La Gran Vía —esa mentada ampliación del Corredor Universitario que promete unir a Barranquilla con Puerto Colombia— se ha convertido en el monumento perfecto a la desidia y al aplazamiento interminable. Una obra cacareada y esperada, pero que tras años de retraso sigue sin ver la luz. En el papel, suena ambiciosa: un corredor de 3,55 km sobre la conocida Carrera 51B, con tres carriles por sentido, dos pasos a desnivel (deprimidos en la Universidad del Norte y Le Champ), tres glorietas, tres puentes peatonales y ciclorrutas, además de un sistema de manejo de aguas lluvias prometido para liquidar las eternas inundaciones del sector.
La realidad, sin embargo, es otra. Desde que se puso la primera piedra el 1 de noviembre de 2022, el proyecto se dividió en dos tramos. La Unidad Funcional 1 (de la Circunvalar a la Uninorte) se entregó a regañadientes en diciembre de 2024. Pero la llaga abierta está en la Unidad Funcional 2, que va del Club Campestre a la Universidad del Atlántico. Para marzo de 2026, el reporte oficial arrojaba un cansino 83 % de avance total.
El baile de fechas roza el ridículo: la entrega inicial estaba pactada para septiembre de 2024; luego la aplazaron a junio de 2025, de ahí saltó a junio de 2026, y hoy ya tramitan descaradamente una nueva prórroga hasta noviembre de 2026. En junio, la Gobernación apenas atinó a reconocer los avances, argumentando que faltaban "componentes estructurales" —nada menos que la plataforma superior de los puentes y los muros de soporte—, excusándose en la complejidad técnica del tramo elevado en volado. Mientras la burocracia busca pretextos entre fallas de planeación, gestión predial e interferencia de redes, los comerciantes de la zona quiebran y reportan pérdidas irreparables.
Con las últimas lluvias, el caos en la movilidad del sector colapsó por completo, empeorando el panorama a cuatro años de que Elsa Noguera, entonces gobernadora, le diera el goce inicial a este calvario. El desespero es tal que las empresas de transporte público amenazan con suspender sus rutas, amenazando con dejar desconectados a miles de estudiantes y residentes. Todo esto ocurre ante la mirada ciega e indolente de la Gobernación, que parece jugar con EDUBAR —la empresa de desarrollo urbano distrital encargada de la ejecución y supervisión de la UF2— a un juego perverso de nunca acabar.
Hablemos de números, porque el descalabro no sale gratis. La Unidad Funcional 2 arrancó con un contrato inicial de $94.720 millones, al que en junio de 2026 le inyectaron una adición de $3.650 millones junto a otra prórroga contractual, elevando el costo a $98.370 millones. ¿El resultado? Prometieron entregar el 30 de septiembre de 2026, pero un reporte del 16 de septiembre confirmó lo inevitable: tampoco cumplieron.
Lo que debía ser el orgullo del desarrollo departamental terminó convertido en una auténtica pesadilla para residentes, estudiantes y comerciantes, destruyendo el valor comercial y urbanístico de una de las zonas de mayor plusvalía de la región. Hoy, la mal llamada Gran Vía no es más que la peor vía del Atlántico.
