Entre dos malos candidatos, cuando la emoción reemplaza a la razón

Las recientes encuestas en la carrera presidencial siguen mostrando en la punta al senador Iván Cepeda, quien no se cansa de llenar plazas públicas con un discurso repetido en el que siempre menciona a Álvaro Uribe Vélez y los falsos positivos; un discurso que cala y que lleva al país a pensar más con el hígado que con la razón.

Lejos, en segundo lugar, aparece un outsider: un abogado muy cuestionado que, con su discurso de extrema derecha, atrae votos en cantidad entre quienes sienten que Petro y la izquierda son lo peor que le ha pasado al país.

Lastimosamente, la oposición política al gobierno de Petro no ha sabido capitalizar todo lo negativo que ha ocurrido durante esta administración. La corrupción que rodea al presidente y a su círculo cercano, con escándalos como el de la UNGRD, así como numerosas controversias y casos de presunta mala gestión dentro del gobierno y la contratación pública, han marcado el periodo. Los medios han contado más de veinte escándalos que han golpeado a la administración.

La política de “Paz Total” ha sido señalada por sus críticos como un fracaso, y esto —según esa visión— ha permitido que organizaciones criminales y narcotraficantes ganen terreno en distintas regiones del país, generando una sensación de inseguridad comparable a la de los años noventa. La ONU ha emitido alertas por el aumento de la violencia y las vulneraciones de derechos humanos en zonas rurales, reportando desplazamientos y acciones de grupos armados. Esto ha alimentado el debate sobre los resultados reales de la política de paz.

Sin embargo, el país —o al menos la opinión pública que reflejan las encuestas— sigue inclinándose por los extremos. Hoy parece imponerse el extremo que gobierna, con una nómina estatal robusta y cuestionamientos por contrataciones aceleradas antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías.

Colombia lleva años atrapada en una dinámica de “antiuribismo vs. antipetrismo”. Cuando la sociedad se polariza, el centro pierde fuerza; los discursos moderados se perciben como tibios. Las encuestas iniciales suelen medir quién activa más emociones, no necesariamente quién es más viable electoralmente.

Los candidatos de los extremos hablan en términos más directos y señalan enemigos claros. El país parece moverse entre Uribe y Petro, con un claro ganador en este momento: el senador Iván Cepeda. El centro, por su parte, suele proponer reformas técnicas, consensos y gradualidad, pero eso no genera la misma pasión. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella representan posiciones fuertes en extremos ideológicos distintos. Son figuras altamente ideologizadas que podrían terminar gobernando principalmente para su base. Tendrían dificultades para construir consensos en el Congreso —como ya lo ha evidenciado el actual gobierno—, lo que aumentaría la confrontación política.

Dos malos candidatos, en el caso de Cepeda, su trayectoria ha sido principalmente legislativa, no ejecutiva. En el caso de De la Espriella, su perfil ha sido más jurídico y mediático que de gestión pública. En un país dividido, eso genera temor en votantes moderados. 

Es importante recordar que aún estamos lejos de las elecciones. Muchas personas no han tomado una decisión definitiva. El centro suele fragmentarse al inicio y consolidarse después. En elecciones pasadas ocurrió algo similar: al comienzo puntean figuras fuertes, pero el escenario cambia cuando se definen alianzas.  Aún queda espacio y tiempo para que emerja una figura distinta que una al país en lugar de seguir fragmentándolo. Estos dos malos candidatos no deparan nada bueno para Colombia.

Diplomas irregulares y millones públicos

El escándalo que rodea a la Fundación Universitaria San José parece no tener fin. Una institución que alcanzó notoriedad nacional tras otorgarle un título profesional a la consentida del petrismo, Juliana Guerrero, en medio de serios cuestionamientos sobre la legalidad de dicho diploma. Títulos que, por demás, no han derivado en un proceso sancionatorio serio ni ejemplar por parte del Ministerio de Educación, pese a la gravedad de los hechos.

La Fundación fue señalada por entregar un título profesional sin que la beneficiaria cumpliera los requisitos académicos legales, entre ellos la presentación del examen Saber Pro, obligación indispensable para graduarse en Colombia. La congresista Catherine Juvinao ha ido más allá y ha denunciado que la Fundación Universitaria San José habría expedido títulos con irregularidades a cientos de personas, principalmente funcionarios y contratistas del Gobierno nacional, lo que configura un patrón preocupante y no un hecho aislado.

