El escándalo que rodea a la Fundación Universitaria San José parece no tener fin. Una institución que alcanzó notoriedad nacional tras otorgarle un título profesional a la consentida del petrismo, Juliana Guerrero, en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad de dicho diploma. Títulos que, por demás, no han derivado en un proceso sancionatorio serio ni ejemplar por parte del Ministerio de Educación, pese a la gravedad de los hechos.
La Fundación fue señalada por entregar un título profesional sin que la beneficiaria cumpliera los requisitos académicos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, obligación indispensable para graduarse en Colombia. La congresista Catherine Juvinao ha ido más allá y ha denunciado que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos con irregularidades a cientos de personas, principalmente funcionarios y contratistas del Gobierno nacional, lo que configura un patrón preocupante y no un hecho aislado.
Pero el problema no se limita al ámbito académico. También existen denuncias graves sobre la gestión de recursos públicos. La Fundación ha sido señalada por presuntos sobrecostos en contratos con la Gobernación del Magdalena, particularmente en la adquisición de kits escolares cuyo valor declarado estaría muy por encima de los precios del mercado. La expedición acelerada y presuntamente irregular de títulos ha llevado a que, en distintos medios, se refieran a la institución como una verdadera “fábrica de diplomas”: una percepción que no surge del capricho, sino de la reiteración de prácticas que ignoran los estándares exigidos a cualquier universidad seria.
En 2021, durante la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, se adjudicó a la Fundación Universitaria San José un contrato por aproximadamente $12.571 millones. El proceso correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objeto era apoyar a la Secretaría de Educación en un programa de alfabetización para población vulnerable en municipios como Aracataca, Plato, El Banco y Remolino. Sin embargo, entre los criterios de evaluación se incluyó la posibilidad de otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas —incluido japonés— con entidad certificada, además del inglés. Aunque la enseñanza de japonés no era obligatoria, sí representaba una ventaja competitiva en la evaluación, una decisión ampliamente criticada por su desconexión con la realidad del programa, dirigido a personas en proceso de alfabetización básica, cuya necesidad principal es aprender a leer y escribir en español. La inclusión de requisitos de este tipo puede ser defendible en otros contextos, pero aplicada aquí levanta serias dudas sobre la pertinencia técnica y social de los criterios utilizados. En el Magdalena, enseñar japonés antes de enseñar a leer bien en español no es progreso: es una distorsión de prioridades. Y cuando esa distorsión aparece dentro de un contrato millonario, la pregunta deja de ser pedagógica y pasa a ser política y ética.
La polémica se agravó en 2025, cuando se denunció un nuevo contrato adjudicado a la Fundación Universitaria San José por aproximadamente $13.609 millones, nuevamente para un programa de alfabetización que incluía la compra de kits escolares con presuntos sobrecostos escandalosos. Según las denuncias, cada kit habría sido facturado en alrededor de $310.000. No obstante, una cotización realizada por la congresista Catherine Juvinao en una papelería común arrojó que los mismos elementos —cuadernos, lápices, borradores, colores, reglas y sacapuntas— costaban cerca de $30.500. La diferencia es abrumadora: un sobrecosto cercano al 900%, es decir, casi $280.000 adicionales por cada kit.
A esto se suma otro dato inquietante: la Universidad Cooperativa de Colombia presentó una propuesta para ese mismo contrato por aproximadamente $7.874 millones, es decir, $5.700 millones menos que la oferta ganadora. Aun así, la adjudicación recayó en la opción más costosa, una decisión que siembra serias dudas sobre la transparencia, la racionalidad y la eficiencia del proceso de selección.
En un departamento donde miles de ciudadanos aún no dominan la lectura y la escritura en su propio idioma, introducir el japonés como criterio diferenciador en un programa de alfabetización no es innovación ni visión de futuro: es una señal de desconexión profunda con la realidad social. Cuando esa desconexión coincide con contratos millonarios, sobrecostos evidentes y un silencio institucional persistente, la discusión deja de ser educativa y se convierte en un asunto de responsabilidad pública. La Gobernación del Magdalena le debe al país algo más que explicaciones técnicas: le debe coherencia, prioridades claras y respeto por los recursos y la dignidad de quienes aún esperan lo básico.
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