Ni eterno ni impune: Uribe y su cita con la justicia

Se ha producido un fallo histórico en nuestro país: el expresidente Álvaro Uribe, el famoso “gran colombiano”, el político que llegó a tener el 85 % de aprobación nacional, ha sido encontrado culpable por soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco de un proceso judicial que se extendió por más de diez años.

Lo que comenzó como una denuncia del propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, terminó convirtiéndose en una investigación en su contra. La Corte Suprema de Justicia, que actuaba como su juez natural al ser Uribe senador, archivó en 2018 la denuncia contra Cepeda e inició una investigación preliminar contra el expresidente, encontrando indicios de manipulación de testigos a través de su abogado Diego Cadena, conocido mediáticamente como el “abogángster”.

Uribe, un líder de derecha que impuso un discurso fuerte a comienzos de los años 2000, aprovechó el caos que dejó el proceso de paz fallido del entonces presidente Andrés Pastrana con las FARC, incluida la entrega del Caguán a esa guerrilla. Con el Congreso a su favor, impulsó —a través de maniobras que involucraron a miembros de su círculo más cercano— la reforma constitucional que le permitió la controvertida reelección presidencial, rompiendo así el equilibrio institucional de poderes en Colombia.

La justicia no distingue entre derecha o izquierda. Uribe ha sido condenado, quizá, por los delitos “menos graves” entre los muchos que se le han señalado a lo largo de los años. Como recordaba un viejo meme: “Uribe tiene más investigaciones que el SIDA”, y es común escuchar que los testigos claves terminan muertos, mientras su círculo cercano se inmola por el llamado “gran colombiano” de la derecha política.

En 2019, la Corte Suprema le abrió una investigación formal, y en 2020 le ordenó detención domiciliaria por los delitos de soborno y fraude procesal, siendo esta la primera vez que un expresidente colombiano recibe una medida de aseguramiento. Astuto como siempre, Uribe renunció al Senado pocos días después, lo que trasladó su caso a la Fiscalía, al perder el fuero de congresista. En 2021, un fiscal cercano al gobierno de Iván Duque, Gabriel Jaimes, pidió la preclusión del caso, pero los jueces la negaron en dos oportunidades, al considerar que existían serios indicios de responsabilidad penal.

Hoy, se ha hecho justicia en primera instancia: Uribe ha sido encontrado culpable de dos de los tres delitos que se le imputaban. La izquierda celebra que la justicia haya alcanzado a su antagonista político, pero también ha criticado al sistema judicial cuando los fallos no le favorecen. Ejemplo de ello es el caso de Rafael Martínez, sancionado por doble militancia en el Magdalena, lo que desde Fuerza Ciudadana fue catalogado como persecución política.

Petro, Caicedo y el Pacto Histórico han afirmado en múltiples ocasiones ser víctimas de una justicia parcializada, principalmente cuando las decisiones no responden a sus intereses. Sin embargo, este fallo contra Uribe demuestra que el sistema de pesos y contrapesos aún funciona en Colombia: el Senado ha bloqueado reformas de Petro; la justicia frenó la posibilidad de una segunda reelección de Uribe, cuando buscaban convertirlo en un presidente eterno y, como algunos lo llamaban, “chuzador de corazones”.

Hoy, la derecha llora y la izquierda ríe. La polarización sigue marcando profundamente al país, y se intensifica con llamados a marchas para protestar contra un fallo judicial de primera instancia. Este episodio anticipa lo que se avecina en las elecciones de 2026: una confrontación brutal entre los extremos, Petro y Uribe, dos figuras desgastadas y perjudiciales para un país cansado y dividido.

Santa Marta, 500 : entre el olvido y el futuro

Llegaron los 500 años de Santa Marta, la ciudad origen, que sigue anclada en el pasado, con los mismos políticos de siempre, ya sea bajo el nombre de familias tradicionales o del nuevo clan que gobierna el departamento: el clan Caicedo.

