Ni garras, ni discursos leidos: el rigor de un profesor.

Colombia ha elegido a lo que llaman la derecha durante muchos años. Desde la época de Andrés Pastrana hasta Iván Duque, fueron quienes gobernaron a sus anchas el país. ¿Los resultados? Un país encolerizado, atizado por el odio que ellos mismos produjeron y que luego fue incendiado con un discurso excremental, reproducido y amplificado por Gustavo Petro y sus seguidores, los llamados petristas.

Petro le demostró a Colombia que no solo de discurso se puede vivir. Con la destrucción del sistema de salud, la irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y de la economía, el fracaso de la llamada “paz total” y la grave inseguridad que hoy vive el país, nos ha dejado claro que eso del “cambio” salió mal.

Hoy, increíblemente, aparece punteando en las encuestas presidenciales el candidato de Petro para seguir manteniendo el poder en manos de la izquierda: Iván Cepeda, cuyo único mérito ha sido haber logrado, a través de una denuncia, poner a Álvaro Uribe tras las rejas. Uribe, cuyo poder y capacidad de decisión le permitieron poner presidentes desde que él mismo lo fue. Después llegó Juan Manuel Santos por ocho años y, posteriormente, Uribe logró emberracar al país con el acuerdo con las FARC y el plebiscito, abriendo el camino para que Iván Duque fuera presidente. Precisamente esa mala jugada de Uribe permitió que, por primera vez en la historia, la izquierda extrema de este país, en manos de un exguerrillero, llegara a la Casa de Nariño.

Ver a Petro en sus alocuciones, en un país normal, produciría estupor e indignación. En Colombia produce risas, y para sus seguidores es la muestra de que Petro es su dios en la tierra: todo lo que dice tiene validez y los representa plenamente, aunque mucho de lo que dice resulte ser mentira o una enorme estupidez.

Por el otro lado aparece un showman, con público en el resentimiento y el asco que produce Petro y la izquierda. Sin importar a quién ha defendido —siendo quizá el abogado más cuestionado del país—, aparece como segundo opcionado para llegar a la Casa de Nariño. Solo que, en una eventual segunda vuelta con Cepeda, el país terminaría eligiendo al petrista que lee discursos y repite siempre lo mismo: Uribe y los falsos positivos, como próximo presidente.

¿Y qué tal si, en lugar de reelegir la “paz total”, el odio de clases, la inseguridad que vivimos, el robo en la UNGRD, a Benedetti en el poder, el daño al sistema de salud y el intento de imponer una nueva constituyente en manos de Iván Cepeda, o de elegir al abogado de DMG y de Alex Saab, el showman llamado “el Tigre”, nos damos como país la oportunidad de elegir, por primera vez, la decencia basada en méritos y no en el show?

¿Qué tal si buscamos un candidato con experiencia ejecutiva local exitosa, enfoque en educación, formación técnica, imagen de transparencia y un liderazgo moderado e institucional? Que eso esté demostrado porque ya lo hizo. Una persona con formación académica sólida, con doctorado, amplia trayectoria como profesor universitario y un perfil técnico que priorice el análisis y la evidencia en la toma de decisiones. Con experiencia ejecutiva comprobada, que haya tenido responsabilidad directa sobre presupuestos, equipos grandes y políticas públicas.

Una persona que haya logrado resultados reconocidos en educación: inversión fuerte en educación pública, infraestructura educativa en zonas vulnerables, programas de ciencia, tecnología y cultura. Alguien que haya posicionado la educación como eje de transformación social, que haya mejorado indicadores urbanos y sociales, que haya recuperado el espacio público y desarrollado un verdadero urbanismo social.

Colombia necesita a alguien que haya liderado un territorio y logrado reducir la violencia en varios sectores de una ciudad; alguien que transmita una imagen de transparencia, que haya construido una reputación de distancia frente a los escándalos de corrupción, con un discurso consistente en legalidad, ética pública y manejo responsable de los recursos.

