia. Pero un país no se gobierna solo con memoria. Se gobierna con ideas, con propuestas y con la capacidad de transformar el dolor en futuro. Cuando el discurso se queda anclado en la denuncia y renuncia a la construcción, deja de ser liderazgo y se convierte en eco. Un discurso vacío que Cepeda necesita leer siempre, cuidadosamente preparado, y que inevitablemente lleva el nombre de Uribe como eje, porque en esta época eso todavía genera votos. Cuando un líder necesita leer cada palabra, no es solo por rigor: es porque su discurso está pensado más para el expediente que para la ciudadanía.

Iván Cepeda no necesita declararse aliado de Nicolás Maduro para terminar jugando en el mismo tablero discursivo. Su silencio sistemático frente a la deriva autoritaria venezolana, combinado con una crítica obsesiva a las presiones externas y una lectura indulgente del colapso institucional, reproduce el libreto clásico del madurismo: desplazar la responsabilidad del poder hacia factores externos y diluir la noción de dictadura en explicaciones políticas convenientes. No es complicidad formal; es algo más eficaz: una convergencia ideológica que, por omisión, normaliza el autoritarismo mientras se disfraza de defensa de la paz y la soberanía.

Cepeda no ha sido miembro ni aliado de la guerrilla, y no existen pruebas judiciales que indiquen lo contrario. Sin embargo, su lectura del conflicto armado coincide en aspectos centrales con el pensamiento político que históricamente sostuvo la insurgencia: la explicación del conflicto como consecuencia casi exclusiva de la violencia estatal, la relativización de la responsabilidad guerrillera y el uso de un lenguaje heredado de la tradición revolucionaria latinoamericana. No es una cercanía orgánica, pero sí una convergencia ideológica que moldea su discurso público.

Este discurso vacío es también reflejo de una figura respaldada por la maquinaria y la chequera del Estado, con el beneplácito de quienes llegan en bus a las plazas y de los políticos de siempre, siempre listos para reorganizarse y mantenerse en el poder. Un país que con Petro no cambió, sino que fortaleció la corrupción y los mismos mecanismos estatales que se venían reproduciendo desde gobiernos anteriores. Basta observar quiénes hoy dirigen desde la Casa de Nariño. Benedetti es el botón de muestra.

De presidente, un charlatán

Gustavo Petro fue un buen senador; alguien que se hizo famoso por sus debates contra Álvaro Uribe y el paramilitarismo en las épocas en que estos gobernaron el país. Petro hace uso de una gran elocuencia: habla con seguridad y utiliza palabras complejas para proyectar experticia. Sin embargo, también recurre a la manipulación emocional; es capaz de detectar las necesidades o miedos de la gente —salud, dinero, afecto— y prometer soluciones rápidas que nunca es capaz de cumplir. Muchas de sus afirmaciones carecen de base técnica; se apoyan, en cambio, en testimonios sesgados o teorías de conspiración.

Un charlatán es, en esencia, una persona que utiliza la palabra para engañar, embaucar o vender algo que carece del valor prometido. Históricamente, el charlatán era quien vendía panaceas o medicinas milagrosas en plazas públicas. Prometían curar enfermedades terminales con brebajes que, en el mejor de los casos, eran agua con azúcar y, en el peor, sustancias tóxicas. Petro encaja perfectamente en esta definición; le queda como anillo al dedo. El uso de esa retórica compleja, elaborada y a menudo filosófica, le sirve para evadir preguntas concretas sobre cifras, presupuestos o resultados de gestión. En múltiples ocasiones, el presidente ha difundido datos en redes sociales o discursos que han sido desmentidos por expertos en energía, salud o economía, lo cual alimenta su etiqueta de "vendedor de humo".

Recientemente, el presidente participó en un acto oficial en el Hospital San Juan de Dios para anunciar su reapertura y un convenio para convertirlo en centro de investigación. No obstante, su discurso se desvió por completo, generando comentarios polémicos y fuera de lugar. Petro afirmó que no le interesaba lo que Donald Trump hiciera “en la cama” y añadió sobre sí mismo: “Hago cosas muy buenas en la cama… nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí”. También lanzó una referencia religiosa poco convencional al decir que creía que “Jesús hizo el amor, a lo mejor con María Magdalena”.