La ciudad enfrenta un verdadero desafío: no estar a la altura ni preparada para conmemorar sus cinco siglos de existencia. Una ciudad sin agua, sin seguridad, sin cultura ciudadana y con múltiples carencias, que algunos políticos celebran como si fuera un logro.  

La hoja de ruta de la ciudad debe apuntar hacia una infraestructura urbana moderna y planificada, con vías de acceso eficientes, mejorando y ampliando las entradas y salidas, especialmente hacia el aeropuerto y el puerto. Se requiere avanzar hacia una movilidad urbana estructurada, con un sistema de transporte público integrado y moderno (no solo buses pintados de azul, como nos dejó Caicedo), con paraderos adecuados, rutas claras y accesibilidad para todos.

Es urgente renovar el sistema de alcantarillado y agua potable. Se deben hacer inversiones en infraestructura hídrica que garanticen el acceso permanente al agua y eviten colapsos por lluvias. Se necesita apostar por fuentes alternas de agua (como la planta de El Curval, pozos profundos o sistemas de captación de agua lluvia), y fomentar una cultura de uso responsable del agua, incluyendo sanciones por desperdicio o conexiones ilegales.

Santa Marta también debe reforzar su sistema de salud. Las clínicas actuales no ofrecen atención de calidad, y quienes tienen los medios económicos terminan buscando atención en Barranquilla, donde el servicio es claramente superior.

En el campo de la educación y el empleo formal, se debe ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación técnica, tecnológica y profesional. Es clave atraer inversión en sectores que generen empleo más allá del turismo, como la tecnología, la logística o la agroindustria. También se debe promover el emprendimiento juvenil mediante créditos, formación y asesoría.

En cuanto al turismo, la ciudad necesita fortalecer su red hotelera con personal bilingüe, y hacerlo todo apalancado en empleo de calidad para los samarios. Es vital avanzar hacia un turismo sostenible y ordenado, regulando el uso de playas, el manejo de basuras y combatiendo las actividades ilegales. Además, es necesario mejorar la señalización, las rutas turísticas y la capacitación de guías y operadores. El turismo debe integrar activamente a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas como aliados y beneficiarios directos.

La seguridad y la cultura ciudadana también deben ser prioridad. Se necesita una mayor presencia institucional en los barrios con más conflicto, junto con campañas de convivencia, respeto por lo público y apropiación del territorio. Además, se deben crear espacios comunitarios seguros: parques, centros culturales y escenarios deportivos.

El samario también debe comprometerse con la preservación de los ecosistemas costeros y la Sierra Nevada. Es urgente controlar la expansión urbana mediante invasiones y avanzar hacia una gestión adecuada de residuos sólidos y aguas residuales, especialmente en sectores turísticos o cercanos a ríos y quebradas.

Finalmente, Santa Marta necesita liderazgo político y planeación a largo plazo. Debe superar la inestabilidad institucional y los conflictos políticos crónicos. Es hora de diseñar e implementar un plan de ciudad a 20 años, sin importar quién gobierne. Para lograrlo, se debe fortalecer la capacidad técnica del gobierno local para ejecutar obras y atraer recursos nacionales e internacionales.

Todo un desafío para una ciudad marcada por “los de antes” y los “naranjas”, pero estamos seguros de que, con un liderazgo inspirador, podemos superarlos y avanzar hacia la hoja de ruta que Santa Marta necesita para salir del atraso y dejar de ser, por fin, la tierra del olvido.

Discursos largos, resultados cortos

Durante la instalación del último periodo legislativo correspondiente a este cuatrienio, donde por primera vez la izquierda llegó al poder, se observaron varios aspectos interesantes para debatir. Comenzando por un hecho inusual: por primera vez, el presidente Gustavo Petro llegó puntual a un evento de este tipo. Sin embargo, lo más relevante fueron las verdades y mentiras que se dijeron.

