Durante cuatro años se vivió una falsa tranquilidad, una sensación de que todo estaba bien mientras el país iba directo al barranco, tomado por delincuentes que, bajo el amparo de la "paz total" de Petro, hicieron y deshicieron e impidieron a la fuerza pública hacer su tarea. No hubo operativos contra la criminalidad; el gobierno de Petro nunca trabajó de la mano con los mandatarios locales. La extorsión creció desmedidamente mientras los delincuentes se paseaban por el país con el permiso del Presidente de la República y la fuerza pública permanecía con las manos amarradas.
El gobierno saliente dejó la vara muy baja para hacerlo mejor, aunque para algunos la transición resulte en el recrudecimiento de la violencia: una violencia que en realidad nunca se fue de un país que vio cómo su presidente de entonces entregaba salvoconductos, asignaba camionetas del Estado y se subía a tarimas con bandidos a los que denominaba "gestores de paz".
Cuando el Estado decide actuar y tomar el toro por los cuernos, la fuerza pública combate como debe hacerlo —en derecho y bajo el amparo de la Constitución— a los bandidos que vienen azotando a la población civil. Decididamente, el actual gobierno dio la orden a las fuerzas militares de acabar con estas organizaciones; a sus cabecillas los están metiendo en bolsas blancas, una acción que no gusta mucho a personajes como Gustavo Petro, Iván Cepeda y todo ese Pacto Histórico, quienes parecen solidarizarse más con los bandidos que con las víctimas que vivían en medio del olvido estatal.
Benjamin Lessing define la gobernanza criminal como aquellas situaciones en las que las organizaciones delictivas se convierten, en determinados territorios, en una autoridad relevante para la población, incluso coexistiendo con el Estado.
La organización criminal empieza a regular la vida cotidiana: quién vende, quién entra o sale, los horarios, los conflictos vecinales, los robos, el consumo de drogas, los negocios, el transporte, el cobro de "impuestos", la seguridad e incluso quién puede permanecer en el territorio. Eso es lo que se vive en sectores de Santa Marta, donde durante décadas el problema se ha conocido y maquillado mientras las autoridades miraban para todos lados menos hacia la atención de la población afectada por vacunas y asesinatos selectivos. La ciudad volvió a vivir épocas en las que estos delincuentes lograron cerrarla por varios días. De nada valió que el expresidente, jugando a los policías y ladrones, saliera con pistola al cinto: la población no salió de sus casas ante la amenaza del paro armado. Esta gobernanza pasa de ser percibida únicamente como una amenaza a convertirse, para una parte de la población, en una fuente informal de seguridad, orden, protección o resolución de conflictos. Eso es lo que la literatura denomina gobernanza criminal y, cuando existe aceptación de esa autoridad, legitimidad criminal.
Alias "Araña", el protegido "gestor de paz" de Petro, salió rumbo a los Estados Unidos en un proceso de extradición firmado por Abelardo de la Espriella. "Araña" no era simplemente un "exguerrillero de las FARC". Según información judicial recogida por El Espectador, primero estuvo vinculado a Los Rastrojos, fue condenado por delitos cometidos como integrante de esa organización y posteriormente reapareció vinculado a las FARC.
Este gobierno está tomando el toro por los cuernos, aunque duela la ola de violencia que conlleva recuperar los territorios que el gobierno anterior cedió a la delincuencia, es un acto necesario en el estado de derecho amparado en la constitución.
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