En el mismo evento, aseguró que los “hombres inteligentes son amados por las mujeres sin importar su físico” y usó ejemplos de conquista ajenos al propósito del acto. Criticó a la prensa llamándolos “periodistas chismosos” y mezcló cultura popular con juicios políticos, diluyendo el foco institucional. Esta conducta se suma a otras afirmaciones insólitas, como cuando dijo que los jóvenes que roban celulares lo hacen “por amor”, para evitar que sus novias los dejen.

El charlatán también señaló que, a su juicio, “es muchísimo mejor vivir en Cuba que en Miami”. Describió a Miami como una “fantasmagoría artificial” o una “lentejuela del capitalismo”, afirmando que carece de identidad y solo intenta imitar a La Habana. Según él, la cultura cubana compensa cualquier carencia frente al “tráfico y estrés” de Florida. Ante esto, incluso el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, calificó el discurso como “muy frustrante”, lamentando que se desviara la atención de la salud pública hacia asuntos personales e imprecisos.

En Colombia nos gobierna un charlatán. Pasamos del demagogo Uribe al charlatán Petro; ambos con discursos dañinos que profundizan las divisiones del país. Lo peor es que el panorama no parece mejorar: el sucesor de Petro podría estar en su misma línea, como Iván Cepeda, o en el extremo de los outsiders con el llamado "Tigre".

Ni garras, ni discursos leidos: el rigor de un profesor.

Colombia ha elegido a lo que llaman la derecha durante muchos años. Desde la época de Andrés Pastrana hasta Iván Duque, fueron quienes gobernaron a sus anchas el país. ¿Los resultados? Un país encolerizado, atizado por el odio que ellos mismos produjeron y que luego fue incendiado con un discurso excremental, reproducido y amplificado por Gustavo Petro y sus seguidores, los llamados petristas.

Petro le demostró a Colombia que no solo de discurso se puede vivir. Con la destrucción del sistema de salud, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la economía, el fracaso de la llamada “paz total” y la grave inseguridad que hoy vive el país, nos ha dejado claro que eso del “cambio” salió mal.

Hoy, increíblemente, aparece punteando en las encuestas presidenciales el candidato de Petro para seguir manteniendo el poder en manos de la izquierda: Iván Cepeda, cuyo único mérito ha sido haber logrado, a través de una denuncia, poner a Álvaro Uribe tras las rejas. Uribe, cuyo poder y capacidad de decisión le permitieron poner presidentes desde que él mismo lo fue. Después llegó Juan Manuel Santos por ocho años y, posteriormente, Uribe logró emberracar al país con el acuerdo con las FARC y el plebiscito, abriendo el camino para que Iván Duque fuera presidente. Precisamente esa mala jugada de Uribe permitió que, por primera vez en la historia, la izquierda extrema de este país, en manos de un exguerrillero, llegara a la Casa de Nariño.

Ver a Petro en sus alocuciones, en un país normal, produciría estupor e indignación. En Colombia produce risas, y para sus seguidores es la muestra de que Petro es su dios en la tierra: todo lo que dice tiene validez y los representa plenamente, aunque mucho de lo que dice resulte ser mentira o una enorme estupidez.

Por el otro lado aparece un showman, con público en el resentimiento y el asco que produce Petro y la izquierda. Sin importar a quién ha defendido —siendo quizá el abogado más cuestionado del país—, aparece como segundo opcionado para llegar a la Casa de Nariño. Solo que, en una eventual segunda vuelta con Cepeda, el país terminaría eligiendo al petrista que lee discursos y repite siempre lo mismo: Uribe y los falsos positivos, como próximo presidente.