Fiel a su estilo, Petro utilizó dos horas y media para llenar la instalación del Congreso con un discurso verborreico, en el que relató al país lo que, según él, han sido sus avances en los tres años que lleva gobernando. Petro parece vivir en el mismo mundo imaginario en el que vivía Iván Duque durante sus cuatro años de gobierno. Ese gran error de haber elevado a “DJ Duque” a la presidencia le ha costado al país ocho años de retrasos, mentiras y, sobre todo, una profunda polarización que nos divide. A quienes intentamos mantener una posición sensata, nos tildan de “tibios”.

Petro afirmó que redujo la inflación del 13,8 % al 4,82 %, y que la economía creció aproximadamente un 2,7 % durante su mandato. Sin embargo, sin una política económica clara de parte del gobierno, esto quizás sea lo único cierto que pudo decir ayer. Y no es un dato menor, pero difícilmente puede atribuírsele a su gestión: estas cifras probablemente se deben más a las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República, que ha subido las tasas de interés para controlar la inflación heredada del gobierno de Duque durante la pandemia.

La respuesta de la oposición, encabezada por la representante Lina Garrido (Arauca), aunque no abundó en cifras concretas, hizo un buen resumen de lo que han sido tres años de decepción para el país. Solo los seguidores más acérrimos del petrismo —convertido hoy en una secta similar al uribismo— siguen sosteniendo al gobierno con fervor. Garrido comenzó su discurso reconociendo el arrepentimiento que hoy expresan muchos de quienes ayudaron a elegir a Petro. Le reclamó la compra política de los entonces presidentes del Senado y la Cámara, presuntamente realizada por su asesora más cercana, con el fin de impulsar sus reformas. Mencionó hechos públicos y conocidos. Le recordó también que es el presidente más viajero en la historia de Colombia, iniciando ayer su viaje número 67 en apenas tres años, un despropósito para alguien que criticaba ferozmente los desplazamientos de Duque.

A Petro, como a tantos líderes de izquierda en este país, le duele la muerte de niños en Palestina, pero guarda silencio frente a los niños que mueren en Colombia por promesas incumplidas y por escándalos como el de los carrotanques en La Guajira. También le recordaron los funcionarios de su gobierno imputados por corrupción, y cómo su propio hijo, Nicolás Petro, está siendo procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Lina Garrido cuestionó el falso feminismo del petrismo, señalando que mientras lo proclaman, tienen sentado a su lado a Armando Benedetti. En apenas quince minutos de intervención, Garrido logró rebatir y desnudar ante el país a un personaje que habló durante dos horas y media, pero que representa, para muchos, un rotundo fracaso como presidente.

Después del discurso de Garrido, Petro alzó el puño como en un gesto de resistencia frente a una realidad de la que no puede escapar. Lo dicho por la representante no se puede ocultar ni minimizar con frases como “¡Levántate, Colombia!”, promovidas por su actual escudero desde la Casa de Nariño, el pastor Saade. La imagen de los puños en alto —como lo hicieron en su momento Hitler, Chávez, Maduro— y que fue replicada por sus alfiles Montealegre, Benedetti y Saade, refleja la desconexión de este gobierno con la realidad del país.

Un presidente que no gobierna, sino que narra. Que no busca mayorías, sino que declama. Que no promueve consensos, sino redención. Y que, al convertir el poder en relato, demuestra que para él la realidad ya no importa. Y de eso, precisamente, vive el petrismo.

Socavar la democracia y el país

En los últimos años, Colombia ha sido testigo de fenómenos políticos marcados por figuras como Álvaro Uribe Vélez y, actualmente, Gustavo Petro. Ambos lograron un lugar prominente en el espacio político por razones específicas: Uribe prometió liberar al país de la guerrilla en un momento desastroso a principios de los 2000, mientras que Petro ofreció un cambio de política tras la presidencia de Iván Duque. En definitiva, son dos personajes que llegaron al poder con discursos populistas que resonaron con las demandas de cada momento histórico.

Uribe, partidario de la tesis del "estado de opinión", gozó de índices de popularidad superiores al 80% durante sus ocho años de gobierno. Hoy, sin embargo, vive sus horas más oscuras, ad portas de recibir el fallo en el juicio por presunta compra de testigos. Quizás el delito que menos imaginó lo tiene al borde de una sentencia condenatoria y, posiblemente, de convertirse en el primer expresidente de Colombia en ir a la cárcel.