Un perfil independiente y moderado, que no provenga de maquinarias políticas tradicionales, que no esté respaldado por Armando Benedetti ni Roy Barreras, y que tenga la capacidad de conversar con distintos sectores políticos y sociales. Alguien que enfatice el respeto institucional y el debate técnico, algo que en este país se ha ido perdiendo desde las épocas de Uribe y “la mechuda”, y que hoy se ha vuelto costumbre con un presidente que, cada vez que se toma unos tragos —y quién sabe qué más—, se le suelta la lengua y empieza a recitar discursos dignos del que juega billar en la ocho.

¿Y si elegimos bien esta vez? ¿Y si usamos la sensatez en lugar de la emocionalidad?

Colombia necesita un presidente que decida; que cuide la vida, pero que también haga respetar la ley. Que crea en la educación, sí, pero también en la autoridad del Estado. Aquí no puede mandar el miedo ni las armas ilegales. Un presidente capaz de enfrentar a los violentos con toda la fuerza legítima de la ley y, al mismo tiempo, de abrir oportunidades reales para que nuestros jóvenes tengan trabajo y no promesas.

Un presidente comprometido con que haya orden para que haya progreso, y progreso para que haya paz. Sin corrupción. Sin improvisación. Sin extremos.  Usted sabrá quién es, y en la tercera esperamos sea la vencida. Estoy seguro de que es la mejor opción, lejos de los extremos y de todo lo que nos ha tocado vivir en este país de locos.

Va a suceder otra vez, de nuevo al borde del abismo

Un candidato que lee todos sus discursos, que rehúye los debates y que evita las entrevistas no está preparado para gobernar un país. Está preparado, a lo sumo, para repetir un libreto. Ese es hoy el rostro del candidato que la izquierda pretende llevar al escenario presidencial: Iván Cepeda.

Cepeda es un senador de larga trayectoria legislativa, pero su carrera política carece de un elemento esencial para aspirar a la Presidencia: experiencia ejecutiva. Nunca ha administrado un presupuesto, nunca ha dirigido una entidad pública, nunca ha enfrentado una crisis de gobierno ni ha tenido que rendir cuentas por resultados. Gobernar un país no es litigar, ni denunciar, ni señalar culpables: es tomar decisiones complejas con consecuencias reales, algo para lo que Cepeda no ha demostrado preparación.

Su capital político se ha construido casi exclusivamente desde la confrontación. Su mayor logro —haber contribuido a la condena en primera instancia de Álvaro Uribe Vélez— es presentado como prueba de liderazgo, cuando en realidad evidencia una agenda política anclada en el pasado. Cepeda no ofrece una visión de país hacia adelante; ofrece una narrativa permanente contra un adversario. Un proyecto presidencial no puede sostenerse indefinidamente sobre un antagonista.

Cepeda fue negociador del Acuerdo de La Habana y ha sido ideológicamente cercano a las FARC como actor político. Ese hecho no es menor ni anecdótico. En un país que aún lidia con disidencias armadas, narcotráfico y control territorial ilegal, su ambigüedad frente a los crímenes históricos de la guerrilla genera desconfianza legítima. No basta con hablar de paz; se requiere una política de seguridad creíble, algo que la izquierda no ha logrado articular ni en el discurso ni en la práctica reciente.

El uso constante de los 6.402 falsos positivos como consigna política tampoco resuelve el problema de fondo: Colombia necesita justicia, sí, pero también necesita instituciones funcionales, Fuerzas Armadas operativas y control efectivo del territorio. Reducir la política de seguridad a una acusación permanente es irresponsable cuando los indicadores actuales muestran deterioro en orden público, expansión de grupos armados y pérdida de autoridad del Estado. La llamada “paz total” no solo fracasó: agravó el problema al enviar señales de debilidad frente al crimen organizado.

En el extremo opuesto aparece otra respuesta igualmente peligrosa: el outsider indignado, que capitaliza el rechazo a Petro y a la izquierda sin ofrecer una estructura de gobierno sólida. Allí surge Abelardo de la Espriella, un abogado mediático cuya propuesta política se sostiene más en el enfrentamiento verbal que en un programa serio de Estado.

