La carretera que conecta a Barranquilla y Santa Marta cubre una distancia de aproximadamente 95 kilómetros y se ha convertido, hoy día, en una lotería que nadie quiere ganarse. Todo por culpa de los bloqueos y los retenes ilegales que la comunidad realiza a lo largo de este recorrido.
Desde el corregimiento de Palermo hasta el puente del río Córdoba, la vía lleva consigo peligros evidentes. El tramo se ha vuelto infame por los retenes de habitantes de Tasajera, quienes, encapuchados, exigen dinero para permitir el paso de vehículos, actuando bajo su propia conveniencia y ante la mirada perdida de las autoridades, que poco o nada hacen por restablecer el orden público.
Bien dice el dicho que hay más pobres que ricos. Y los políticos, a sabiendas de esta realidad, logran llevar a las comunidades a las urnas con tamales, pasteles, camisetas, tejas, bolsas de cemento, o quizás con obras de cartón mal hechas que saben cómo vender. O, peor aún, con el falso discurso de cambio que usan para empoderar a aquellos a quienes les gusta bloquear vías.
En ese sentido, estos mismos políticos alimentan falsas esperanzas con promesas que nunca cumplen, lo que condena a estas comunidades a seguir marginadas y a aparecer ante el mundo como "miserables" el día que deciden cerrar la carretera para exigir lo que el Estado les ha negado históricamente.
En la actualidad, se ha vuelto un comentario habitual que el viaje de Barranquilla a Santa Marta no tiene hora de llegada. No estamos exentos de encontrarnos un retén ilegal en Tasajera, un bloqueo en Palermo porque se dañó el transformador, o, peor aún, una protesta llegando a Santa Marta, en el sector de Cordobita, porque los transportadores sienten que las fotomultas les están afectando el bolsillo.
Han pasado gobiernos de derecha y de izquierda —como lo refleja el debate actual en Colombia—, y la problemática solo ha empeorado. En los últimos meses, bajo los gobiernos del llamado "Cambio", los bloqueos son constantes y la situación parece salirse de control a un punto de no retorno. Los habitantes de Tasajera hacen fiesta y retenes para pedir plata, llegando a partir vidrios o amenazar con cuchillos a quienes se niegan a pagar. Mientras tanto, las autoridades son permisivas y solo parecen vigilar la vía para hacer retenes de rutina y ver a quién encuentran con el extintor vencido.
En esos 95 kilómetros de carretera, en ocasiones se pueden ver hasta cinco retenes de la Policía de Tránsito y algunos agentes de la gobernación. Sin embargo, su vigilancia se enfoca en revisar el extintor y uno que otro documento, dejando mucho que desear. Cuando los habitantes que nacen con el "chip de bloqueo" deciden recurrir a las vías de hecho y cerrar la carretera, a estos policías "ciegos" ante el desorden y la desfachatez de quienes protestan por falta de agua o energía (servicios que a menudo ni siquiera pagan), no hacen mucho, por no decir que no hacen absolutamente nada.
El impacto de cargar con el "bulto" de esta famosa "vía del bloqueo" lo sufrimos todos:
Retrasos en tiempos de transporte de carga y pasajeros.
Aumento de costos operativos (combustible, horas del conductor, logística).
Afectación económica para productores, comercio y turismo al no cumplirse cronogramas.
Riesgo para la seguridad vial al intentar evadir bloqueos o usar vías alternas no preparadas.
Costos sociales por pérdida de días laborales e incomodidad para comunidades que dependen de la vía para servicios esenciales.
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