Por su parte, Petro prometió un cambio en medio de un estallido social, mientras el entonces presidente Iván Duque —hoy conocido por su faceta de DJ— presentaba su propio programa de televisión. En esa época, Petro criticaba los viajes de Duque al exterior y el uso del avión presidencial para movilizar a sus hijos a una fiesta de cumpleaños en Panaca.  Iván Duque en su periodo 2018–2022 Realizó 46 viajes internacionales durante sus cuatro años en el cargo Gustavo Petro (desde agosto 2022 hasta diciembre 2024) Completó 51 viajes internacionales en poco más de dos años y medio. Duque: Estuvo fuera de Colombia aproximadamente 54 días durante su mandato. Petro: Sumó alrededor de 151 días fuera del país entre 2022 y finales de 2024, lo que le molestaba a Petro no eran los viajes de Duque, era que el no los hacia. Lo notable es que ha acumulado estos viajes en menos tiempo, consolidando así el récord de presidente más viajero en la historia reciente de Colombia.

La realidad es que Petro ha demostrado ser un excelente opositor y, lamentablemente, un gobierno perjudicial para el país. Todo lo que criticaba ha terminado siendo su condena, y como dice el adagio popular, "la lengua es el azote del culo", en este caso, el de Petro.

Para estos personajes con figuras mesiánicas, el pueblo parece estar por encima de las leyes y la Constitución. Uribe logró modificarla para reelegirse, y hoy Petro busca una constituyente que le permita cambiar el equilibrio de poderes, el cual ha frenado su "desquiciado plan" de transformaciones profundas para el país. Esto incluye una reforma a la salud que, según él mismo dijo con su "chu-chu-chu" en una entrevista con Daniel Coronel, promete acabar con lo poco que aún funciona y ya está deteriorado.

Actualmente, Gustavo Petro se ha lanzado en una cruzada contra Thomas Greg & Sons, llevando al país al borde de quedarse sin la expedición de pasaportes. Esta situación le ha costado el cargo a tres cancilleres en menos de tres años, un récord para un gobierno que se caracteriza por todo, menos por saber gobernar. En esta misma cruzada, Petro afirma que el operador logístico que participó en su elección y en la que el Pacto Histórico obtuvo la mayor votación al Senado en 2022, no le pareció transparente. No obstante, a Petro, como a otros líderes de izquierda, siempre le ha gustado inventarse enemigos. Esto lo sabe bien Carlos Caicedo en el Magdalena, quien provocó una disputa con Metroagua hasta sacarla de la ciudad, para luego afirmar que los "clanes del Magdalena" tenían al departamento sumido en el atraso. Hoy, Caicedo mismo ha establecido su propio "clan", entregando poder a familiares y amigos cercanos cual herencia. Y el servicio de acueducto de la ciudad nuna mejoróm por el contrario, logró crear una empresa lalmada ESSMAR que supo quebrar bajo sus gerentes.

Socavar la democracia consiste precisamente en buscar enemigos donde no existen para el país, sino para los mesías como Uribe y Petro, consiste en ser los mesias de sus seguidores. Son personajes minúsculos ante una historia de odios y desunión en Colombia, individuos que le han hecho daño al país y que no pueden volver a colocar presidente en 2026. Si esto sucediera, estaríamos condenados a un olvido que nos definirá.

Santa Marta la ciudad estancada y atascada

Santa Marta está próxima a cumplir 500 años, una celebración que debería ser motivo de orgullo y para la cual los samarios deberíamos prepararnos. Sin embargo, en 500 años de historia, la ciudad no parece avanzar ni haber crecido; se percibe estancada y atascada. Hoy, atraviesa una de sus peores crisis de seguridad, la eterna escasez de agua, y por si fuera poco, la notable falta de cultura ciudadana que caracteriza a los habitantes de la ciudad más antigua de América.