De la Espriella no es un improvisado cualquiera: ha defendido a políticos investigados por corrupción y a personas vinculadas con estructuras paramilitares. Eso no lo descalifica jurídicamente, pero sí plantea una contradicción política cuando se presenta como adalid moral. Su discurso duro, confrontacional y sin filtros puede ser eficaz en redes sociales, pero la Presidencia no se gobierna con arengas ni con enemigos imaginarios. El Estado requiere cabeza fría, institucionalidad y capacidad de construir consensos, no solo aplausos momentáneos.

Ambos extremos comparten un problema estructural: se alimentan del odio. Uno desde la narrativa de la lucha de clases y la victimización permanente; el otro desde la indignación furiosa y el rechazo visceral. Ninguno ofrece una respuesta seria a los desafíos reales del país: crecimiento económico estancado, inseguridad desbordada, crisis fiscal, pérdida de confianza inversionista y deterioro institucional.

Colombia ya vivió este experimento. En 2022 el país fue llevado a elegir entre dos malos candidatos. El resultado fue un gobierno que prometió cambio y entregó improvisación, contradicciones y alianzas con las mismas prácticas que decía combatir. El “otro” candidato, presentado como alternativa, terminó siendo una caricatura anticorrupción con antecedentes judiciales. El espectáculo venció al proyecto.

Hoy el país se acerca peligrosamente al mismo abismo: dogma ideológico de un lado, show político del otro. Así empezó Venezuela: polarización extrema, liderazgos emocionales, desprecio por la técnica y sustitución del debate por el relato. Las consecuencias no fueron inmediatas, pero fueron devastadoras. Colombia todavía está a tiempo. Pero para eso necesita algo que hoy escasea: candidatos con capacidad real de gobernar, no solo de gritar, señalar o recitar libretos.

Fajardo: ¿está Colombia lista para un presidente decente?

Llega un nuevo año y las elecciones presidenciales ya asoman en el horizonte. Están más cerca de lo que pensamos. Parecían eternos estos cuatro años de Gustavo Petro, pero justo cuando su gobierno entra en la recta final, sus medidas populistas saltan a la vista con mayor claridad. Petro es, ante todo, un presidente en permanente campaña, más cómodo en la plaza pública que en la gestión. Así actúa buena parte de la izquierda latinoamericana: lo saben bien Caicedo y otros tantos políticos de esta corriente. El libreto no es nuevo: lo enseñó Chávez, lo heredó el caído Maduro y lo aplica Ortega en Nicaragua. El modus operandi es el mismo.

Este año, Colombia tiene la oportunidad de elegir a una persona lejos de los extremos, alguien capaz de recuperar el rumbo de un país que hoy se vive y se piensa con el hígado. Un país atrapado entre la derecha de Uribe y la izquierda de Petro —bonito futuro—, sarcasmo aparte. Y, sin embargo, muchos colombianos parecen antojados de cuatro años más de populismo de izquierda: un gobierno que no ejecuta, que es mal gerente, pero que logra conectar con una parte del electorado, especialmente con quienes compran el relato del “vivir sabroso” o con una base social profundamente desinformada.

En medio de estos días marcados por guerras verbales entre políticos exaltados que gobiernan países, hubo una voz sensata que pidió cordura y explicó cómo bajar la temperatura del debate. Esa voz pertenece a quien, por resultados y trayectoria, merece ser considerado seriamente para dirigir a Colombia: Sergio Fajardo.

Fajardo suele ser reconocido como uno de los mejores alcaldes y gobernadores que ha tenido el país, no por consigna, sino por hechos. Fue alcalde de Medellín en 2004, y su administración marcó un antes y un después para una ciudad golpeada por décadas de violencia, exclusión y estigmatización. Su lema fue claro y coherente: “Medellín, la más educada”. Mejoró la infraestructura educativa, fortaleció la educación pública y superior, y apostó por la educación como herramienta central para enfrentar la violencia, más allá de la respuesta policial.

Medellín dejó de ser reconocida únicamente por Pablo Escobar y pasó a ser ejemplo internacional de innovación urbana y transformación social. Ese cambio de narrativa tuvo efectos reales en turismo, inversión y autoestima ciudadana.

