La directriz del gobierno de Gustavo Petro sobre la exploración de hidrocarburos fue clara desde el primer día: no otorgar más contratos de exploración de petróleo y gas en Colombia, todo bajo la consigna de su mentada política de transición energética. No se trató de una orden directa a Ecopetrol para paralizar lo que ya estaba firmado, sino de cerrar de golpe el grifo a nuevos ciclos de adjudicación. Petro lo anunció a los cuatro vientos y su entonces ministra de Minas, Irene Vélez, se encargó de reconfirmarlo con desparpajo en enero de 2023.
En términos políticos, el mensaje fue explícito y sin matices: el gobierno decidió no firmar ni un solo contrato más. Prensa internacional como Reuters también ratificó la medida como un freno en seco a la exploración. El impacto real fue demoledor: Colombia llegó al 2026 sin haber adjudicado un solo contrato exploratorio desde 2022. Hoy el contraste es evidente: mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella aterriza con la política de reactivar la exploración, la era Petro dejó un rastro de parálisis deliberada.
Durante esos cuatro años de gobierno —un cuatrienio nefasto para la principal empresa del país— los escándalos florecieron sin pausa. Lo que antes era una compañía próspera se convirtió en la "caja de Rolando" del petrismo. Ricardo Roa pasó de gerente de campaña a presidente de Ecopetrol. Pronto, el CNE determinó irregularidades sobre los topes y la financiación de dicha campaña, mientras la Fiscalía anunciaba la imputación a Roa por presunto tráfico de influencias. Por si fuera poco, llovieron denuncias sobre la intromisión de su pareja en decisiones directivas y de contratación.
En paralelo, las utilidades cayeron en picada frente a los niveles récord de 2022, al tiempo que llovían cuestionamientos sobre la caída de reservas, la producción y la improvisada estrategia energética. La cúpula de la empresa sufrió una desbandada de directivos y miembros de junta en medio de los constantes terremotos políticos. Para rematar la fiesta, el escándalo rozó lo ridículo con la compra de un apartamento de lujo por parte de Roa a un empresario del sector petrolero por un precio inusualmente bajo, encendiendo alarmas por conflicto de interés. La guinda del pastel fue la contratación de una costosa consultoría pagada por Ecopetrol para autoprobársele la inocencia a su propio presidente, desembolsando una cifra astronómica en medio de cuestionamientos sobre cómo se adjudicó dicho contrato.
La posterior salida de Juan Carlos Hurtado —presidente encargado desde abril— se dio también envuelta en sospechas por irregularidades en nombramientos y contratación. Si bien la vocería oficial guardó silencio, reportes como los de Reuters vincularon directamente su salida con estos maniobreos. El nuevo gobierno no tardó en iniciar un barrido profundo a la administración heredada del período Petro, traducido en la renuncia y retiro de decenas de funcionarios desde la llegada de De la Espriella al poder.
Tras este descalabro, la decisión de la nueva administración es rescatar a la compañía y devolverle el rumbo a la exploración hidrocarburífera en el país. Todo esto, muy a pesar y para el pesar de los petristas, de Irene Vélez y compañía, quienes pretendían que una petrolera dejara de buscar petróleo en nombre de la ideología. Prohibir la búsqueda de nuevos yacimientos en la empresa estatal no era transición: era condenarla a una muerte lenta en un país donde las cuentas públicas dependen vitalmente del crudo. Para Colombia, el petróleo representa divisas, regalías, recursos fiscales y exportaciones; asfixiar la producción energética no era salvar el planeta, sino destrozar el bolsillo y las finanzas externas de la nación.
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