¿Y qué tal si, en lugar de reelegir la “paz total”, el odio de clases, la inseguridad que vivimos, el robo en la UNGRD, a Benedetti en el poder, el daño al sistema de salud y el intento de imponer una nueva constituyente en manos de Iván Cepeda, o de elegir al abogado de DMG y de Alex Saab, el showman llamado “el Tigre”, nos damos como país la oportunidad de elegir, por primera vez, la decencia basada en méritos y no en el show?

¿Qué tal si buscamos un candidato con experiencia ejecutiva local exitosa, enfoque en educación, formación técnica, imagen de transparencia y un liderazgo moderado e institucional? Que eso esté demostrado porque ya lo hizo. Una persona con formación académica sólida, con doctorado, amplia trayectoria como profesor universitario y un perfil técnico que priorice el análisis y la evidencia en la toma de decisiones. Con experiencia ejecutiva comprobada, que haya tenido responsabilidad directa sobre presupuestos, equipos grandes y políticas públicas.

Una persona que haya logrado resultados reconocidos en educación: inversión fuerte en educación pública, infraestructura educativa en zonas vulnerables, programas de ciencia, tecnología y cultura. Alguien que haya posicionado la educación como eje de transformación social, que haya mejorado indicadores urbanos y sociales, que haya recuperado el espacio público y desarrollado un verdadero urbanismo social.

Colombia necesita a alguien que haya liderado un territorio y logrado reducir la violencia en varios sectores de una ciudad; alguien que transmita una imagen de transparencia, que haya construido una reputación de distancia frente a los escándalos de corrupción, con un discurso consistente en legalidad, ética pública y manejo responsable de los recursos.

Un perfil independiente y moderado, que no provenga de maquinarias políticas tradicionales, que no esté respaldado por Armando Benedetti ni Roy Barreras, y que tenga la capacidad de conversar con distintos sectores políticos y sociales. Alguien que enfatice el respeto institucional y el debate técnico, algo que en este país se ha ido perdiendo desde las épocas de Uribe y “la mechuda”, y que hoy se ha vuelto costumbre con un presidente que, cada vez que se toma unos tragos —y quién sabe qué más—, se le suelta la lengua y empieza a recitar discursos dignos del que juega billar en la ocho.

¿Y si elegimos bien esta vez? ¿Y si usamos la sensatez en lugar de la emocionalidad?

Colombia necesita un presidente que decida; que cuide la vida, pero que también haga respetar la ley. Que crea en la educación, sí, pero también en la autoridad del Estado. Aquí no puede mandar el miedo ni las armas ilegales. Un presidente capaz de enfrentar a los violentos con toda la fuerza legítima de la ley y, al mismo tiempo, de abrir oportunidades reales para que nuestros jóvenes tengan trabajo y no promesas.

Un presidente comprometido con que haya orden para que haya progreso, y progreso para que haya paz. Sin corrupción. Sin improvisación. Sin extremos.  Usted sabrá quién es, y en la tercera esperamos sea la vencida. Estoy seguro de que es la mejor opción, lejos de los extremos y de todo lo que nos ha tocado vivir en este país de locos.

Va a suceder otra vez, de nuevo al borde del abismo

Un candidato que lee todos sus discursos, que rehúye los debates y que evita las entrevistas no está preparado para gobernar un país. Está preparado, a lo sumo, para repetir un libreto. Ese es hoy el rostro del candidato que la izquierda pretende llevar al escenario presidencial: Iván Cepeda.

Cepeda es un senador de larga trayectoria legislativa, pero su carrera política carece de un elemento esencial para aspirar a la Presidencia: experiencia ejecutiva. Nunca ha administrado un presupuesto, nunca ha dirigido una entidad pública, nunca ha enfrentado una crisis de gobierno ni ha tenido que rendir cuentas por resultados. Gobernar un país no es litigar, ni denunciar, ni señalar culpables: es tomar decisiones complejas con consecuencias reales, algo para lo que Cepeda no ha demostrado preparación.