Como gobernador de Antioquia en 2012, llevó ese mismo modelo a un territorio mucho más amplio y complejo. Replicó su obsesión por la educación a nivel departamental, invirtió decididamente en infraestructura educativa en municipios rurales históricamente olvidados y mantuvo un gobierno serio, sin escándalos personales ni excesos. Redujo prácticas clientelistas profundamente arraigadas y fortaleció el liderazgo económico y social del departamento, con énfasis en educación, infraestructura y orden institucional.

La gran pregunta hoy no es si Fajardo sabe gobernar —eso ya lo demostró—, sino si su estilo moderado, técnico y decente puede funcionar en una Presidencia atravesada por la polarización, la inseguridad y una crisis institucional evidente. Vivimos en un mundo marcado por la exaltación del ruido, la mentira y el espectáculo, donde algunos ven en líderes mitómanos y autoritarios modelos a seguir.

Fajardo, en contraste, ha sido claro en materia de seguridad y orden público: el país necesita recuperar el control territorial. Ha cuestionado el llamado “perdón social” para ciertos delitos y ha afirmado que desde las cárceles no se llega a la Presidencia, en alusión directa a debates actuales sobre justicia y paz.

En un país donde la corrupción ha atravesado gobiernos de izquierda, derecha y centro, un presidente éticamente creíble ya marca una diferencia sustancial. Su apuesta por la educación no fue discurso: fue política pública con presupuesto, obras y resultados. Un presidente que piense a 10 o 20 años, y no solo en el próximo titular, es algo que Colombia necesita con urgencia. Hoy, ese perfil es un activo enorme. El país requiere orden institucional, no caudillos.

Fajardo no es un animal político tradicional, y eso puede jugarle en contra. Su estilo calmado y pedagógico contrasta con la política del grito y la confrontación permanente. Petro, en cambio, llegó al poder aliado con figuras como Armando Benedetti y Roy Barreras, demostrando que el pragmatismo sin escrúpulos también gana elecciones.

Sergio Fajardo no es un salvador, pero sí un buen administrador del Estado, un líder ético y serio, y una alternativa real al populismo de derecha e izquierda. La verdadera pregunta no es si él está listo para gobernar, sino si Colombia está preparada para elegir a un presidente decente, sin gritos ni enemigos inventados, en lugar de uno que prometa soluciones mágicas mientras el país se le desordena entre las manos.

El voto útil es el más inútil

El voto útil es una estrategia en la que el elector no vota por su candidato o partido favorito, sino por el que tiene más posibilidades reales de ganar o de evitar que triunfe alguien que no desea. Hoy, los colombianos están pensando: “Mi candidato ideal no tiene opción de ganar, así que voto por el que puede frenar al que menos me gusta”. Con un ramillete de más de 80 precandidatos, en un país donde se volvió profesión ser candidato presidencial —aun sabiendo que no se tiene una opción real—, todo parece derivar de la sorpresa que dio un desconocido Iván Duque, quien fue puesto en la presidencia por Álvaro Uribe, el expresidente que ha tenido injerencia en las elecciones desde el año 2002.

En este momento puntea en las encuestas un escenario de dos extremos malísimos para el país. Por un lado, el candidato del gobierno, al que parece no pasarle factura lo deficiente que ha sido la gestión de Petro y su desaprobación de más del 60%. Sin embargo, esa cohesión y coherencia en la izquierda mantiene a Iván Cepeda puntero, con más del 30% para la primera vuelta. Coincido con Héctor Abad, quien en su más reciente columna afirmaba que el país no necesita un "Pacto Histórico 2". En vez de la "paz total", los homicidios y la inseguridad han aumentado. En lugar de educación para todos, las principales universidades públicas están en quiebra. El sistema de salud está mucho peor que hace cuatro años. La deuda pública y las pensiones están en cuidados intensivos. La corrupción aumentó y solo cambió de manos, como si la consigna hubiera sido: “Ya ellos robaron bastante; ahora nos toca a nosotros”.