El aeropuerto, por ejemplo, debería haber evolucionado. Es una terminal aérea que se quedó en el pasado, con remodelaciones superficiales pero sin arreglos de fondo. Su pista es pequeña, lo que impide el aterrizaje de aviones de mayor capacidad y, en muchas ocasiones, resulta riesgosa, con incidentes que terminan en accidentes como el recordado caso de Aerorepública. Actualmente, la alcaldía trabaja en la rehabilitación de la vía de acceso a la terminal, una obra que lleva más tiempo del previsto y cuya fecha de finalización aún no se vislumbra. El 13 de noviembre de 2024, el alcalde Carlos Pinedo Cuello y la EDUS confirmaron el inicio de la obra, proyectando un tiempo de ejecución de ocho meses, con una conclusión estimada para junio de 2025, lo cual no ocurrió. Los trancones para acceder a la terminal son interminables, y el método de "pare y siga" genera largas filas de vehículos que impiden un acceso oportuno. Una obra, como muchas en el sector público, marcada por demoras y sobrecostos. La terminal se congestiona en festivos y vacaciones; en junio de 2024, alcanzó el 180% de ocupación en salas de espera, generando quejas por calor y falta de sillas.

Santa Marta fue la séptima ciudad más violenta del país entre las 23 principales, con una tasa de 34.6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a la media nacional de 25.3. El conflicto entre grupos delincuenciales afecta especialmente el área metropolitana y las zonas rurales, con al menos 89 homicidios en Santa Marta durante el primer semestre de 2025, debido a disputas entre estructuras como el Clan del Golfo. El Informe del CCSPJP (México) llegó a calificar a Santa Marta como "la más violenta de Colombia", con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que las autoridades locales cuestionaron por incluir municipios aledaños.

Santa Marta enfrenta una crisis estructural del agua, manifestada en cortes prolongados, infraestructura obsoleta, mal manejo de sedimentos y falta de planes efectivos. Gran parte de las redes de acueducto y alcantarillado son antiguas, están mal mantenidas o son inadecuadas para la demanda actual. Las plantas de tratamiento y estaciones de bombeo tienen capacidad limitada y fallan con frecuencia. Santa Marta ha experimentado un rápido crecimiento poblacional y turístico, sin una expansión proporcional en los servicios públicos. Más de 120 barrios no tienen conexión formal al acueducto y dependen de carrotanques o pozos artesanales. Las fuentes principales (como el río Manzanares, el río Piedras y las quebradas de la Sierra Nevada) tienen bajo caudal, están altamente sedimentadas y afectadas por la deforestación. No existe un embalse o sistema de almacenamiento robusto. La crisis del agua en Santa Marta no se debe solo a la falta de lluvia, sino a años de abandono estatal, crecimiento sin planificación, falta de inversión, mala gestión y presión ambiental. Un abandono que durante doce años no mostró avance, mientras algunos se enriquecían con un discurso de odio que no generó progreso para la ciudad.

El SETP (Sistema Estratégico de Transporte Público) opera más de 500 vehículos en 23 rutas, incluyendo buses y busetas azules que cubren toda la ciudad. Buses que fueron pintados por fuera y mantienen el mismo mal servicio de toda la vida. Uno de los problemas de la ciudad es la movilidad, con trancones constantes y cierres viales por protestas. La vía que comunica con el oriente de la ciudad, Bonda y Riohacha, vive colapsada por la mala cultura vial y la cantidad de tráfico que se mueve, especialmente los fines de semana. Esta ruta lleva años pidiendo a gritos una doble calzada o una solución definitiva, con oídos sordos y miradas ciegas que incluyen a las gobernaciones de los Cotes y del clan Caicedo.

En Santa Marta, la gente no respeta la señalización y la semaforización. Las líneas de cruce peatonal no se pintan desde hace años, y no se arreglan huecos ni desniveles que causan accidentes, sobre todo para motociclistas. Se percibe un abandono estatal, sin autoridades de tránsito que pongan freno, por ejemplo, a las motos y a quienes conducen en estado de embriaguez, en una ciudad pequeña donde reina el caos y el desorden. No hay con quién ni cuándo actuar. En la ciudad, se deberían promover controles aleatorios de alcoholemia y uso de casco, así como una mejor iluminación en las avenidas principales y pasos peatonales.