Su capital político se ha construido casi exclusivamente desde la confrontación. Su mayor logro —haber contribuido a la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez— es presentado como prueba de liderazgo, cuando en realidad evidencia una agenda política anclada en el pasado. Cepeda no ofrece una visión de país hacia adelante; ofrece una narrativa permanente contra un adversario. Un proyecto presidencial no puede sostenerse indefinidamente sobre un antagonista.

Cepeda fue negociador del Acuerdo de La Habana y ha sido ideológicamente cercano a las FARC como actor político. Ese hecho no es menor ni anecdótico. En un país que aún lidia con disidencias armadas, narcotráfico y control territorial ilegal, su ambigüedad frente a los crímenes históricos de la guerrilla genera desconfianza legítima. No basta con hablar de paz; se requiere una política de seguridad creíble, algo que la izquierda no ha logrado articular ni en el discurso ni en la práctica reciente.

El uso constante de los 6.402 falsos positivos como consigna política tampoco resuelve el problema de fondo: Colombia necesita justicia, sí, pero también necesita instituciones funcionales, Fuerzas Armadas operativas y control efectivo del territorio. Reducir la política de seguridad a una acusación permanente es irresponsable cuando los indicadores actuales muestran deterioro en orden público, expansión de grupos armados y pérdida de autoridad del Estado. La llamada “paz total” no solo fracasó: agravó el problema al enviar señales de debilidad frente al crimen organizado.

En el extremo opuesto aparece otra respuesta igualmente peligrosa: el outsider indignado, que capitaliza el rechazo a Petro y a la izquierda sin ofrecer una estructura de gobierno sólida. Allí surge Abelardo de la Espriella, un abogado mediático cuya propuesta política se sostiene más en el enfrentamiento verbal que en un programa serio de Estado.

De la Espriella no es un improvisado cualquiera: ha defendido a políticos investigados por corrupción y a personas vinculadas con estructuras paramilitares. Eso no lo descalifica jurídicamente, pero sí plantea una contradicción política cuando se presenta como adalid moral. Su discurso duro, confrontacional y sin filtros puede ser eficaz en redes sociales, pero la Presidencia no se gobierna con arengas ni con enemigos imaginarios. El Estado requiere cabeza fría, institucionalidad y capacidad de construir consensos, no solo aplausos momentáneos.

Ambos extremos comparten un problema estructural: se alimentan del odio. Uno desde la narrativa de la lucha de clases y la victimización permanente; el otro desde la indignación furiosa y el rechazo visceral. Ninguno ofrece una respuesta seria a los desafíos reales del país: crecimiento económico estancado, inseguridad desbordada, crisis fiscal, pérdida de confianza inversionista y deterioro institucional.

Colombia ya vivió este experimento. En 2022 el país fue llevado a elegir entre dos malos candidatos. El resultado fue un gobierno que prometió cambio y entregó improvisación, contradicciones y alianzas con las mismas prácticas que decía combatir. El “otro” candidato, presentado como alternativa, terminó siendo una caricatura anticorrupción con antecedentes judiciales. El espectáculo venció al proyecto.

Hoy el país se acerca peligrosamente al mismo abismo: dogma ideológico de un lado, show político del otro. Así empezó Venezuela: polarización extrema, liderazgos emocionales, desprecio por la técnica y sustitución del debate por el relato. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron devastadoras. Colombia todavía está a tiempo. Pero para eso necesita algo que hoy escasea: candidatos con capacidad real de gobernar, no solo de gritar, señalar o recitar libretos.

Fajardo: ¿está Colombia lista para un presidente decente?

Llega un nuevo año y las elecciones presidenciales ya asoman en el horizonte. Están más cerca de lo que pensamos. Parecían eternos estos cuatro años de Gustavo Petro, pero justo cuando su gobierno entra en la recta final, sus medidas populistas saltan a la vista con mayor claridad. Petro es, ante todo, un presidente en permanente campaña, más cómodo en la plaza pública que en la gestión. Así actúa buena parte de la izquierda latinoamericana: lo saben bien Caicedo y otros tantos políticos de esta corriente. El libreto no es nuevo: lo enseñó Chávez, lo heredó el caído Maduro y lo aplica Ortega en Nicaragua. El modus operandi es el mismo.