Pero el problema no se limita al ámbito académico. También existen denuncias graves sobre la gestión de recursos públicos. La Fundación ha sido señalada por presuntos sobrecostos en contratos con la Gobernación del Magdalena, particularmente en la adquisición de kits escolares cuyo valor declarado estaría muy por encima de los precios del mercado. La expedición acelerada y presuntamente irregular de títulos ha llevado a que, en distintos medios, se refieran a la institución como una verdadera “fábrica de diplomas”: una percepción que no surge del capricho, sino de la reiteración de prácticas que ignoran los estándares exigidos a cualquier universidad seria.

En 2021, durante la administración de Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, se adjudicó a la Fundación Universitaria San José un contrato por aproximadamente $12.571 millones. El proceso correspondió a la licitación pública LP-005-2021, cuyo objeto era apoyar a la Secretaría de Educación en un programa de alfabetización para población vulnerable en municipios como Aracataca, Plato, El Banco y Remolino. Sin embargo, entre los criterios de evaluación se incluyó la posibilidad de otorgar puntaje adicional a los proponentes que ofrecieran formación en dos idiomas —incluido japonés— con entidad certificada, además del inglés. Aunque la enseñanza de japonés no era obligatoria, sí representaba una ventaja competitiva en la evaluación, una decisión ampliamente criticada por su desconexión con la realidad del programa, dirigido a personas en proceso de alfabetización básica, cuya necesidad principal es aprender a leer y escribir en español. La inclusión de requisitos de este tipo puede ser defendible en otros contextos, pero aplicada aquí levanta serias dudas sobre la pertinencia técnica y social de los criterios utilizados. En el Magdalena, enseñar japonés antes de enseñar a leer bien en español no es progreso: es una distorsión de prioridades. Y cuando esa distorsión aparece dentro de un contrato millonario, la pregunta deja de ser pedagógica y pasa a ser política y ética.

La polémica se agravó en 2025, cuando se denunció un nuevo contrato adjudicado a la Fundación Universitaria San José por aproximadamente $13.609 millones, nuevamente para un programa de alfabetización que incluía la compra de kits escolares con presuntos sobrecostos escandalosos. Según las denuncias, cada kit habría sido facturado en alrededor de $310.000. No obstante, una cotización realizada por la congresista Catherine Juvinao en una papelería común arrojó que los mismos elementos —cuadernos, lápices, borradores, colores, reglas y sacapuntas— costaban cerca de $30.500. La diferencia es abrumadora: un sobrecosto cercano al 900%, es decir, casi $280.000 adicionales por cada kit.

A esto se suma otro dato inquietante: la Universidad Cooperativa de Colombia presentó una propuesta para ese mismo contrato por aproximadamente $7.874 millones, es decir, $5.700 millones menos que la oferta ganadora. Aun así, la adjudicación recayó en la opción más costosa, una decisión que siembra serias dudas sobre la transparencia, la racionalidad y la eficiencia del proceso de selección.

En un departamento donde miles de ciudadanos aún no dominan la lectura y la escritura en su propio idioma, introducir el japonés como criterio diferenciador en un programa de alfabetización no es innovación ni visión de futuro: es una señal de desconexión profunda con la realidad social. Cuando esa desconexión coincide con contratos millonarios, sobrecostos evidentes y un silencio institucional persistente, la discusión deja de ser educativa y se convierte en un asunto de responsabilidad pública. La Gobernación del Magdalena le debe al país algo más que explicaciones técnicas: le debe coherencia, prioridades claras y respeto por los recursos y la dignidad de quienes aún esperan lo básico.

Iván Cepeda y el poder del discurso vacío

Iván Cepeda, señalado como el candidato de Gustavo Petro para sucederlo, se ha convertido en una figura mediática y, en ocasiones, abiertamente victimizada. Su discurso se sostiene sobre una estrategia clara: la repetición temática. Cepeda vuelve una y otra vez sobre Álvaro Uribe y los falsos positivos, con poco contenido nuevo y con la persistente sensación de un relato circular alrededor de quien pasó de ser el hombre más amado del país al más odiado.