En definitiva, Santa Marta es una ciudad estancada en el pasado y atascada por los políticos, aquellos que solo ven la forma de "vivir sabroso", antes y ahora, mientras la gente de la ciudad sigue eligiendo a los mismos de siempre.

Los alfiles de Petro

Luego de tres años de gobierno, parece que finalmente Gustavo Petro ha conformado el gabinete que necesitaba a su medida. Con la incorporación de Eduardo Montealegre como ministro de Justicia, Armando Benedetti como ministro del Interior y el pastor Alfredo Saade como jefe de Gabinete, ha logrado construir un triángulo de figuras polémicas: extremistas, hábiles jugadores políticos y remedos de juristas que funcionan como el soporte perfecto para que el presidente pueda acomodarse con mayor comodidad en el poder.

Armando Benedetti, confeso consumidor de drogas, es un político camaleónico: ha sido uribista, santista y hoy es petrista. No es cualquier “perita en dulce”; se requieren agallas para hacer esos saltos ideológicos, para manejarle la agenda a Petro en campaña y organizarle eventos como el del lanzamiento con la famosa "P" en Barranquilla. Benedetti, quien al principio no se sintió suficientemente recompensado, hoy arremete contra Juan Manuel Santos, a quien acusa de “creerse Winston Churchill, pero en realidad ser un remedo de británico: incompetente, inseguro, dubitativo y el más perverso de todos los políticos de este país”. Según él, Santos fue “el presidente de Odebrecht”. "No era jugador de póker, sino de parqués", dijo el propio Benedetti, dolido por sentirse traicionado tras haber trabajado por su reelección. Hoy, ha encontrado su lugar en la izquierda de este país. A pesar de sus escándalos por maltrato familiar, su adicción al alcohol y las investigaciones por corrupción, es quien hoy maneja la política del gobierno. Como dicen incluso algunos petristas, "es quien se ha puesto la 10" para manejar las relaciones con los partidos y visibilizar las obras de un gobierno que ha estado más en campaña que en gestión real.

Eduardo Montealegre, abogado del presidente de la cuestionada Saludcoop y exfiscal general de la Nación, es el arquitecto jurídico de la estrategia constituyente. Desde su visión legal, muchas veces criticada por su ambigüedad, ha dado forma a las tesis que buscan justificar iniciativas como el "decretazo". Antes de ser fiscal, trabajó como abogado de Saludcoop —una EPS implicada en un desfalco superior a 1.4 billones de pesos—, por lo cual recibió honorarios de más de 3 mil millones, generando serios cuestionamientos éticos. Durante su paso por la Fiscalía, fue vinculado al escándalo del "cartel de la toga"; si bien no fue imputado, su cercanía con magistrados involucrados y su firma en contratos con ellos levantó sospechas. Considerado por algunos como un jurista brillante, Montealegre también es visto como alguien que ha usado su conocimiento legal para validar maniobras políticas discutibles. Hoy, es un alfil clave del gobierno de Petro.

Alfredo Saade, por su parte, ha militado en diversas corrientes políticas: fue cercano a Cambio Radical, luego al Centro Democrático, y finalmente recaló en el Pacto Histórico. En la consulta interna de 2022 apenas obtuvo votos, presentándose como “cristiano progresista”. En paralelo, contrató con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) por más de 257 millones de pesos, sin evidencias claras de su gestión. En un cabildo en Barranquilla, pidió públicamente que Petro cerrara el Congreso y buscara la reelección, lo que desató rechazo institucional. Fue designado para liderar el plan de agua en La Guajira, pero la Corte Constitucional tumbó tanto el decreto como su nombramiento. Ahora, Petro lo nombra jefe de Gabinete, en un gesto que algunos interpretan como simbólico: “un pastor sin iglesia que asegura haber conocido a Cristo en Petro”.