Este año, Colombia tiene la oportunidad de elegir a una persona lejos de los extremos, alguien capaz de recuperar el rumbo de un país que hoy se vive y se piensa con el hígado. Un país atrapado entre la derecha de Uribe y la izquierda de Petro —bonito futuro—, sarcasmo aparte. Y, sin embargo, muchos colombianos parecen antojados de cuatro años más de populismo de izquierda: un gobierno que no ejecuta, que es mal gerente, pero que logra conectar con una parte del electorado, especialmente con quienes compran el relato del “vivir sabroso” o con una base social profundamente desinformada.

En medio de estos días marcados por guerras verbales entre políticos exaltados que gobiernan países, hubo una voz sensata que pidió cordura y explicó cómo bajar la temperatura del debate. Esa voz pertenece a quien, por resultados y trayectoria, merece ser considerado seriamente para dirigir a Colombia: Sergio Fajardo.

Fajardo suele ser reconocido como uno de los mejores alcaldes y gobernadores que ha tenido el país, no por consigna, sino por hechos. Fue alcalde de Medellín en 2004, y su administración marcó un antes y un después para una ciudad golpeada por décadas de violencia, exclusión y estigmatización. Su lema fue claro y coherente: “Medellín, la más educada”. Mejoró la infraestructura educativa, fortaleció la educación pública y superior, y apostó por la educación como herramienta central para enfrentar la violencia, más allá de la respuesta policial.

Medellín dejó de ser reconocida únicamente por Pablo Escobar y pasó a ser ejemplo internacional de innovación urbana y transformación social. Ese cambio de narrativa tuvo efectos reales en turismo, inversión y autoestima ciudadana.

Como gobernador de Antioquia en 2012, llevó ese mismo modelo a un territorio mucho más amplio y complejo. Replicó su obsesión por la educación a nivel departamental, invirtió decididamente en infraestructura educativa en municipios rurales históricamente olvidados y mantuvo un gobierno serio, sin escándalos personales ni excesos. Redujo prácticas clientelistas profundamente arraigadas y fortaleció el liderazgo económico y social del departamento, con énfasis en educación, infraestructura y orden institucional.

La gran pregunta hoy no es si Fajardo sabe gobernar —eso ya lo demostró—, sino si su estilo moderado, técnico y decente puede funcionar en una Presidencia atravesada por la polarización, la inseguridad y una crisis institucional evidente. Vivimos en un mundo marcado por la exaltación del ruido, la mentira y el espectáculo, donde algunos ven en líderes mitómanos y autoritarios modelos a seguir.

Fajardo, en contraste, ha sido claro en materia de seguridad y orden público: el país necesita recuperar el control territorial. Ha cuestionado el llamado “perdón social” para ciertos delitos y ha afirmado que desde las cárceles no se llega a la Presidencia, en alusión directa a debates actuales sobre justicia y paz.

En un país donde la corrupción ha atravesado gobiernos de izquierda, derecha y centro, un presidente éticamente creíble ya marca una diferencia sustancial. Su apuesta por la educación no fue discurso: fue política pública con presupuesto, obras y resultados. Un presidente que piense a 10 o 20 años, y no solo en el próximo titular, es algo que Colombia necesita con urgencia. Hoy, ese perfil es un activo enorme. El país requiere orden institucional, no caudillos.

Fajardo no es un animal político tradicional, y eso puede jugarle en contra. Su estilo calmado y pedagógico contrasta con la política del grito y la confrontación permanente. Petro, en cambio, llegó al poder aliado con figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, demostrando que el pragmatismo sin escrúpulos también gana elecciones.

Sergio Fajardo no es un salvador, pero sí un buen administrador del Estado, un líder ético y serio, y una alternativa real al populismo de derecha e izquierda. La verdadera pregunta no es si él está listo para gobernar, sino si Colombia está preparada para elegir a un presidente decente, sin gritos ni enemigos inventados, en lugar de uno que prometa soluciones mágicas mientras el país se le desordena entre las manos.