Del otro lado está el abogado de la mafia, el abogado de Alex Saab (el testaferro de Maduro), quien ha logrado recorrer el país y aglutinar el sentimiento en contra de Petro, pero quien genera más miedos que certezas. Alguien que destripaba gatos, hablaba del "potágeno carcelario" que es el ajiaco y que hoy quiere lucir como el redentor y próximo presidente del país. En este punto, ninguna de las opciones parece la adecuada para Colombia. Aquí es donde aparece el "voto útil" de la gente que, al ver la posibilidad de que gane De la Espriella, opta por lo conocido, aunque sea un camino que incluya llamados a constituyentes para reformar la Constitución, tal como lo hiciera Hugo Chávez en Venezuela en 1999. La izquierda de este país es tan cambiante cuando está en el poder que sabe que lo mejor es no perderlo, porque dejarían de "vivir sabroso", incluyendo a los actores armados que han sabido aprovechar el gobierno de Petro.

Uribe, por su parte, quiere seguir vigente y ha logrado colocar a su pupila en la consulta de los que ni siquiera marcan el margen de error en las encuestas. Le apuesta a doble banda: a Paloma como la moderada y a Abelardo como el extremo. El voto útil para los que le tienen miedo a Petro es el de Uribe; y para los que están asqueados de Uribe, es Iván Cepeda, un candidato que se perfila peor que el actual presidente, amigo de la guerrilla comprobado y apoyado por los "gestores de paz" que Petro ha sacado de las cárceles.

En este escenario, pareciera que el voto útil es el más inútil: seguir con dos cánceres en este país. Uno que toma fuerza y parece caminar derecho a cuatro años más de gobierno —lo cual sería catastrófico—, y otro que se ha comido al Estado en las últimas décadas: el uribismo. Es momento de pensar con cabeza fría y certeza; conocer quién ha gobernado con decencia y quién merece estar los próximos cuatro años al mando de la reconstrucción de todo el daño que ha hecho el petrismo en cuatro años y lo que hizo el uribismo en veinte. Ese personaje se llama Sergio Fajardo. A él deberíamos apostarle como nueva mayoría para romper la polarización y pasar la página de la lucha de clases que Petro ha instaurado con corrupción a bordo (incluyendo a su círculo cercano, con unos presos y otros huyendo y "viviendo sabroso" en la embajada de Nicaragua). El petrismo es el nuevo uribismo, y el voto útil no debe apegarse a ninguno de los dos extremos.

Perlas:

• Ya son más de 211 mil lecturas a 810 entradas en mi blog. ¡Un millón de gracias a todos los que se toman un rato de su tiempo para leer mi visión de país y de mundo.

¿Mínimo para quién?

Aproximadamente 2,4 millones de trabajadores colombianos reciben un ingreso igual al salario mínimo legal vigente (SMLV), lo que equivale a cerca del 10 % de la población ocupada en el país. Durante este periodo, el total de personas ocupadas rondó los 23,7 millones. Una proporción significativa —casi el 48 % (unos 11,4 millones)— gana menos del mínimo, lo que evidencia una profunda precariedad laboral y alta informalidad. El resto, alrededor del 42 %, percibe más de un salario mínimo.

Bajo este panorama, el aumento del SMLV en Colombia no debe ser arbitrario: depende de la inflación, la productividad, la negociación social y la salud de la economía, con miras a proteger al trabajador sin generar un choque negativo para el empleo o los precios. En nuestro país, el salario mínimo no solo afecta a quienes lo ganan; funciona como una referencia estructural para valores del Estado, del mercado y de la vida cotidiana. Cuando sube, el impacto es sistémico: aumenta costos, ajusta tarifas, impacta precios y modifica subsidios.

Del salario mínimo dependen, por ejemplo, el auxilio de transporte, las multas y los comparendos. Al ser la base mínima de cotización, su incremento eleva automáticamente los aportes a salud, pensión, riesgos laborales (ARL) y cajas de compensación. Esto afecta por igual a empleados, independientes y empresas. Incluso trámites notariales, judiciales y matrículas en instituciones educativas privadas suelen estar atados a esta cifra o a la inflación que esta genera. Este Gobierno, a fuerza de repetir mentiras, termina haciéndole creer a la gente que un salario mínimo desmedidamente alto es posible sin afectar la vida de todos los colombianos. Es paradójico: de un salario que solo devenga el 10 % de la fuerza laboral, se termina afectando al 100 % de la población. Con una desproporción evidente y el discurso demagogo del "líder interplanetario", el resultado es una verdadera bomba de tiempo.