Estos son los tres alfiles del gobierno de Petro: Benedetti, el alfil político; Montealegre, el alfil jurídico; y Saade, el alfil administrativo y mediático. Tres figuras cercanas, cuestionadas, pero leales. Voceros de una nueva forma de gobernar basada más en la plaza pública, el ruido mediático y la confrontación, que en la institucionalidad.

La constituyente de Petro es una papeleta

Gustavo Petro es uno de esos políticos que, como muchos en la historia reciente de Colombia, ha recurrido a prácticas cuestionables. El jurista Carlos Gaviria afirmaba que Petro modificaba, junto a sus aliados, las actas de las reuniones del Polo Democrático para acomodarlas a sus intereses. También es recordado por el video en el que aparece contando fajos de billetes y guardándolos en bolsas, en una escena que evocaba el modus operandi de quienes saquean el Estado. Este tipo de conductas no es nuevo en la política colombiana.

Petro ha demostrado ser un político camaleónico, al igual que Claudia López, quien ahora también se distancia de su antiguo aliado. Durante la campaña presidencial de 2018, en la que fue derrotado por Iván Duque, Petro —entonces senador— llegó a posar junto a una lápida de mármol en la que prometía no convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, promesa que hoy contradice.

Históricamente, la figura de la Constituyente ha sido utilizada por líderes de distintas ideologías para perpetuarse en el poder, como lo hicieron Chávez, Ortega y más recientemente Bukele. Lo que comenzó como una idea excéntrica del metódico Chávez terminó convirtiendo a Venezuela en una segunda Cuba, con una constitución hecha a su medida.

Hoy, Petro y su nuevo escudero —el polémico exfiscal y exabogado de Saludcoop, Eduardo Montealegre— impulsan la idea de una Constituyente con el argumento de que “el pueblo manda”, desconociendo lo establecido por la Constitución de 1991. En ese grupo también figuran personajes como Armando Benedetti, Montealegre e incluso la senadora Isabel Zuleta.

Petro lanzó su "decretazo", apoyado por el actual ministro de Justicia —quien recientemente fue rebatido con argumentos jurídicos durante un debate en La W—, una iniciativa que fue detenida por el Consejo de Estado. Lo que propone Petro es, a todas luces, inconstitucional: usar mecanismos irregulares para alterar el orden constitucional, desconociendo los contrapesos del Congreso y las altas cortes, pilares fundamentales de nuestra democracia.

A diferencia de Petro, el expresidente Álvaro Uribe —pese a su visión del “estado de opinión”— nunca se atrevió a convocar una Constituyente, ni siquiera en su momento de mayor popularidad.

Para Petro, la Constitución de 1991 representa un obstáculo, porque impide que actúe sin límites. Por eso busca reemplazarla por una nueva constitución hecha a su medida, lo que contradice todo lo que antes criticaba. Su nueva propuesta consiste en incluir una papeleta en las elecciones de 2026 para que los ciudadanos decidan si se convoca una Constituyente, ignorando que ese no es el procedimiento constitucionalmente establecido.

El artículo 376 de la Constitución de Colombia es claro:

“Mediante ley aprobada por el Congreso de la República, por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, podrá el pueblo, mediante votación, decidir si convoca una Asamblea Constituyente con el fin de reformar la Constitución.”

Por tanto, el presidente NO puede:

• Convocar directamente una Constituyente.

• Usar una papeleta informal para sustituir el proceso constitucional.

• Convocarla únicamente mediante recolección de firmas, sin aprobación del Congreso.

¿Cuál es el proceso correcto?

1. El Congreso debe aprobar una ley que convoque al pueblo a votar si desea una Asamblea Constituyente (requiere mayoría absoluta en ambas cámaras).

2. Si el pueblo vota afirmativamente, se define:

   • El alcance de la Asamblea (qué puede o no reformar).

   • El número de delegatarios.

   • El sistema de elección.

3. Luego se elige la Asamblea, la cual redacta una nueva Constitución o una reforma sustancial.