La memoria histórica es necesaria, pero cuando no se traduce en un proyecto de futuro, se convierte en repetición estéril. Un país no puede vivir únicamente del recuerdo de sus tragedias; necesita convertirlas en aprendizaje institucional y en acción concreta. Cepeda es más denuncia que propuesta. Sus discursos —siempre leídos— se concentran en la acusación moral y ofrecen escasa explicación sobre cómo evitar que los hechos se repitan, qué políticas públicas concretas los reemplazan o cómo estas se traducen hoy en mejoras reales. Así, su discurso termina siendo retórico, no operativo.

En las plazas públicas donde ha hecho política bajo la disciplina del gobierno —con buses repletos de asistentes— Cepeda apela de forma sistemática al pasado, no al futuro. Se centra en hechos históricos legítimos, pero ampliamente conocidos. De su parte hay poco relato sobre economía, empleo, productividad o la cada vez más degradada seguridad actual. Su discurso funciona para la base dura del petrismo, ese 30% fiel, pero no para convencer a nuevos sectores. Refuerza a quienes ya están de acuerdo, no dialoga con el contradictor y no amplía audiencia. Es un discurso identitario, no persuasivo.

Además, su narrativa carece de complejidad. Reduce fenómenos estructurales a esquemas simplistas: buenos contra malos, víctimas contra responsables. La lucha de clases y el lenguaje del resentimiento exasperan, pero resultan funcionales electoralmente en un país donde hay más pobres que ricos y donde el gobierno ha sabido conectar con las bases mediante subsidios, promesas de salarios mínimos inflados y la idea difusa de “vivir sabroso”. Todo esto moviliza emocionalmente, pero empobrece el debate público.  Un liderazgo que se define por su antagonista termina vacío de identidad propia. Cuando un proyecto político necesita permanentemente a su enemigo para existir, revela su fragilidad programática.

La memoria es indispensable para no repetir la historia. Pero un país no se gobierna solo con memoria. Se gobierna con ideas, con propuestas y con la capacidad de transformar el dolor en futuro. Cuando el discurso se queda anclado en la denuncia y renuncia a la construcción, deja de ser liderazgo y se convierte en eco. Un discurso vacío que Cepeda necesita leer siempre, cuidadosamente preparado, y que inevitablemente lleva el nombre de Uribe como eje, porque en esta época eso todavía genera votos. Cuando un líder necesita leer cada palabra, no es solo por rigor: es porque su discurso está pensado más para el expediente que para la ciudadanía.

Iván Cepeda no necesita declararse aliado de Nicolás Maduro para terminar jugando en el mismo tablero discursivo. Su silencio sistemático frente a la deriva autoritaria venezolana, combinado con una crítica obsesiva a las presiones externas y una lectura indulgente del colapso institucional, reproduce el libreto clásico del madurismo: desplazar la responsabilidad del poder hacia factores externos y diluir la noción de dictadura en explicaciones políticas convenientes. No es complicidad formal; es algo más eficaz: una convergencia ideológica que, por omisión, normaliza el autoritarismo mientras se disfraza de defensa de la paz y la soberanía.

Cepeda no ha sido miembro ni aliado de la guerrilla, y no existen pruebas judiciales que indiquen lo contrario. Sin embargo, su lectura del conflicto armado coincide en aspectos centrales con el pensamiento político que históricamente sostuvo la insurgencia: la explicación del conflicto como consecuencia casi exclusiva de la violencia estatal, la relativización de la responsabilidad guerrillera y el uso de un lenguaje heredado de la tradición revolucionaria latinoamericana. No es una cercanía orgánica, pero sí una convergencia ideológica que moldea su discurso público.

Este discurso vacío es también reflejo de una figura respaldada por la maquinaria y la chequera del Estado, con el beneplácito de quienes llegan en bus a las plazas y de los políticos de siempre, siempre listos para reorganizarse y mantenerse en el poder. Un país que con Petro no cambió, sino que fortaleció la corrupción y los mismos mecanismos estatales que se venían reproduciendo desde gobiernos anteriores. Basta observar quiénes hoy dirigen desde la Casa de Nariño. Benedetti es el botón de muestra.