Economistas advierten que aumentos demasiado altos, sin respaldo en la productividad, incentivan la informalidad y presionan la inflación. En época electoral, resulta cómodo el populismo de izquierda, especialmente con un candidato de Gobierno que puntea en las encuestas frente a opositores que no marcan tendencia ni tienen agenda de país —a excepción del profesor Sergio Fajardo, a quien aún no vemos despegar en los sondeos

Vivir sabroso entre bandidos: La herencia de un cambio que no llegó

Época de reflexión y de análisis del año que terminó, época para analizar también los más de tres años de gobierno de Gustavo Petro en la presidencia y los tres años de una oposición desordenada y sin rumbo. El país no va bien, pero eso parece no sentirlo el ciudadano de a pie, antojado de seguir cuatro años bajo un gobierno de izquierda, modelado en la figura de Iván Cepeda, famoso por ser el que hizo que Álvaro Uribe fuera a la cárcel aunque nadie lo creyera. Álvaro Uribe ha sido un personaje oscuro y con muchas tachas en su vida pública; la mayoría de sus colaboradores terminaron en la cárcel, y el 30% del Congreso, cuando fue presidente, fue condenado por paramilitarismo en una época en la que se aplaudía a Salvatore Mancuso en el atril del Congreso, y en la que el mismo Uribe decía que los congresistas debían seguir votando sus proyectos mientras no estuvieran en la cárcel.

Hoy, en el gobierno de Gustavo Petro, la situación no parece ser diferente. Petro tiene colaboradores muy cercanos en la cárcel por escándalos de corrupción; los últimos en caer, los exministros Bonilla y Velasco, dos personajes que se la jugaron por Petro para pasar proyectos en el Congreso, con tan mala suerte que los cogieron con las manos en la masa y los enviaron a la cárcel mientras se viene su juicio. En campaña, Petro decía que su gobierno en tres meses firmaría la paz con el ELN; la situación hoy, tres años después, es que el ELN parece fortalecido, producto de un proceso de paz que lleva el senador y candidato de la izquierda Iván Cepeda, paseando por el mundo, dialogando con estos bandidos que son capaces de paralizar el país ante la mirada impávida de un ejército desmoralizado, cuyo jefe es hoy un exguerrillero y quien ha tratado por todos los medios de darle más y más prebendas a los bandidos de este país, a ver si le cogen la mano para firmar un acuerdo de paz, algo que muy seguramente no va a ocurrir antes del 7 de agosto de 2026, fecha en la que finalizará el periodo de un gobierno que nunca cumplió con sus tiempos. Un gobierno que no ejecuta y que busca más y más recursos para seguir engrosando la pesada nómina estatal con la que sostiene una alta burocracia para armar un ejército de votantes que sean capaces de seguir montando presidentes de la izquierda.

Que la derecha, que la izquierda... este país tan radicalizado y maltrecho por un modelo de gobierno en el que los paramilitares mandaron y otro modelo en el que mandan todos los bandidos, incluyendo paramilitares como el Clan del Golfo, los Pepes y las disidencias de las FARC y el ELN; un verdadero tutifruti que antoja a la misma izquierda para seguir en el poder "viviendo sabroso", pero que como todo modelo de gobierno radical no promete un verdadero beneficio para el país. Y es que en Colombia parece que cambiamos de collar pero el perro sigue siendo el mismo, un animal rabioso que muerde siempre al que trabaja. Petro, que se subió al atril con el dedo levantado señalando la podredumbre ajena, hoy se rodea de una burocracia ciega que solo sabe pedir más impuestos y más reformas, inventándose emergencias económicas para meterle la mano al bolsillo a una clase media que ya no aguanta un 5 x mil ni una subida más de la gasolina para financiar una política que no se ve en las calles.

Ahí está la clave del juego: ese ejército de votantes que están armando con la nómina estatal para que el modelo de izquierda con Iván Cepeda se perpetúe, vendiéndonos una falsa paz total de papel mientras el ELN se burla del país en cada mesa de diálogo y los bandidos pasean por el mundo con gastos pagados por el Estado. Colombia está hoy en ese limbo peligroso donde el radicalismo de Petro nos quiere llevar a un abismo de estatismo, mientras la derecha no atina a dar pie con bola, dejando el camino libre para que en el 2026 nos vuelvan a recetar otros cuatro años de este experimento fallido. ¡Ay, Dios! Salva a tu Colombia y aléjanos de los extremos que mandan en las encuestas, personajes que nos seguirán llevando al radicalismo, golpeando el bolsillo de la clase media con medidas desesperadas. Con Benedetti al mando y los de siempre moviendo las piezas en la oscuridad, cualquier cosa puede salir mal para el futuro de nuestra patria.

Caicedo al rescate de las FARC: El salvavidas naranja de un partido moribundo

El acuerdo de paz firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos puso fin a más de cinco décadas de confrontación entre la guerrilla de las FARC y el Estado. Este polémico pacto incluía, entre otros puntos, que los excombatientes tuvieran personería jurídica y representación directa en el Congreso durante dos periodos legislativos, con cinco senadores y cinco representantes a la Cámara. En 2018 y 2022, presentaron listas sin el respaldo popular en las urnas; aun así, ocuparon sus curules y han funcionado como votos favorables para el actual gobierno de Gustavo Petro.

En su primera participación electoral, el partido FARC obtuvo en el Senado aproximadamente 52.532 votos (0,34 % del total) y en la Cámara, 32.636 (0,21 %), sumando cerca de 85.000 votos en 2018. Estos resultados fueron insuficientes para alcanzar escaños por votación ordinaria, pero el acuerdo les garantizó diez curules automáticas. En 2022, ya bajo el nombre de Comunes, el respaldo fue aún menor: el Senado registró 31.116 votos y la Cámara 21.182, para un total de 52.000 sufragios —casi la mitad de lo obtenido cuatro años atrás—. Pese al desplome, mantuvieron su presencia en el Capitolio para el periodo 2022-2026.

En este escenario aparece Carlos Caicedo, quizás el político más hábil que ha parido el Magdalena, pero también el más polémico. Caicedo, quien parece lanzarse a la presidencia cada cuatro años, sufrió recientemente la pérdida de la personería jurídica de su partido Fuerza Ciudadana por decisión del Consejo Nacional Electoral. Ante esto, parece haber decidido "secuestrar" al partido Comunes. Con su característico color naranja chillón, ha sido capaz de convocar a los antiguos mandos de las FARC para pactar candidaturas en cuerpo ajeno. Incluso ha logrado cambiarle el "color" a Sandra Ramírez, viuda de alias "Tirofijo", quien hoy cuestiona la realidad del país olvidando que las atrocidades actuales son un espejo de lo que su guerrilla realizó durante décadas.

Caicedo sale al rescate de un partido que, de no conseguir un senador en las próximas elecciones, perdería su personería jurídica. Se trata de una colectividad condenada a la desaparición que ahora se alía con Petro y con políticos condenados por paramilitarismo, como Rodrigo Roncallo. Es un ajedrez político difícil de entender para el ciudadano de a pie, aquel que debe bregar a diario mientras Caicedo maniobra para atornillarse al mando del Magdalena. De eso se nutre el "Kaiser": un líder que parece imbatible en su feudo, pero que carece de fuerza en el resto del país; al menos hasta que obliga a sus contratistas a viajar por Colombia para hacer política y "evangelizar", intentando vender la imagen de un Carlos renovado y operado.  Así, Caicedo pacta con Timochenko para formar una coalición que logró colocar a Margarita Guerra en la Gobernación del Magdalena. Mientras tanto, finge una ruptura con Petro frente a las cámaras, al tiempo que asegura a su hermana como futura senadora en las listas del llamado pacto histórico.